Escala Crítica/Columna diaria
*Volvemos al paraíso de la impunidad: 99 de cien delitos sin castigo
*Recuperar la confianza para que las víctimas presenten querellas
*Reordenar la casa y recuperar la plaza, reto de gobierno y población
Víctor M. Sámano Labastida
UN DELITO que no se denuncia por lógica que no es castigado, pero ¿se sanciona un ilícito que llega a conocimiento de las autoridades? Ahora que se ha declarado prioritario el combate a la inseguridad en Tabasco cabría plantearse un elemento clave para atajar la impunidad: la denuncia. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad llegó a calcular que 99 por ciento de los delitos quedan impunes. De acuerdo a otro estudio (INEGI, 214), el 92 por ciento de las víctimas no presenta querella.
La confianza es lo que da autoridad y es lo que permite la fortaleza de las instituciones. Su deterioro debilita la acción del Estado y la cohesión de las comunidades. Es por eso que quien pretende hacerse del poder comienza mermar sus apoyos. El repliegue del Estado y sus instrumentos no conviene a la mayoría, de la misma manera que no conviene el abandono de los objetivos fundadores: justicia y desarrollo.
Recordemos que el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía (INE, 2014) informe ratificó lo que resulta evidente: una mayoría en México desconfía de sus vecinos y de las autoridades.
Siete de cada diez consultados sostiene que no se puede confiar en las personas. De cada cien, unos 75 declaran no conocer a alguien que le pueda ayudar a defenderse ante una injusticia. Aún más según el reporte oficial: 66 de cada cien consideran que las leyes se respetan ‘‘poco o nada’’. El resultado: una desconfianza generalizada.
En ese caldo no resulta sorpresivo que fermente la delincuencia y que engorden los llamados “poderes fácticos”.
DESCONFIANZA MUTUA
ES ORIENTADOR tener en cuenta el Informe País y los reportes del INEGI ahora que se busca construir un andamiaje para el combate a la inseguridad en Tabasco. Una visión integral, sin olvidar por supuesto la indispensable acción policiaca, permitirá tener resultados a mediano y largo plazo. No sólo acciones coyunturales.
Según el Informe País, de que ya hemos referido varios aspectos, señala que ‘‘los mexicanos no se sienten representados, no tienen confianza en los actores clave de la democracia, ni en las instituciones más cercanas y visibles del Estado. Sólo 19 por ciento confía mucho o algo en los partidos políticos y 17 por ciento en los diputados’’.
No se descubre el hilo negro ni el agua tibia al decir que hay una constante en la ineficacia operativa de las instituciones judiciales y de seguridad. El citado informe anotó que el 40 por ciento de los mexicanos no cree que la policía haga de su comunidad un lugar más seguro; sólo 3.3 confía ‘‘mucho’’ en los jueces y 4.4 en la policía. En ese documento apuntan que “más de 60 por ciento de los delitos no se denuncian”.
Pero ese “más de 60 por ciento” se convierte en un 90 por ciento en los registros del INEGI (abril 2014). Lo que indica que hay un grave déficit en los elementos para investigar y sancionar efectivamente los delitos. Reiteramos: sin denuncia no hay sanción.
Cuando Eduardo Sojo, presidente del INEGI, se reunió con los diputados federales explicó que el 87 por ciento de los delitos ocurridos en el 2012 no fueron denunciados. De los que sí fueron reportados, hubo otro segmento que no promovió investigación alguna. Esto eleva a 92.1 por ciento la cifra negra de delitos sin castigo. Son cálculos que pueden colocar en casi total impunidad.
Dijo Sojo en aquel encuentro con legisladores: “En el instituto (INEGI) consideramos que la información de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia y del gobierno es tan relevante como la información demográfica y económica, o de geografía y medio ambiente”.
Apenas en marzo de este año el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en México prevalece “la incredulidad y la desconfianza”.
Esa desconfianza tiene un efecto nocivo en el combate a los delitos. Su incremento hace que algunos sectores de la población decidan –con grave riesgo para la propia comunidad- tomar venganza por su propia mano, dejando de lado la aplicación de la ley.
Retomo lo dicho por Adrián Franco, también funcionario del INEGI: el 63.2% de las personas que no denuncian los delitos lo atribuyen a deficiencias en la autoridad, pérdida de tiempo y desconfianza en las responsables ministeriales.
Explicó: “Del total de las denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público se refiere que en el 61.8% de los casos no pasó nada o no se resolvió”. Esta reporte correspondía al 2012. ¿Ha cambiado la situación?
En la encuesta de victimización del 2014 (ENVIPE/INEGI) se destaca que el año precedente, de 33 millones de delitos algo así como 31 millones NO fueron investigados y las víctimas quedaron sin justicia.
Se repite el patrón: la mayoría de la gente afectada no denuncia (60%) debido que –argumentan- hay mal servicio de las autoridades, los trámites son engorrosos, mucha burocracia, hay miedo a ser extorsionados. Otro tanto de quienes se abstienen de acudir a las autoridades sostiene el temor a los propios delincuentes o porque no tiene pruebas.
UN GRAVE REZAGO
QUIEN ha acudido ante las autoridades puede observar que es válido el dicho “corre más el ladrón que la autoridad”. Basta observar el rezago en los recursos: expedientes apilados, computadoras obsoletas, lentitud en la atención por dejadez o falta de personal.
De acuerdo al Índice Global de Impunidad (2015), México ocupa el lugar 58 de 59 entre los países pero evaluados en materia de aplicación de la ley. Está junto a Filipinas, Turquía, Colombia y Rusia. Las mejores calificaciones son para las naciones europeas.
El Índice realizado conjuntamente por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP) destaca que en México hay 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 17. También habría que decir en el caso de Tabasco hay un déficit de policías, y más aún policías capacitados.
Vuelvo al funcionario del INEGI Franco Barrios quien advirtió que el incremento del delito provoca que “la sociedad en general se está refugiando y cuidando más (…) es lo que los expertos llaman ruptura del tejido social”.
Pero tampoco hay que ignorar la advertencia de Guillermo treo, catedrático de la Universidad de Notre Dame al presentar el Índice de la Paz Global a principios de este mes: “Yo diría que hay que recomponer el tejido social pero hay que fundamentalmente recomponer fundamentalmente el tejido estatal, si no recomponemos el tejido estatal, no vamos a ningún lado”.
En efecto, cargar el peso al deterioro del tejido social puede hacernos ignorar la responsabilidad del Estado y los gobiernos. Hay que empezar por poner orden en casa. (
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