Escala Crítica/Columna diaria
*Reciben pago vitalicio y tienen un centenar de empleados a su servicio
*Siguen Gaudiano, Romero y Madrigal en tribunales; regresa al TET
*Salarios deprimidos y desempleo, riesgo para la gobernabilidad
Víctor M. Sámano Labastida
DIPUTADOS del Partido Movimiento Ciudadano propusieron que se modifique la ley para que se prohíban las pensiones vitalicias a los ex presidentes de la República. De acuerdo a estos legisladores, actualmente a los mexicanos nos cuesta cada mes en promedio 425 mil pesos cada uno de los ex presidentes con vida. Más de cinco millones de pesos al año.
Como un primer paso, la diputación del Movimiento Ciudadano envió cartas a Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón para que renuncien a sus pensiones vitalicias. A esta iniciativa se sumaron los diputados del PRD y Morena.
Como la ley no puede ser retroactiva, no se les puede quitar la pensión, pero sí podrían renunciar a ella como lo hizo Ernesto Zedillo (aunque se quedó con el personal a su servicio).
No es la primera vez que en la Cámara de Diputados se trata el tema de las millonarias pensiones a quienes alguna vez ocuparon la jefatura del gobierno federal. Le comentaba en este espacio que México tiene las más bajas pensiones para sus trabajadores, sin contar que existe una enorme cantidad de mexicanos sin la esperanza de una retribución al final de su vida laboral.
El caso es tan grave que el presidente Peña Nieto retomó la idea de López Obrador aplicada en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para otorgar una pensión universal. Sólo que dijo que comenzaría con 580 pesos mensuales. Menos de la cuarta parte de un salario mínimo.
Las pensiones y beneficios fueron asignadas mediantes acuerdos de 1976 y 1987. En el primero se asignó a cada ex Presidente 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. En el segundo quedó instaurada una pensión vitalicia equivalente al salario que percibe un Secretario de Estado, seguro de vida y gastos médicos mayores. También se ordenaron a su servicio 25 empleados, pensión vitalicia para la viuda y para los hijos menores.
El personal civil a disposición estaría en las siguientes categorías: subdirector general (1), directores de área (2), subdirectores (4), jefes de departamento (4), secretaria de director (1), secretaria de director de área (1), secretarias de subdirector (2), técnicos especializados (3), choferes (3) y auxiliares administrativos (4). En total, contando al personal militar, 103 empleados públicos para cada ex mandatario.
En un estudio para la Cámara de Diputados (2008), Cecilia Licona apuntó: Un razonamiento central para otorgar estos beneficios fue que “es inconveniente que quien ha sido depositario de datos confidenciales (incluso secretos de Estado) se coloque al servicio de compañías privadas, que pueden utilizar la información de origen público para beneficio privado”. Mucho menos podrían estar al servicio de empresas o gobiernos extranjeros. Los motivos son obvios, pero estas limitaciones no se cumplen.
Por cierto, si acaso fueron empleados federales –como ocurría frecuentemente- los ex presidentes contarían además con los beneficios del ISSTE.
PELOTEO POST ELECTORAL
GERARDO Gaudiano recibió por segunda ocasión en marzo pasado la constancia de mayoría como alcalde electo de Centro. La primera vez le fue anulada esa constancia; ahora los partidos Morena y el PRI buscan que se invalide la elección extraordinaria. Esto parece un cuento de nunca acabar.
Hace unos días, el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) rechazó la impugnación de PRI y Morena. Pero no atendió a fondo el asunto y sólo decidió que los que interpusieron la queja no tenían representatividad legal. Aunque el expediente fue remitido nuevamente al TET al parecer la pelota de la responsabilidad cae en el campo del IEOCT.
Morena y PRI acudieron al tribunal federal con sede en Xalapa. Los magistrados ordenaron a los jueces tabasqueños que revisen el reclamo de los representantes de Octavio Romero y Liliana Madrigal. Habrá que esperar hasta el 4 de mayo a más tardar para tener una nueva resolución.
Los representantes de Gaudiano sostienen que el alcalde electo tomará posesión a más tardar el uno de junio y que no existen argumentos para una nueva anulación.
Podría parecer a los ciudadanos muy cansado y desgastante que haya que pasar por tantos tribunales para declarar si una elección es válida o no. Existe la percepción generalizada de que una elección se debe resolver en las urnas, que de lo que se trata es de votar y de contar bien los votos. Esto debería ocurrir en una democracia madura.
Lamentablemente existe una enorme desconfianza entre los partidos, se ha hecho costumbre que los competidores busquen no cumplir las leyes y también muchas veces las propias autoridades electorales omiten cuidar todo el proceso electoral. Ocurrió en junio del 2015.
Lo que se debería exigir es que la resolución de los tribunales sea lo más rápida posible, atender el fondo y que si dictaminan alguna violación a las leyes castiguen a los responsables y no castiguen al ciudadano que sí vota.
UN NUEVO PACTO SOCIAL
MUCHO se ha habla en México de la necesidad de un pacto político, de los acuerdos entre los dirigentes de los partidos y los gobernantes. Sin embargo, lo que se requiere es un pacto social; un pacto para evitar que la pobreza y la desigualdad, la impunidad y la injusta aplicación de la ley, agraven la ingobernabilidad.
Porque existe ingobernabilidad cuando hay zonas en las que las autoridades no pueden garantizar que su presencia sea respetada. Algunas regiones están afectadas por la llamada delincuencia organizada, pero tiene un mayor impacto social la delincuencia común que daña precisamente al habitante común.
Buena parte de la delincuencia común crece en la pobreza. Una explicación de esta extendida pobreza en México es el desempleo y los bajos salarios.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte que en México difícilmente aumentará la oferta de empleos en 2016 y 2017. Por el contrario –como se reconoce oficialmente- , un mayor impacto en la pérdida de fuentes de trabajo se prevé en estados como Campeche y Tabasco que necesitarán programas especiales.
Otro problema creciente es el estancamiento salarial en el país. De acuerdo a un estudio del Senado de la República (2014), el 55 por ciento de los mexicanos –más de la mitad de la población- no puede adquirir la canasta básica. Esta falta de recursos afecta al 66 millones de mexicanos. La seguridad pública de la población pasa por la seguridad económica. (
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