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Ex consejero electoral es el nuevo responsable de la contraloría

Agujeros en la caja, demasiados organismos y poca eficacia

Los partidos deben también ser auditados y cumplir sus normas

Víctor M. Sámano Labastida

EL EX REPRESENTANTE de PRI ante el Consejo General del IFE y también ex consejero electoral, Virgilio Andrade Martínez, rindió protesta ante el presidente Enrique Peña Nieto como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, organismo que hasta 2003 fue conocido como Secretaría de la Contraloría. Aunque Felipe Calderón había anunciado su desaparición en 2009, iniciativa que retomó Peña Nieto para integrar una Comisión Nacional Anticorrupción, hasta el momento la contraloría sigue siendo una oficina dependiente del Ejecutivo.

Durante la ceremonia en la que asumió el nuevo funcionario, Peña Nieto aseguró que la corrupción es un “problema estructural” que debe atacarse con mejores procesos de control, fiscalización y auditoría de la administración pública, pero también con una nueva cultura ciudadana. En los casos concretos y que están a la vista de la opinión pública, el mandatario pidió a Virgilio Andrade investigar los casos de compra venta de los inmuebles de su esposa, Angélica Rivera -en Lomas de Chapultepec-; del propio Peña Nieto y de Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda -en Malinalco, estado de México.

Sin embargo, tanto la designación como las instrucciones han despertado suspicacias. No sólo en los partidos opuestos al gobierno sino también en las organizaciones civiles que han reclamado mayor trasparencia. Las credenciales de Virgilio Andrade no son precisamente un aval de autonomía y ética que reclama el cargo.

 

NO HAY DUDA de que la corrupción tiene alto costos económicos, sociales y ahora políticos. Los medios de prensa internacionales, a los que tanto apuesta su prestigio el gobierno mexicano, “descubrieron” uno de los flancos más débiles de la administración actual. Pero que no es de ahora.

Precisamente una de las ofertas de Peña Nieto y un tema de debate en las campañas del 2012 fue el combate a la corrupción mediante la creación de un nuevo organismo independiente. A principios de los años ochenta, hace más de 30 años, Miguel de la Madrid fundó su campaña en la “renovación moral”. Esto dio origen a las contralorías que poco a poco desviaron su objetivo central. La mayoría se convirtió en un sistema de protección del funcionario público y no del recurso público.

Contra la opinión de que la designación de Andrade Martínez es una maniobra para evitar una cruzada anticorrupción en serio, Manlio Fabio Beltrones afirmó que buscará que en este periodo se apruebe la Fiscalía Anticorrupción, en tanto que el PAN y el PRD reclaman no una fiscalía sino un sistema nacional. 

Nuevamente se vuelve a habla de un sinuoso y burocrático proceso para evitar la el manoseo y la fuga re recursos: una Secretaría de la Función Pública, una Fiscalía, u Sistema Nacional, una Auditoría Superior, infinidad de contralorías, un tribunal de cuentas, etcétera.

En diciembre pasado, un total de 33 aspirantes a encabezar la Fiscalía Nacional Contra la Corrupción comparecieron ante el Senado de la República. Entre los aspirantes al cargo no se encontraba el nuevo titular de la SPF, dependencia que estaba acéfala desde el 2012. 

En aquellas comparecencias, el exprocurador de justicia militar José Luis Chávez García sostuvo que la corrupción y la impunidad “ponen en peligro la gobernabilidad”. Vaya que tiene razón. Los hechos recientes lo confirman.

Escribió entonces la consultora Paola Zavala Saeb “Nombrar un Fiscal Anticorrupción a modo para seguir protegiendo los intereses de la clase política es corrupción y así está diseñado el proceso de selección”.

Y agregó: “Sin elección transparente ni autonomía para actuar es difícil pensar que el o la nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción desempeñará sus funciones con independencia, vigilando, fiscalizando y ejerciendo acción penal incluso contra los servidores públicos que le pusieron en el cargo. La Fiscalía está diseñada para ser un paliativo, una medicina que no cura, un “logro” más en el discurso presidencial”.

Pueden darse infinidad de vueltas al tema. Lo cierto es que combatir la corrupción, limitarla al máximo (y no en los mínimos, como se ha hecho), es ya una condición para la sobrevivencia del sistema.

 

PVEM Y DERECHOS MILITANTES

SEGÚN trascendió, el Partido Verde (PVEM) en Tabasco buscará formalizar la designación de María del Rosario Morales como secretaria general de ese instituto en Tabasco. Actualmente es encargada del despacho por la estratégica retirada de Federico Madrazo, quien inicialmente asumió como delegado nacional con funciones de secretario. Impugnado por la vía de los tribunales federales por carecer de la militancia exigida en los estatutos.

La historia es más o menos conocida. La intención también. No sería novedoso que en el PVEM, como sucede con varios de los partidos sobre todo los pequeños, los estatutos sean vistos como letra muerta. Sin embargo suele olvidarse que los derechos de os militantes son protegidos ya por la autoridad.

Vale decir que la protección de los derechos de los militantes de un partido son también un mecanismo de defensa del interés ciudadano. Recordemos que los partidos son entidades públicas que reciben recursos públicos y que deben someterse al escrutinio público. Otra forma de sanción, hasta ahora sólo ideal, es el voto.

 

Al margen

ADVIRTIERON las autoridades del municipio de Centro que va en serio la notificación, ejecución de infracciones y multas a quienes violen el Reglamente público de limpia.  Según el coordinador Leopoldo Fierro durante dos años hubo una campaña de concientización para el buen manejo de los desechos sólidos. Ahora un grupo de supervisores recorren las zonas más pobladas para detectar a quienes coloquen desechos en la vía pública fuera de los horarios establecidos. Habrá que recordar que el bando de policía también regula el ruido y la obstrucción en las vías públicas.

NUEVAMENTE el estado de Veracruz es foco de atención para las organizaciones de periodistas. Después del reciente secuestro y asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, la reportera Verónica Huerta Aburto denunció en Xalapa ante na fiscalía especializada haber sido objeto de amenazas anónimas de muerte.  También la foto reportera Patricia Morales, en el puerto de Veracruz, se quejó de acosos anónimos. Esa entidad es una de las más riesgosas para activistas y comunicadores, según denuncia de organizaciones civiles; para el gobernador Javier Duarte la inseguridad se resuelve “portándose bien” (15/XII/2014). ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )