Escala Crítica/Columna diaria
*Hay en el país 4 millones de pensionados; los maestros en Tabasco
*Desde el 2012 debió establecerse el Protocolo Alba, para las féminas
*Inicia el camino de la despenalización del consumo de la Cannabis
Víctor M. Sámano Labastida
UNO DE LOS GRANDES empleadores del país es el gobierno en sus tres modalidades. Así lo ha sido durante más de un siglo. Aunque este proceso buscó frenarse a principios de los años ochenta con Miguel de la Madrid por la grave crisis en las finanzas públicas. Durante mucho tiempo la oportunidad de una plaza laboral estuvo –y aún está- en los gobiernos federal, estatales y municipales. Se calcula que unos ocho millones de personas están empleadas directamente por la administración pública. Aunque las cifras oficiales regatean los totales.
Uno de los problemas que se enfrentan en este aspecto es que cada vez hay más jubilados y comienzan a faltar trabajadores en activo. Ocurre lo que en toda empresa por el recambio de la mano de obra. Tanto activos como pasivos están en la nómina.
Ayer el diario Presente informó que en el caso de Tabasco este problema de las jubilaciones afecta a la educación pública. Indicó un reporte que cerca de mil maestros se encuentran en la etapa de prejubilación, por lo que desde el mes pasado dejaron de asistir a las aulas. La Secretaría de Educación se enfrenta a la necesidad de sustituir a los maestros en retiro.
Un problema que deberá enfrentar el país a corto plazo es el costo de los ex trabajadores. Así, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda informó recientemente que en toda la administración pública federal y el sector privado existen casi cuatro millones de pensionados y jubilados.
El pago a estos pensionados y jubilados, esto es a gente que ya trabajó y se ganó el derecho a una pensión, le cuesta al país más unos 248 mil millones de pesos. Esto equivale a 20 veces el presupuesto de Colima o a cinco veces el presupuesto de Tabasco.
Por lo pronto, le decía, en Tabasco tiene que atenderse a unos mil maestros que entrarán en jubilación este año. Seguramente este fenómeno de las jubilaciones pesa también en otra de las dependencias con más plazas laborales, la Secretaría de Salud.
DEMASIADA LENTITUD
LE COMENTÉ en una entrega anterior que el pasado domingo fue hallado el cadáver de una joven en el Parque la Pólvora de Villahermosa. Es un caso que se investiga como feminicidio, porque está relacionado en un principio con la violencia de pareja. Una violencia muy común en Tabasco.
Apenas la semana pasada se anunció que en la entidad se pondría en aplicación el protocolo Alba, un mecanismo para prevenir la llamada violencia de género, la agresión contra las mujeres. Lamentablemente la aplicación del Protocolo Alba en el país ha sido muy lento.
Se dijo desde julio del 2012 que el Protocolo Alba se establecería de inmediato en toda la República. Pero esto no ha ocurrido, ni siquiera en Tabasco, donde desde 2013 se instaló un comité para tal efecto.
Según se sabe, el único estado que cuenta con este mecanismo es Chihuahua, donde se registró el mayor número de feminicidios durante una década.
El Protocolo Alba fue impulsado por organizaciones civiles para localizar mujeres desaparecidas. Consiste en alertar a todas las corporaciones policiacas al mismo tiempo para que actúen de manera coordinada, lo mismo que a las agrupaciones civiles.
Su denominación alude a las madres de jóvenes desaparecidas y activistas que se concentraban al amanecer en las paradas de autobuses de Ciudad Juárez, Chihuahua, para alertar sobre los secuestros de mujeres. Féminas que posteriormente aparecían asesinadas. Fue un importante trabajo de concientización.
A pesar de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ordenó aplicar este mecanismo desde 2009, han pasado seis años y todavía falta una reacción coordinada para prevenir la violencia y los crímenes contra las mujeres.
Como le decía en otro comentario, Tabasco puede comenzar por combatir la violencia familiar y en los centros de trabajo. No hay que esperar más agresiones y mucho menos el aumento de crímenes.
ASUNTOS PROHIBIDOS
HAY TEMAS tabú en nuestro país. Como los matrimonios homosexuales, el aborto o el consumo de la marihuana. En estos asuntos se implican prejuicios, posturas morales o religiosas, intereses políticos y criterios científicos.
Uno de los ministros de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, logró el apoyo de una mayoría de sus colegas para que se aprobara el uso de la marihuana con fines lúdicos. Ante lo delicado del caso, la Presidencia de la República aclaró que esta resolución sólo amparaba a cuatro personas. Pero los especialistas ven en esto una puerta a abierta a la legalización generalizada…con algunos candados.
En algunos estados de la Unión Americana, nuestros vecinos del norte, está despenalizado el uso de la yerba. En 22 demarcaciones se permite el uso medicinal, pero también avanza su uso “recreativo”.
Se estima que en Estados Unidos se decomisan anualmente más de mil toneladas de la droga procedente de México. Pero también en nuestro país se incrementó el consumo y no sólo la producción.
El contexto de esta discusión sobre la despenalización es que la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón a finales del 2006 ha dejado más de 80 mil muertos y unos 20 mil desaparecidos.
La posición de los partidos y autoridades ha sido muy controversial, antes de la aprobación de la Corte. Así, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, había dicho que la capital estaba lista para legalizar la droga para fines medicinales. Mientras en el PRI, donde prevalece la oposición a la despenalización lanzó una encuesta por internet para saber la opinión de la sociedad.
Un estudio de opinión elaborado por la Cámara de diputados indica que el 70% de los mexicanos está en contra de la legalización. Una encuesta de Parametría arrojó resultados similares; en cambio la firma Mitofsky halló que el 40 por ciento de los consultados apoyaba la posible despenalización. Hace un año, el partido Morena sugirió una consulta pública sobre el tema.
El gobierno federal, por medio de su comisionado contra las drogas, Manuel Mondragón, rechaza por supuesto el uso legal de este enervante. Según estudios oficiales la mitad de los consumidores marihuana son menores de edad.
El ministro Saldívar, que está a favor de despenalizar el consumo de la marihuana en personas adultas sostiene que las afectaciones son “menores o similares” a las que producen sustancias no prohibidas como el alcohol o el tabaco.
Es un debate abierto que involucra a los padres de familia, las escuelas y una conducta más responsable en todo tipo de consumo. (
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