Escala Crítica/Columna diaria
*Hay más de 60 millones de pobres en uno de los países con mayor riqueza
*Cincuenta organizaciones lanzaron iniciativa de acciones inmediatas
*Otro grupo recoge firmas; seguir ejemplo de Guatemala contra corrupción
Víctor M. Sámano Labastida
MÉXICO petrolero y el pueblo sin dinero, fue la consigna de reclamo durante los años del auge en la explotación de los hidrocarburos. Ahora un grupo de 50 organizaciones y decenas de investigadores impulsan una “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza” que parte de la misma conclusión: México es un país rico pero la mayoría de su población vive en pobreza. Y apuntan: “Esto puede cambiar. Para vivir en paz y llegar a ser un país próspero esto debe cambiar”.
En su diagnóstico recogen una serie de datos aceptados incluso oficialmente:
“México está entre las 15 economías más grandes del mundo, pero ocupa el lugar 71 en el Índice de Desarrollo Humano a nivel global. En los últimos 20 años, hay 14.5 millones más de personas en pobreza y la proporción no se ha disminuido. En 1992 había 46 millones de personas en pobreza por ingresos y para 2012 se había incrementado a 60.6 millones”.
Agregan: “La proporción de población en pobreza permanece casi igual: Había 53.1% de población en pobreza en 1992 y hay 51.6% en 2012. La desigualdad tampoco se ha modificado sustancialmente, el coeficiente de Gini era de 0.53 en 1992 y de 0.50 en 2012”. Traducido esto último al lenguaje llano: México es uno de los países donde la brecha entre pobre y ricos es la más grande. Y sigue creciendo.
PRIMERAS ACCIONES
DESDE por lo menos hace medio siglo venimos escuchando de programas oficiales anti pobreza y millonarios recursos que muchas veces se quedan en una enorme e ineficaz burocracia. Lo más grave, a nivel nacional, las acciones excluyen al 65 por ciento de la población objetivo.
A decir de Edna Jaime, de México Evalúa y que forma parte del frente ciudadano, la batalla del siglo es contra la pobreza. Un reciente reporte gubernamental reconoce que en los últimos dos años aumentaron en 2 millones los pobres en el país. Sólo unos cuantos estados, entre ellos Tabasco, lograron un avance mínimo.
El problema de la pobreza y la desigualdad –señalan los integrantes de la Acción Ciudadana- no radica en los datos del diagnóstico. El problema es mantener acciones y programas que no dan en el blanco.
Para los promotores de una serie de acciones urgentes frente a la pobreza resulta evidente “que el factor determinante de la pobreza es el ingreso insuficiente y que la carencia principal es la seguridad social, incluyendo la falta de acceso efectivo a la salud. Y sin embargo las medidas contra estos problemas siguen sin ser una prioridad, se dispersan los programas e incluso cada año se generan nuevas ocurrencias”
Refieren tres datos de CONEVAL como muestra:
Uno.- “Los ingresos de quienes trabajan han perdido poder adquisitivo en relación con el valor de la canasta alimentaria. Esto significa que en México se generan empleos que producen más pobreza. Y al mismo tiempo se mantiene y se incrementa la dispersión de programas de generación de ingreso, de desarrollo productivo y de empleabilidad.
DOS.- “La generación de empleos de calidad con salarios adecuados que impacten la productividad laboral es un reto de la política económica. Y sin embargo, parece que se pretende enfrentar la pobreza sólo con políticas sociales”.
TRES.- “La principal carencia es la falta de acceso a la seguridad social, que afecta a más seis de cada diez personas. Y en contraste únicamente el 4% del presupuesto del gasto social se destina a programas de “seguridad social”.
Necesitamos una nueva mirada –advierten-, porque en el esquema actual la pobreza se hereda por generaciones.
QUÉ HACER Y CÓMO
EN SU PRIMER pronunciamiento realizado en mayo pasado, y cuyo seguimiento puede hacerse en el portal de internet (frentealapobreza.mx) que esta misma Acción Ciudadana abrió al público, realizó una convocatoria para actuar frente a la pobreza y la desigualdad.
Ahí invitan a las organizaciones sociales en el campo económico, empresariales, sindicales, gremiales, profesionales, cooperativas y de asesoría a participar en la deliberación pública para llevar a la práctica acciones concretas en algunos territorios por una economía incluyente y la vigencia de los derechos sociales.
A las universidades y centros académicos para que faciliten los espacios de análisis y deliberación para generar una agenda común de exigencias y estrategias.
A los medios de comunicación y a los líderes de opinión impulsar el debate público, con seriedad y profundidad, sobre la cuestión.
A las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a los legisladores, “escuchar las exigencias de la sociedad civil, a asumir la responsabilidad de la toma de decisiones con base en evidencia y a priorizar las medidas eficaces para lograr una economía incluyente y el ejercicio efectivo de los derechos sociales a nivel nacional y en los ámbitos estatales y municipales”.
Veremos quién toma en Tabasco la iniciativa.
RECOGEN FIRMAS
SÓLO era cuestión de tiempo para que en México se buscara seguir el ejemplo de Guatemala. En el país vecino se integró en el 2006 una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) que ha encabezado varios procesos penales. El más reciente es el que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, su encarcelamiento al igual que el de su vicepresidente Roxana Baldetti. Esta Comisión tiene el respaldo de la ONU y goza de una amplia autonomía.
Ahora un ciudadano, el consultor independiente en materia de seguridad, Arturo Arango Durán, lanzó una campaña en la plataforma mundial “Change Org” para recabar firmas en México que apoyen la solicitud ante la Cámara de Diputados para que se integre una Comisión Internacional Anticorrupción verdaderamente independiente. Hasta el fin de semana llevaba recabadas 5 mil firmas.
Arango Durán argumenta que lo realizado hasta ahora por las autoridades mexicanas no permite combatir la corrupción y la impunidad. Se pone de ejemplo el dictamen final de la Secretaría de la Función Pública a cargo de Virgilio Andrade que exoneró a todos los involucrados en una serie de escándalos inmobiliarios, incluido el tema de la Casa Blanca relacionada con el presidente Peña Nieto.
Habrá que recordar que en la plataforma Change Org se lograron reunir 140 mil firmas de quienes apoyaban el retiro del registro al Partido Verde. Aunque el Instituto Nacional Electoral decidió respaldar a ese partido, por lo menos la petición fue considerada.
Con el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa cobró fuerza la posibilidad de impulsar una comisión internacional para respaldar las investigaciones contra la impunidad en México. (
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