Escala Crítica/Columna diaria
*En Oaxaca decidieron “respetar a los votantes”, no la ley electoral
*En Colima y Aguascalientes reprochan a gobernadores y a ganadores
*Arbitrariedad, caprichos y errores en designación de funcionarios
Víctor M. Sámano Labastida
DEMASIADO se tarda la decisión de los magistrados en torno a la anulación o ratificación de las elecciones en el municipio de Centro, Tabasco. Difícil aventurar el sentido de la resolución, porque los magistrados federales han tenido criterios diversos. Lo vimos cuando aplicaron de manera diferenciada la llamada “paridad de género”. La revisión de la validez de los resultados electorales del pasado 7 de junio no es la excepción.
Se llegó a tal punto que el líder fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que no hay justicia electoral; los resolutivos, asegura, corresponden a “los acuerdo de la mafia del poder”. Ejemplificó lo sucedido en Oaxaca y en Colima, donde se usaron dos criterios diversos.
A la espera de lo que sucederá en Centro, Tabasco, la interrogante es si los magistrados privilegiarán “el respeto al voto popular”, como argumentaron en el caso de Oaxaca, o podrán en la balanza lo que establece la ley “aunque no sea justo”, como dijeron en relación a Colima. Otras situaciones polémicas fueron las de la delegación Gustavo A. Madero (DF) y la diputación federal en Aguascalientes. En este último proceso, los magistrados consideraron que el gobernador Carlos Lozano “violó el principio de equidad”.
Una referencia importante es la de Oaxaca, donde a pesar de que en dos distritos las casillas no instaladas fueron más del 30 por ciento, según estimó el magistrado Constancio Carrasco –la ley prevé la anulación con un 20 por ciento de casillas con irregularidades-, se dijo que las autoridades tenían que preservar los sufragios emitidos en el 70 por ciento del resto de las casillas. En aquella entidad, la Sección 22 del sindicato de maestros (SNTE-Coordinadora) buscó boicotear las elecciones.
Para los magistrados federales, los “actos de vandalismo” afectaron el derecho de la ciudadanía para ejercer su voto, pero se debían “validar los sufragios efectivamente emitidos y contabilizados, porque los ciudadanos que ejercieron su voto, merecen que este derecho les sea respetado”.
¿Cuál será el criterio que prevalezca en Tabasco? Cada vez existe más la presunción de una salida “política” y no jurídica.
LA FERIA MEXICANA
EXISTE en el país un “concierto de desatinos”, comenta René Delgado en su colaboración sabatina en el diario Reforma (24/X/2015). Para el también director editorial del periódico capitalino hay una serie de errores, abusos o caprichos de la llamada clase política que “hunden a la República”.
Retomo una reflexión que se aplica no sólo al gobierno federal, sino también a los estatales y municipales, relativa a la conformación de los equipos de gobierno y al sentido de las designaciones. Un caso es el que colocó a debate los nombramientos oficiales: el nombramiento de Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde, al frente de ¡la subsecretaría de Prevención del Delito! Para quienes hayan oído hablar de Escobar saben lo contradictorio que esto significa.
Comenta Delgado: “No acaba de entenderse qué obliga al mandatario (Enrique Peña Nieto) a pagar el elevado costo de proteger a un político brutalmente desacreditado y que, cuanto más se mueve, más se hunde. Mantenerlo, sobre todo, en una posición cara a los organismos no gubernamentales, que ven en la prevención la posibilidad de frenar la persecución del delito que provoca ríos de sangre”. Más de una decena de agrupaciones rompieron el diálogo con Gobernación por la presencia del pevemista.
El caso de Escobar es ilustrativo, porque junto a su designación se registró el paso de Lía Limón –ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob- a una diputación; su lugar fue ocupado por Roberto Campa, quien fue sustituido por el político altamente cuestionado del Partido Verde.
Señala Delgado en una síntesis de que lo suele ocurrir en algunas designaciones: “El mensaje que, sin querer, se envía es increíble, importan más los compromisos y caprichos político-electorales que estructurar, en serio, una política de prevención del delito. Escobar cobra la factura de los servicios electorales, Limón satisface su capricho, en tanto que Campa afronta de repente asuntos distintos a los que venía tratando de entender y atender”.
Ahí tenemos una instantánea de los factores que juegan en muchos de los nombramientos: compromisos personales o partidistas, caprichos político-electorales, desatención de las políticas públicas, cobro de facturas, improvisación. Es lo que explica la parálisis y descoordinación. Los equipos y liderazgos se miden por los resultados.
HEREDEROS Y ARREBATADOS
¿HAN CAMBIADO los tiempos? Rigoberto Salazar Velasco, quien era secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Colima, pidió a una funcionaria hacer brigadas a favor de los candidatos priistas a cambio de programas sociales, todo por órdenes del gobernador del estado. Argumentó: “Es una ley no escrita en política: gobernador deja gobernador, presidente deja presidente, esa es su responsabilidad. Y si tú estás aquí por Mario (Anguiano), debes apoyar a Mario para que deje un gobernador priista”. Lo que se escucha en la grabación fue admitido por Salazar en una comparecencia ante diputados. Es una conversación normal, fuera de mis horas de trabajo, sostuvo.
En Tabasco un expediente está abierto: el de Ovidio Chablé, quien siendo coordinador de Desarrollo Social fue grabado en una explicación de su estrategia electoral: “Hay que conquistar corazones para el candidato, los votos –dijo-, ese coordinador por cada 30 personas tendría un activista, y a ese activista le vamos a dar un paquete de láminas, es un compromiso, y a ustedes con un proyecto productivo en el 2016 con un costo de 20 mil pesos”. El funcionario fue suspendido y está pendiente la sanción; el caso de Huimanguillo, que es donde fue grabado, sigue su curso en los tribunales.
AL MARGEN
HOY SE INICIA la actualización en leyes y procesos para los futuros diputados locales. Bueno, no de todos, porque los de la bancada del Partido Verde anunciaron que no acudirán. Quienes sí confirmaron su asistencia a un evento similar al que ya acudieron los futuros alcaldes son los legisladores electos del PRD, partido en el gobierno, y los opositores del PRI, Morena, PAN, PT y PMC. La lista de los capacitadores es de excelente nivel; Francisco Tortoledo, Cecilia Mora y Daniel Barceló, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como Jorge Chávez Presa, quien ya estuvo en Tabasco para hablar del presupuesto base cero. (
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