*El Informe Ayotzinapa abre la posibilidad de revisar al gobierno
*Estados de Tamaulipas y Jalisco, con mayor número de “ausentes”
*Arranca Morena ante la eventualidad de una elección extraordinaria
Víctor M. Sámano Labastida
PUEDE parecer excesivo pero varios observadores de los asuntos públicos coinciden en señalar que para el gobierno mexicano existirá un antes y un después del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa, Guerrero. Se abrió una enorme puerta para airear el sistema de impunidad que prevalece en México. Por voluntad o por necesidad deberá atenderse el desmantelado y frágil esquema institucional en nuestro país.
Rodrigo Elizarrarás, de México Evalúa, se refirió a la “debilidad institucional” en evidencia tras los dramáticos sucesos de Iguala, donde fueron secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes.
Después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera especialistas como Alejandro Hope y Ernesto López Portillo, mencionaron que estábamos pasando por una “extrema debilidad institucional”.
Mucho más antes, en otras palabras, se advertía el riesgo de un Estado incapaz de garantizar la gobernabilidad -con lo que implica de seguridad para las personas- no sólo por falta de voluntad, sino por la renuncia o la pérdida de los instrumentos legales y legítimos para actuar.
Para no remontarnos a los estudios de Daniel Cossío Villegas y Pablo González Casanova, le menciono que en 2009 el historiador y articulista Lorenzo Meyer refiere unas conclusiones del investigador estadounidense Samuel Huttington para quien “la decadencia de un sistema político (se explica) como resultado de la debilidad institucional -producto de la corrupción- frente al aumento en la movilización social y en el número de actores significativos y sus demandas. En estas condiciones, las fuerzas disruptivas -de nuevo, los monopolios o el narcotráfico, por ejemplo- terminan por imponerse y el resultado final es el envilecimiento e ineficacia de la vida pública”. (Reforma, Agenda Ciudadana)
DE LO QUE SE TRATA
SI USTED ha tenido la paciencia de seguirme hasta este punto podría preguntarse ¿y esto qué? Bueno, resulta que el informe del GIEI sobre Ayotzinapa puede y debe marcar una línea divisoria entre el México impune (ese que se padece todos los días) y el inicio de la revisión a fondo de la procuración de justicia. Me explico: en evidencia la debilidad institucional -por incapacidad o complicidad-, ahora se sabe que nuestro país no puede seguir siendo una isla.
Abusos, violación de derechos humanos, delincuentes de cuello sucio y de cuello blanco que se imponen al Estado (o lo utilizan), tuvieron su expresión más brutal en el caso de los 43 desaparecidos en Iguala. Lamentablemente la cuestión va mucho más allá.
En un foro organizado por el Senado mexicano el pasado uno de septiembre activistas de Brasil, Argentina y Perú se refirieron no sólo a los secuestrados-desaparecidos en Guerrero, sino a los más de 25 mil desaparecidos en México que reconoce la Secretaría de Gobernación ocurridos ente 2007 y 2014.
Uno de los invitados a aquel foro, Gastón Chillier, de Argentina, advirtió que la falta de castigo a los responsables ante sucesos en México como el de Tlatelolco en 1968 hace que aumente el riesgo contra la población. David Lavatón, de la Fundación para el Debido Proceso, reflexionó: “Como sociedad debemos preguntarnos qué nos pasa para permitir atrocidades como la de Ayotzinapa”. También habrá que preguntarse por qué el Estado mexicano es rebasado por estos acontecimientos. Recordemos que la primera función del Estado es garantizar la seguridad y mantener el monopolio de la fuerza legal y legítima.
UN PAÍS DE INVISIBLES
SEGÚN informe de la Segob, hasta el 31 de diciembre de 2014 había en el país 25 mil 230 personas desaparecidas o no localizadas. Esa cifra corresponde apenas a un tiempo de ocho años (2007-2014).
De acuerdo al reporte –luego de que los registros fueron depurados- hasta diciembre pasado en Tamaulipas se denunció la desaparición de 5 mil 392 (21% del total); Jalisco, 2 mil 184 ausentes no localizados; Nuevo León, mil 947; estado de México, un mil 945; Chihuahua, un mil 540 y Sinaloa un mil 536 víctimas. Por sólo citar las que se ubican en los primeros seis lugares.
El sur-sureste tenía el menor registro de desapariciones denunciadas. Veracruz con 502 –el más alto de la región-, seguido de Tabasco con 168; Chiapas, 85 ausentes, en Campeche 80 y en Yucatán 80.
Estas son las desapariciones forzadas o denunciadas. En muchos casos son la expresión de un país con millones de “invisibles”, aquellos que simplemente no tienen los derechos más elementales a salvo: a la vida y a la libertad.
México firmó tratados internacionales para respetar y hacer respetar los derechos humanos, que incluyen en primerísimo lugar el derecho de las víctimas. Ignorar esto tiene un enorme costo político, aparte de lo que significa cruzar la línea de lo que es ético y lo que no lo es.
LA VUELTA DE AMLO Y ORO
SE CONFIRMÓ que en caso de haber una elección extraordinaria en el municipio de Centro el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional sería nuevamente Octavio Romero y Andrés Manuel López Obrador en persona participaría en la campaña. Como le mencioné en una columna anterior, la gira del ex Jefe de Gobierno por varias colonias y comunidades de la capital tabasqueña se da en ese contexto y en el de la próxima elección interna de ese partido. Deberán elegir entre el 11 y el 17 de octubre a sus dirigentes estatales y entre el 20 y 21 de noviembre a sus dirigentes nacionales.
Un tema que se agregó a la agenda de López Obrador es la reciente decisión de la Sala Regional del Trife en Xalapa, Veracruz, para emitir un nuevo resolutivo sobre las elecciones en Comalcalco, donde obtuvo el triunfo Javier May Rodríguez.
López Obrador estuvo ayer en las colonias Indeco, Tierra Colorada, Espejo II y Tamulté de las Barrancas; hoy estará en Buenavista y Dos Montes, el martes en la Villa Luis Gil Pérez y dará “el grito” en la zona indígena de Tamulté de las Sabanas.
AL MARGEN
EN LA SUPREMA Corte no todos son iguales. Tenemos el caso del ministro José Ramón Cossío que votó a favor de la consulta popular en materia energética y que ha defendido el derecho de las minorías…casi siempre en minoría.
A propósito de los mexicanos “invisibles”, el ministro Cossío advirtió sobre otro fenómeno que comienza a afectar gravemente en el país: los desplazados por la violencia y la pobreza (dos caras de la injusticia). El mayor desplazamiento de indígenas ocurre en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. (
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