Escala Crítica/Columna diaria
*Casi tres mil millones de pesos en sanciones durante diez años
*En un solo proceso PVEM debe más que lo pagado en una década
*Se multiplica por cinco la ordeña de gasolinas y por lo tanto el riesgo
Víctor M. Sámano Labastida
TAL PARECE que algunos dirigentes de partidos se comportan bajo el principio de que sale más barato pagar las multas que respetar la ley. Sobre todo cuando las sanciones se pagan con dinero ajeno, con recursos públicos. En los últimos 15 años hay una tendencia creciente a considerar que los beneficios de lo obtenido ilegalmente son mayores que los perjuicios. Como dicen los especialistas: hay incentivos para el delincuente.
Cada vez que termina un proceso electoral se hace un balance de todos los huecos legales que hay que tapar. En gran medida una contienda por los votos y la representación ciudadana no parece una justa democrática sino un torneo de mañas. Y como se acostumbra: hay sus excepciones.
Vienen entonces nuevas regulaciones muchas veces excesivas y absurdas. A los excesos se responde con excesos, pero partidos y candidatos siguen buscando la manera de eludir la ley.
CON DINERO AJENO
DE ACUERDO a información obtenida vía Transparencia en casi diez años los partidos políticos nacionales han tenido que pagar un total de 2 mil 809 millones de pesos por sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral (ahora INE). Es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que por 346 violaciones ha concentrado casi la mitad de las multas: casi un mil 235 millones en diez años.
Recordemos que antes este partido fue sancionado con la multa más alta en un solo proceso electoral. En el año 2000 fue condenado a cubrir un mil 500 millones de pesos por el llamado Pemexgate, el desvío de recursos provenientes de Pemex y del sindicato petrolero a la campaña de Francisco Labastida.
En estos últimos diez años el partido que menos multas ha tenido es Nueva Alianza (Panal), con 31 millones 592 mil pesos.
Los otros dos partidos con mayor representación en la Cámara y en la votación general hasta ahora, el PRD y el PAN, tuvieron que desembolsar en los diez años recientes por sanciones económicas 472 millones 550 mil pesos y 631 millones 201 mil pesos respectivamente.
Llama la atención el hecho de que el Partido Verde (PVEM), instituto que en últimas fechas está en el debate por el uso de recursos públicos, tuvo que pagar en los diez años transcurridos de junio de 2004 a enero de 2015 un total de 169 millones 929 mil pesos. Y le digo que llama la atención porque tan sólo en las últimas semanas lleva acumuladas sanciones por más de 180 millones de pesos una cifra superior a lo que tuvo en una década.
Decía líneas arriba que las dirigencias de los partidos habían tenido que desembolsar cantidades millonarias, pero en realidad esto no es exacto porque el dinero con el que pagan no proviene de sus bolsas sino de la caja pública.
¿Puede un partido político perder el registro si reincide en la violación de las leyes? Formalmente sí, aunque no resulta fácil que los propios partidos se autodestruyan. Permanecen una serie de complicidades entre bloques incluso reflejadas en cuotas a nivel del consejo electoral. No lo dice el columnista, es un juicio reiterado entre los propios afectados.
NADA PASA, TODO QUEDA
SEGÚN Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE y director de Integralia Consultores, un partido como el PVEM no corre el riesgo de perder el registro porque las multas corresponden a acciones ya pasadas. Pero también destacó que incluso es posible que en este proceso electoral el partido de los tucanes termine siendo la tercera fuerza política nacional.
Apuntó Ugalde que la multa de 180 millones al PVEM es relativamente poca si se compara con lo que recibirá pasadas las elecciones de junio (a menos de que ocurra algo inusual): “la verdad –dijo a Radio Fórmula- que es un buen negocio porque podrá recibir prerrogativas muy superiores a la multa”.
Esto sucede prácticamente con todos los partidos. Hay entre los estrategas de campaña una recomendación más cínica que cívica: mejor pagar las multas si eso les garantiza obtener más votos…que a su vez dan más dinero. Recordemos que el voto no sólo cuesta dinero público sino cada sufragio le reditúa en recursos y poder para los partidos.
Como parte del debate por la conducta del PVEM –cuyos dirigentes aseguran que es sólo una “mala interpretación” o “mala intención”-, un grupo de ciudadanos entre los que se cuentan Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lydia Cacho, Edgardo Buscaglia y Juan Pardinas, logró reunir más de 30 mil firmas pare pedir al INE y al Tribunal Electoral dejar atrás la “tibieza” y retirar el registro al PVEM. Consideran “ineficaces” las diez multas impuestas recientemente a ese instituto político.
Argumentan que “la única sanción viable de las violaciones cometidas a la ley por el Partido Verde Ecologista de México, es que se le cancele el registro como partido político nacional”. No parece que esto vaya a suceder y la cancelación del registro de un partido sólo procedería si obtuviera menos del tres por ciento de los votos nacionales.
En las circunstancias actuales son otros partidos los que aparecen en la lista del riesgo por su registro. Menos por violar la ley y más por incapacidad electoral.
AL MARGEN
HASTA la fecha son 18 personas las que han muerto como resultado del incendio de combustible el pasado 26 de marzo en la carretera de Cárdenas-Coatzacoalcos.
Varias son las evidencias, como en varias regiones donde opera Petróleos Mexicanos, que uno de los mayores riesgos es ocasionado por el robo de combustible. Este robo sucede en la ordeña de las tuberías de Pemex, pero también en los carro-tanque.
El trágico accidente en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos ocurrió por la volcadura de una pipa. Aunque son más frecuentes los accidentes por la ordeña de instalaciones.
Un reciente reporte indica que el robo de combustible se ha incrementado de forma preocupante. En el 2010 las autoridades reportaron en el país 428 tomas clandestinas, pero en el 2013 el número de sitios de ordeña de combustibles había crecido ya a dos mil 133. Casi cinco veces más.
Los estados con mayores registros de tomas clandestinas el año pasado son Tamaulipas, Guanajuato y Puebla. En el caso de Puebla el tráfico ilegal de gasolinas ha llegado a afectar el abasto en sus estaciones de servicio.
Reportes periodísticos indican que a pesar de que en 2010 murieron 29 personas en Texmelucan, Puebla, por las tomas clandestinas, este robo continúa.
El caso más trágico este año ha sido el de Tabasco. Lamentablemente, si no se toman medidas oportunas y eficaces, no será el único drama que se viva en el corto tiempo. (vmsamanoyahoo.com.mx)
