Escala Crítica/Columna diaria
*Poca defensa de la Suprema Corte; vulnerabilidad del país
*Un debate que va para lago, lo mismo que sus efectos sociales
*Seguridad pública y justicia: objetivo, la delincuencia común
Víctor M. Sámano Labastida
EN SERIO, muy en serio debe tomar el gobierno de Tabasco y los tabasqueños el inicio de la licitación de los yacimientos petroleros para la explotación privada. Entre los campos subastados ayer se cuentan amplias regiones de esta entidad y de Veracruz. Aunque llegó hasta la Suprema Corte el debate sobre si la concesión afecta o no a la soberanía del país, la mayoría de los magistrados se salieron por la tangente como en muchos otros temas. Prefirieron la interpretación formal y no el análisis de fondo.
Se recuerda, por ejemplo, cuando nueve ministros votaron en contra de la realización de una consulta popular en materia energética solicitada por el PRD y Morena, con el aval de unas cinco millones de firmas.
En octubre de 2014, sólo el ministro José Ramón Cossío votó a favor de la consulta. Mientras el pleno de la Corte apoyó los proyectos negativos elaborados por Olga Sánchez y Margarita Luna que argumentaron que no podía someterse a plebiscito popular ningún asunto relacionado con los ingresos y gastos del Estado mexicano (o sea, todo), Cossío que el concepto presupuestal no debería estar por encima de los derechos políticos y humanos fundamentales.
Entonces Sánchez Cordero argumentó que Morena y PRD no acudió a otros mecanismos de control constitucional “que pudieron haber sido ejercidos”. Nada pues que esclareciera el derecho popular.
TAMBIÉN LOS “BATEARON”
ALGO similar había sucedido cuando en abril de 2011 los presidentes municipales de Tenosique, Paraíso, Jalapa y Jonuta, había acudido a la Suprema Corte para impugnar los “contratos incentivados” que permitían a Pemex concesionar la explotación de crudo en la áreas tabasqueñas de Magallanes, Carrizo y Santuario.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia logró desechar el reclamo de los municipios tabasqueños argumentando que no habían demostrado “interés jurídico”.
Los cuatro ayuntamientos, gobernados entonces por el PRD , presentaron su demanda en contra de Pemex y del Presidente de la República (Felipe Calderón) alegando que el otorgamiento de contratos a las empresas privadas era inconstitucional porque disminuiría la renta petrolera que obtiene el gobierno federal. Esto, decían y con razón, reducirá los recursos que la federación destina a los municipios.
Los contratos impugnados tienen una duración de 25 años. En su momento Rogelio Gasca Neri, consejero profesional de Pemex, había votado en contra de esas licitaciones dentro del consejo de la empresa. Era un adelanto de lo que vendría, y con mayores repercusiones, en la Reforma Energética que ahora aplica las rondas de licitación.
RECORTES ADELANTADOS
RESPECTO a la disminución de ingreso para la Hacienda tabasqueña, los reclamantes no estaban errados porque ya en la reforma fiscal del 2007 y aplicada en el 2008 se pudo constatar una tendencia a la disminución de los recursos entregados a Tabasco provenientes de la explotación petrolera.
El monto anual que dejó de recibir Tabasco cuando modificaron el criterio de asignación de recursos –eliminaron la valoración de los volúmenes de extracción y procedieron a calcular ese reparto en función del número de habitantes por estado-, no ha sido estimado en términos reales. Se habla de cantidades de entre 6 mil y 9 mil millones de pesos anuales, aunque cálculos conservadores lo ubican en un promedio de cinco mil millones. Esto significaría que por el cambio de fórmula, Tabasco dejó de recibir 35 mil millones de pesos en siete años. Una barbaridad.
Ayer sin duda fue un día histórico para el país y para Tabasco. Quienes defienden la posición oficial argumentan que para bien, porque sostienen que con la apertura de los contratos para que las empresas privadas exploten directamente el petróleo comienza la modernización del sector. Y anuncian beneficios extraordinarios para el país. Los empresarios tabasqueños, aún sin fundamentos reales, calculan que obtendrán oportunidades inusuales.
Pero los opositores, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador sostienen que con la oferta de yacimientos petroleros inicia la privatización del mayor recurso mexicano. Una ruta que consideran llevará a la catástrofe.
Esta actividad estuvo durante casi ochenta años reservada al Estado mexicano. Para Tabasco, el inicio del proceso de apertura al capital privado de una explotación que fue exclusiva de Pemex tendrá muchas repercusiones. Una de ellas es por supuesto que los daños y los beneficios ya no serán negociados sólo con el gobierno federal. Habrá también un cambio en la cantidad de recursos que el estado obtenga por la llamada derrama petrolera.
A esto hay que sumarle que la extracción de crudo en los yacimientos tabasqueños pasó de un millón de barriles diarios, volumen logrado a mediados de los ochenta, a menos de 500 mil en este siglo.
La nueva relación de Tabasco con la industria petrolera obligará a los gobiernos a tener proyectos y acciones para evitar que los daños sean mayores que los beneficios. Comenzó la licitación y con ello se pone a prueba la capacidad para defender el interés de la mayoría.
LA MURALLA CHOCA
LAS AUTORIDADES de Seguridad Pública anunciaron un plan para colocar un cerco policiaco y de vigilancia alrededor de la ciudad de Villahermosa. Se trata, dijo el nuevo secretario Sergio Martínez de limitar el espacio de actuación de los delincuentes.
De acuerdo a lo informado por el militar a cargo de las acciones policiacas, la colocación de retenes y puestos de vigilancia en las afueras de la capital tabasqueña tendrá la cooperación del ejército mexicano. Y también de la policía federal.
El plan de la nueva jefatura de las fuerzas de seguridad es atender de manera prioritaria aquellas zonas donde actúa y donde se refugia la delincuencia.
Las autoridades han insistido en que se requiere la colaboración ciudadana para prevenir los delitos. También una mejor coordinación entre los diversos cuerpos policiacos, e inclusive entre diversas áreas del gobierno. En especial de la Fiscalía.
Es común que la población se queje de falta de respuesta o lentitud en la reacción de los encargados de investigar y perseguir el delito.
Una buena relación entre la autoridad y la población es determinante para evitar el delito y para castigar a los delincuentes. Para esto hay que romper la complicidad entre algunas autoridades y la propia delincuencia, también entre un segmento de la población y la delincuencia. (
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
)
