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* Niveles de gobierno y justicia: ajedrez político Y EL CASO Moreira

* Manejo diferenciado de la coordinación contra la delincuencia

* Menos ruido y más propuestas, piden en el caso de quiebra del ISSET

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA FALTA de coordinación intergubernamental por criterios políticos es un problema central para aplicar justicia y perseguir delitos en México. Es la percepción de una mayoría de ciudadanos y muchos más han padecido esa falta de coordinación intergubernamental en su libertad de tránsito, su familia y sus bienes. Es, lamentablemente, la otra cara de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán: lo que día tras día enfrenta el ciudadano de a pie. Cuando la imagen del gobierno se colorea en los momentos mediáticos de relumbrón, nuestras autoridades olvidan un poco más ese pendiente estratégico de la seguridad en México: la coordinación y funcionamiento eficiente entre niveles de gobierno, sin importar los colores partidistas. 

Una muestra: en 15 estados de la república se discute todavía la implementación del mando único policial. No cesan los dimes y diretes (que incluyen acusaciones de complicidad y corrupción) entre federación, estados y algunos municipios. ¿Cómo avanzar, con este fabuloso panorama?     

La tensa relación federal/estatal/municipal en materia de justicia por diferencias partidistas, se investiga en un artículo de gran interés para entender el México del siglo XXI: “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”, de los doctores Sandra Ley y Guillermo Trejo, que circula a partir del viernes 21 de enero en la revista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Esta investigación ha sido comentada por el periodista Carlos Puig en el diario Milenio. Veamos dos puntos significativos.

                                      

SEXENIO CALDERONISTA

 

UN PUNTO clave de la investigación, con datos que abarcan de 2006 a 2012: a partir de 2006, en municipios con gobernantes perredistas la violencia por narcotráfico creció 162.4% más que en municipios con gobernantes panistas, mientras que en municipios con gobernantes priistas la violencia creció 31.8%. Plantea el estudio del CIDE, citado por Puig: “el gobierno (panista) utilizó estrategias diferenciadas, protegió a sus correligionarios, cooperó parcialmente con la oposición de Centro (PRI) pero confrontó y desprotegió a la oposición de izquierda (PRD)”. Como haya sido, se trata de un problema institucional de primer orden que ha quedado en el olvido político. Las elecciones presidenciales de 2006 y su tenso desenlace tuvieron indeseables consecuencias judiciales. 

-La imagen partidista, relevante: ‘en estados gobernados por el PAN y el PRI, las intervenciones federales compartieron información y protegieron a los alcaldes ayudándoles a depurar sus cuerpos policíacos, removieron de sus puestos a funcionarios corruptos, pero no los enjuiciaron ni los expusieron en público. En estados gobernados por la izquierda, hubo diseño unilateral de operativos federales, se enjuiciaron a funcionarios locales y los expusieron en medios nacionales, incluso sin tener pruebas concluyentes’. Doble vara evidente. 

No se trata entonces de una falta de coordinación por torpeza o escasez de recursos, indica el estudio del CIDE, sino de una estrategia política para debilitar al rival partidista que estuvo a punto de vencer en el 2006 presidencial.

                                                  

CASO MOREIRA: MÉXICO SÓLO OBSERVA

 

UN CASO fresco que muestra las insuficiencias de la justicia mexicana es el relativo a Humberto Moreira, polémico exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI. Moreira ha sido llamado a cuentas por la justicia española, a partir de gastos elevados sin aparente comprobación (4 millones de pesos y contando, cantidad que podría parecer ridícula tratándose del personaje, pero es la punta de la madeja). Moreira reside en Madrid y la acción judicial se inició a partir de una petición del gobierno de Estados Unidos (una corte de Texas expidió la orden internacional de indagación financiera). Así pues, quien salió indemne en México a pesar de existir falsificación de firmas en el Congreso Estatal para un endeudamiento mayor del gobierno de Coahuila, es atendido judicialmente en España por petición estadounidense. Mientras tanto, no se sabe nada de una iniciativa mexicana para coadyuvar en la investigación del caso Moreira. Los abogados de Moreira han dicho que sus gastos son comprobables y que sus empresas existen en documentos certificados, pero esto no es tocado ni con el pétalo de una indagación por la justicia mexicana. ¿Qué existe en el caso Moreira, para demorar una indagación de la justicia mexicana? Hay historias que tienen aspectos inquietantes detrás, como la ejecución de un hijo de Moreira en 2013.             

México no tiene todavía rastreos financieros confiables. Otro pendiente de coordinación entre niveles de gobierno. Sólo hasta 2014 se incorporó una ley bancaria que permite denunciar como sospechosa una venta-transacción que tenga indicios de lavado de dinero. Es otra historia que necesita circulación pública.

SI HAY PROPUESTAS mejores para resolver la casi quiebra del ISSET estamos dispuestos a revisarlas, pero que ayuden a resolver la situación de fondo, comentó el gobernador Arturo Núñez en el contexto del actual debate sobre la aplicación de las reformas legales. También los diputados de la fracción mayoritaria (PRD) afirmaron que toda norma es perfectible, pero lo urgente es evitar que los empleados públicos se queden sin protección social, como las pensiones.

Mientras el Colegio de Abogados ofreció amparos en forma gratuita y un grupo de trabajadores anunció que pararían actividades, portavoces oficiales advirtieron que hay quienes defraudan ofreciendo amparos por 500 pesos, de la misma forma aseguraron que no hubo tal huelga el jueves. René Ovando, dirigente del SUTSET moderó su posición y adelantó que analizan algunos puntos de la Ley para presentar propuestas.

 

AL MARGEN

 

FINALMENTE Gilberto Mendoza Rodríguez rindió protesta para ocupar el nuevo cargo como titular de la Secretaría General del Congreso. Fueron 29 votos a favor y cinco en contra. La llamada “supersecretaría” fue creada en la más reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso.

SERÁN 483 MIL 868 los ciudadanos que tengan posibilidad de votar en las elecciones extraordinarias de Centro el 13 de marzo, informó el INE. Esta demarcación tiene uno de los más altos índices de abstencionismo en el estado. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )