Escala Crítica/Columna diaria
*Colocar a familiares o amigas violenta derechos; urge aplicar estatutos
*La equidad, la igualdad de oportunidades, no sólo a los y las líderes
*México, últimos lugares en vigencia del Estado de Derecho: CIDE
Víctor M. Sámano Labastida
CAMPAÑAS suspendidas, partidos y candidatos que cumplieron con los requisitos legales castigados, autoridades confundidas. Frente a la resolución del Tribunal electoral, algunos partidos preparaban ayer respuestas improvisadas e interesadas: simular la paridad de género recurriendo a lo que popularmente se conoce como “Las Juanitas”, que no son sino otra expresión de un machismo arraigado: colocar a la esposa, la hermana, la mamá, como candidata sustituta tal si fueran los cargos un asunto de herencia familiar.
Como se sabe, PRI, PRD y Morena tienen que seleccionar por lo menos a siete mujeres para cumplir la cuota paritaria de género en las postulaciones para las alcaldía tabasqueña. El riesgo, le comento, es que se haga sólo una simulación de equidad.
El dirigente del PRI estatal, Erubiel Alonso habló ayer de que serían las candidaturas en los municipios de Jonuta, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Jalapa, Centla, Cunduacán y Paraíso, donde se preveían los cambios.
Hizo un comentario que sin duda provocará polémica al decir que no habría problema si fueran las esposas de los candidatos desplazados quienes los suplan, porque “están apoyando en todo momento a sus esposos” y porque “el lado sensible del hogar es la esposa y la que tiene la virtud de hacer campañas”.
Abraham Ortega, delegado de la dirigencia nacional del PRD, no descartó que fuera algún familiar o recomendado de los candidatos que sean desplazados quienes entren al relevo. Su argumento: “si ellos ya realizaron un gasto, si le invirtieron a su campaña, no les podemos decir muchas gracias (…). Lo menos que podemos hacer es escucharlos y darle prioridad a quienes ellos consideren que debe entrar”.
Aunque se habló de que moverían a sus candidatos en Nacajuca, Macuspana, Balancán, Emiliano Zapata, Teapa, Centla y Cunduacán, el perredista dijo que no había nada oficial.
Lo mismo sucedió en Morena, donde se mencionaron posibles relevistas en Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Ahí también, uno de los criterios que se puso a discusión era la posibilidad de que fueran los propios candidatos iniciales quienes escogieran las mujeres que ocuparían su lugar.
Hay una equidad simulada cuando las sustituciones no se realizan en términos transparentes y democráticos. Así ya sucedió en Querétaro, Guadalajara, Quintana Roo y otras entidades donde los salientes simplemente colocan a sus esposas, hermanas o mujeres con quienes tienen intereses afines no especificados políticamente.
Como si las candidaturas fueran una herencia familiar o patrimonio propio. Pero también como una forma de engañar a la exigencia de la equidad de género.
Se supone que los partidos deben garantizar que todas las mujeres que militan en esos institutos tengan las mismas oportunidades de participar en sus organizaciones y de ser candidatas.
Pero la equidad no se debe limitar a la política. La equidad tiene que ser una forma de vida y organización permanente. Se ha insistido en que las mujeres en México, como sucede en la mayor parte del planeta, tienen que realizar una doble jornada.
CIEGA, SORDA Y MUDA
LA JUSTICIA es lejana e incompresible para la mayoría de los mexicanos, reconoce un reciente informe. Un reporte del INEGI estableció que en el 2011, no denunció los delitos sufridos el 91.6 por ciento de las víctimas; dos años después, en el 2013, el 93.8 % de los delitos comunes quedaron impunes porque no hubo denuncia o no se inició ninguna averiguación previa. La injusticia es un problema estructural, porque en nuestro país la desigualdad es cada vez mayor. Supera a varios países de América Latina.
En 2007 la diferencia entre los ingresos entre el 10% de la población más pobre con respecto al decil más rico era de 26.8 veces; en el 2010 en lugar de disminuir la brecha aumentó a 28.5 (OCDE, 2014). Creció la pobreza y el número de pobres. Qué mayor injusticia puede haber que la desigualdad.
Las estadísticas reflejan lo que vemos o padecemos todos los días. México es uno de los países con una enorme desigualdad. Registraba un ingreso familiar promedio de cuatro mil 500 dólares en 2010 frente a los 20 mil 400 en promedio en los 34 países miembros de la OCDE analizados.
No resulta casual que en el más reciente Informe de Justicia Cotidiana que realizó el CIDE y que fue entregado al presidente Enrique Peña Nieto se concluya que la mayoría de los mexicanos no confíen en la aplicación de la ley y mucho menos en la posibilidad de justicia. Los proceso son largos, costosos, poco flexibles y en la mayoría inútiles para resolver los problemas de la población.
El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizó consultas con 425 expertos en 15 foros, recopiló 485 testimonios y 600 propuestas. Participó también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se generaron 20 recomendaciones generales para mejorar el acceso “a la justicia cotidiana”.
El informe distingue seis grandes rubros: La falta de información que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia; la mala calidad de abogados, defensores, jueces o ministerios públicos; resistencia de las instituciones pare renovar procesos; la mala calidad de las leyes; falta de capacidad en los sistema de justicia para resolver conflictos; y el diseño de procedimientos complicados que no privilegian las necesidades de la ciudadanía.
En suma, los mexicanos en lo general ignoran a dónde acudir para resolver un conflicto. Hablamos de problemas tan simples como diferencias entre vecinos, hasta los pagos injustos que reciben los trabajadores o la prisión de personas inocentes, así como la libre circulación de delincuentes.
De acuerdo al Informe Justicia, entre 99 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del estado de derecho: las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto e ineficiente. Un círculo vicioso: no se castiga porque nos e denuncia y no se denuncia porque no se castiga. La desconfianza como disolvente de las relaciones. Un tema sobre el que es necesario regresar.
AL MARGEN
LOS CONFLICTOS internos en el Partido Verde en Tabasco fueron ampliamente expuestos ayer en el programa Tele-Reportaje donde Patricio Bosch Hernández anunció su próxima renuncia a ese instituto político, aunque dijo aún no haber decidido si dejará su cargo en el Congreso o se declarará legislador independiente. “Mi ciclo en el PVEM ha terminado”, dijo Bosch Hernández, llegado como único diputado pevemista. Ahora dos diputadas, Verónica Rojas –que renunció al PRD- y Esther Alicia Dagdug –que renunció al PRI- buscan integrar la fracción verde.
