Escala Crítica/Columna diaria
* La globalización positiva: rendir cuentas y proteger derechos
* Informe CIDH: el móvil del quinto autobús; proteger lo indecible
* En el gobierno, no todos miran lo mismo en la tragedia social
Víctor M. Sámano Labastida
EN GUATEMALA fue necesaria una comisión investigadora internacional para llamar a cuentas a su Presidente. Ese proceso jurídico sigue su marcha, mientras en otros países se revisan asuntos económicos, sociales y de derechos humanos a través de cortes internacionales: Corea, Rusia, Grecia, Irlanda, España y Chile. Es la cara incómoda de la globalización para los gobiernos acostumbrados a la opacidad; una fortaleza para los estados nacionales. Bien visto este proceso puede ayudar al resurgimiento de los reclamos ciudadanos por un Estado verdaderamente social y no privatizado.
El viraje del caso Ayotzinapa fue posible por el factor añadido de la mirada internacional, dando cauce civilizador al desasosiego nacional. Bienvenida la globalización galopante, si uno de sus resultados es la rendición de cuentas gubernamental en casos vitales para la ética de una nación.
MIRANDO HACIA AFUERA
LOS GOBIERNOS nacionales, empujados por la mirada de otros –la mirada del mundo-, rinden cuentas en aspectos de convivencia social, bienestar económico y desarrollo cultural. Hay políticos y politólogos que cuestionan este fenómeno, pues lo juzgan violatorio de la soberanía nacional. Desde luego: hay injerencias inaceptables, a punta de tanques y bayonetas. Pero, ¿por qué criticar la intervención internacional que se ocupa jurídicamente de la defensa de derechos humanos fundamentales? Esto no gusta a los defensores del nacionalismo a ultranza, pero se trata de un rasgo positivo de la globalización, tan festejada y tan delicada en otros ámbitos.
El gobierno mexicano gestionó y facilitó la actividad del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo cargo al erario. También estableció plazos -3 y 6 meses- que se cumplieron y ampliaron para continuar las pesquisas. Ahora, el gobierno mexicano traza una ruta de colaboración entre la nueva titular de la PGR, Arely Gómez, y los expertos independientes, con una nueva fiscalía (o unidad especial, propuesta por los padres de familia) para reponer peritajes y otras pesquisas confusas que deben aclararse. Esto es saludable y ético.
Sin embargo, la sensación que queda en el aire es que dicha investigación colaborativa puede toparse con diferencias irreconciliables. Es un riesgo inevitable, en aras de recuperar verdades sobre Ayotzinapa. Pero las campanas al vuelo no deben sonar cuando la investigación judicial sigue su marcha. Esperemos avances antes de emitir juicios. Pero un hecho es innegable: el gobierno se ve forzado a reconocer sus debilidades y omisiones.
EL QUINTO AUTOBÚS
EN LA OBSCURIDAD suceden los horrores. Puede haber también sombras a plena luz del día, pero lo sucedido en Iguala hace un año fue una noche triste y de desgracia nacional. En el traslado de los jóvenes de Ayotzinapa hubo un quinto autobús que el informe CIDH identifica como posible móvil para explicar la inusual violencia desatada contra los estudiantes. El informe detalla que en otras ocasiones (entre 2007 y 2014) los estudiantes normalistas se apoderaron de autobuses y nada extraordinario sucedió. Ese quinto autobús, retenido por casualidad, pudiera ser un transporte de droga Guerrero-Chicago. Dinero sangriento. En informes de la DEA estadounidense Guerrero es la cuna de la heroína.
Además, el informe CIDH cuestiona un punto clave sobre el fuego del basurero de Cocula: “uno de los detenidos señaló en sus declaraciones que 6 horas después de iniciado el fuego bajó para rociar más combustible a la pira de cuerpos. Se hubiera quemado viva cualquier persona que rociara combustible a una pira como la descrita, de entre 800 y 1200 grados centígrados”. Esa imposibilidad físico-química apunta al drama de Ayotzinapa: una investigación judicial que habló de “verdad histórica” y a la par engulló ésta y otras declaraciones incongruentes de 111 detenidos. Los enigmas crecen oficialmente, en lugar de disminuir. Y tendrán que aclararse con las nuevas pesquisas.
La omisión oficial más significativa, que se desprende del Informe CIDH, es la inacción de corporaciones encargadas de guardar el orden a nivel municipal, estatal y nacional. El 27º batallón del ejército mexicano, asentado en Iguala Guerrero y a menos de 3 kilómetros de los hechos, no salió del cuartel la noche del viernes 26 de septiembre de 2014. Hay grabaciones de cómo distintas corporaciones federales, estatales municipales se informaban entre sí en tiempo real, pero no intentaron frenar las balaceras y evitar las desapariciones de los 43 normalistas.
El enigma de Ayotzinapa se prolonga a otras corporaciones oficiales, como el G4 que depende de la Secretaría de Gobernación. Y el grupo de expertos CIDH no obtuvo el visto bueno oficial para entrevistarse con las fuerzas armadas aposentadas en Iguala.
Sobre el documento de 560 páginas del grupo de expertos, que levante la mano el periodista que lo haya leído completo. Hay versión digital en el semanario Proceso. Pero resulta curioso que el mismo día de su difusión -y en cuatro días subsecuentes- varios periodistas cuestionaran el documento en forma parcial y global. El documento, con estructura de tesis universitaria (antecedentes, marco conceptual, problema, conclusiones, anexos) no se lee de un tirón. Se necesita tiempo para asimilar 560 páginas de un informe científico-jurídico. ¿Cómo leyó, pues, el periodista que criticó de forma tan rápida?, ¿Hay periodismo más oficial que el oficialismo, y que se delata en los detalles? Se insinúa así un aspecto preocupante: en el gobierno federal no todos piensan lo mismo ni quieren lo mismo en el caso Ayotzinapa.
AL MARGEN
FUE EL SECRETARIO de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien en la Octava Reunión Seguridad Zona Sureste realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien reconoció que en Tabasco y Veracruz se han obtenido resultados positivos en el combate al secuestro, aclaró el fiscal Fernando Valenzuela Pernas.
Refirió el funcionario que en el contexto de la evaluación de los resultados de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal Osorio Chong apunto que en lo que va de los primeros ocho meses del año la incidencia en el delito de secuestro se redujo en Tabasco hasta un 60 por ciento.
No se trata, en efecto, de tener actitudes triunfalistas, pero tampoco derrotistas.
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