Escala Crítica/Columna diaria
*Relevos de Peña y los ciclos de Núñez; el informe como referencia
*El guatemalteco Pérez Molina a tribunales; Baldetti, encarcelada
*Dos panistas rinden protesta como diputados y renuncian a su partido
Víctor M. Sámano Labastida
ANUNCIADOS los cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto, donde fueron removidos diez de sus colaboradores, de inmediato comenzaron las especulaciones sobre posibles y hasta necesarios ajustes en los equipos de los gobernadores en los estados. Es el caso de Tabasco, con Arturo Núñez, de quien se afirma hará algunos movimientos de medio sexenio. No sólo porque se agotó la primera etapa del arranque, sino porque a estas alturas el mandatario tiene claro qué áreas funcionaron y en cuáles se debe exigir más.
Un factor importante es que con el llamado “presupuesto base cero”, las diversas oficinas tendrán que romper la inercia con la que han venido laborando; otro elemento importante es que si bien Núñez dividió su sexenio en tres etapas de dos años cada una, en 2016 entra en la segunda mitad de su gobierno.
Quienes dan por hecho que habrá cambios –más allá de los coyunturales como la renuncia de Manuel Ordóñez o algún otro sucedido por cuestiones de salud-, sólo se interrogan si estos relevos serán antes del tercer informe de gobierno previsto para noviembre, o si serán posteriores. La experiencia previa indica que Núñez acostumbra a cerrar ciclos con el fin de año.
Así lo hizo al inicio del 2014, cuando nombró a nuevos titulares en Administración, Contraloría, Salud y Técnica; también el primer día del 2015 asumieron funciones los nuevos secretarios de Finanzas, Administración y Técnica. Es cierto que en julio de este año hubo dos relevos, en Educación y en Seguridad Pública, pero estuvieron más bien relacionados con circunstancias del momento.
Por lo general en el anuncio de cambio de funcionarios se toman en cuenta factores como las expectativas del propio informe o la necesidad de hacer un anuncio espectacular –como acaba de suceder con Peña Nieto-; también, aunque muy pocas veces, pesa el elemento de una estricta evaluación del desempeño.
Si bien es cierto que Núñez procura ser muy cuidadoso en el trato con sus colaboradores y espera que sean ellos mismos los que se autoevalúen, miembros den círculo cercano al mandatario estiman que a más tardar a fin de año habrá ajustes.
POBREZA Y TRANSA
UN PRESIDENTE en funciones es actualmente enjuiciado por corrupción. Esto sucede en un país vecino de México, en la frontera sur . Se trata de Otto Pérez Molina sobre quien pesa la denuncia de haber participado en una red de defraudación junto a su vicepresidente Roxana Baldeti, quien ya está encarcelada, y unas 30 personas más. Miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir la renuncia y prisión para este general retirado.
Por si fuera poco, Pérez Molina, y uno de los 14 candidatos a reemplazarlo en las elecciones del 6 de septiembre, Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, fueron denunciados por un jurista independiente por lavado de dinero, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Este último pertenece al PAN (Partido de Avanzada Nacional).
Guatemala es un país que vivió varias décadas de dictaduras y una guerra interna de más de 30 años. Restablecida la democracia, este pequeña nación de poco más de 16 millones de habitantes, figura entre los más pobres de Latinoamérica.
Es un ejemplo de las dificultades para reconstruir sus instituciones de la democracia y para que estas funcionen a favor del pueblo. El proceso que se sigue actualmente contra Pérez Molina es ya tomado como un ejemplo latinoamericano. Una comisión especial determinó que parte del dinero obtenido de manera ilegal en las aduanas fue a parar a la campaña del actual presidente.
Pérez Molina llegó a la presidencia de Guatemala en enero de 2012 con la promesa de aplicar mano dura contra la criminalidad. Ahora está en el banquillo de los acusados.
En América Latina, por lo menos ocho presidentes o ex presidentes han sido juzgados o investigados por corrupción. Los casos más conocidos son los Alejandro Toledo, Alan García y Alberto Fujimori de Perú. Este últimos fue condenado en ausencia a siete años y seis meses de prisión; no pudo ser detenido porque huyó a Japón.
En Guatemala otro ex presidente, Alfonso Portillo, no sólo fue capturado sino extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero 70 millones de dólares. Ya está libre.
Otro expresidente “de facto”, Efraín Ríos Montt, quien encabezó la dictadura entre 1982 y 1983, fue juzgado por genocidio y condenado a 80 años de prisión, pero el veredicto fue anulado por la Corte. Será juzgado nuevamente.
En la región centroamericana, la corrupción ha llevado a los tribunales a la ex presidente de Panamá, Mireya Moscoso, y al ex mandatario de El Salvador, Francisco Flores, éste por un fraude de 10 millones de dólares.
También el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 12 años, por los mismos casos de peculado y defraudación.
Por lo general, las leyes se hacen de tal forma que un gobernante en funciones no sea juzgado. El caso de Guatemala resultará interesante en el combate a la corrupción y en la capacidad de los jueces para darle solidez a las instituciones.
EL SÍNDROME “BRONCO”
NO DEJÓ de ser sorpresivo lo sucedido en Nuevo León. Apenas rindieron protesta como diputados, Karina Barrón y Marco Antonio Martínez se declararon legisladores independientes aunque llegaron al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional y ganaron sus distritos por mayoría. De esta manera, el PAN que tendría 19 posiciones se queda sólo con 17 y el PRI contará con 16.
La decisión de los ahora ex panistas le da una nueva conformación al Congreso de un estado que tendrá al primer gobernador formalmente independiente, sin partido. Jaime Rodríguez “El Bronco” ganó las elecciones después de haber renunciado al PRI y si afiliación alguna.
En la legislatura neoleonesa estarán tres legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), simpatizantes de “El Bronco”; dos diputados del Verde, tradicionalmente aliados al PRI; los dos independientes referidos y uno de Nueva Alianza.
Seguramente se retomará la polémica sobre a quién representan los diputados. Si al partido que los cobija con sus siglas o a los ciudadanos que votaron por ellos. Puede adelantarse que un fenómeno similar al sucedido en Monterrey ocurrirá en otros congresos y particularmente en la cámara federal. (
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