Escala Crítica/Columna diaria
*La sombra de Mexichem, un negocio bajo sospecha; saldo trágico
*Desapariciones y tortura en México, ¿un tribunal internacional?
*Gendarmería ambiental, otro intento por evitar la depredación
Víctor M. Sámano Labastida
EL ACCIDENTE en la empresa Mexichem, ubicada en el Complejo Petroquímico Pajaritos de Coatzacoalcos, Veracruz, llevó a políticos y autoridades a discutir el tema de la seguridad petrolera. Las bancadas de Morena y del PRD pidieron revisar la concesión entregada al ex banquero Antonio del Valle; diversos grupos de sindicalistas exigieron revisar los programas de recorte de personal. Se plantea discutir los límites y exigencias de la participación de la iniciativa privada en la explotación del gas y los hidrocarburos. Se abre nuevamente el debate sobre las consecuencias de la Reforma Energética.
El incendio y la explosión en Coatzacoalcos ocurrió en una empresa de participación privada, pero no es una firma cualquiera: es la primera producto de una alianza estratégica entre Pemex e inversionistas privados. La reforma energética precisamente abre la posibilidad de que este tipo de acuerdos empresariales se multipliquen.
De acuerdo a Roberto Barranco (El Universal, 22/IV/2016), originalmente la planta de cloruros la tenía Pemex con un total de dos mil trabajadores, pero al asociarse con el capital privado la empresa decidió quedarse sólo con 800 empleados. Los otros mil 200 –apuntó el articulista-, quedaron bajo contrato de Pemex en su área de mantenimiento.
Apenas a principios de marzo, el mismo Barranco Chavarría advirtió que establecida la alianza Pemex-Mexichem se adquirió nueva infraestructura para reforzar la existente y “arrancó sin realizar las pruebas requeridas”. Es posible, remotamente posible, que el peritaje indique si este apresuramiento tiene que ver con el accidente y los riesgos. El director de la empresa, Antonio Carrillo, afirmó que el siniestro se registró precisamente cuando se realizaban “trabajos de modernización”.
El accidente –del que hasta ayer ya se tenía noticia de 24 muertos, decenas de desaparecidos y más de un centenar de heridos- ocurrió en una de las tres áreas de un predio que pertenecía a Pemex pero que fue desincorporado del dominio público en 2013 para ser vendida a un particular. Esta área es casi la mitad de lo que originalmente era el Complejo Pajaritos de Pemex, la petroquímica más importante y rentable de la ex paraestatal.
Escribió Jesusa Cervantes, de la Agencia Proceso, que Antonio del Valle –considerado el séptimo millonario en la lista mexicana de Forbes -, “adquirió Mexichem hace más de una década, pero fue el 30 de julio de 2013 cuando el gobierno federal desincorporó una parte (de la planta de clorados), la vendió también al ex líder patronal y luego se asoció con él”. Del Valle fue uno de los banqueros beneficiados con el rescate conocido como Fobaproa.
Nuevamente se abre la discusión sobre el destino de los recursos nacionales. Por un lado se habla de los beneficios que en materia económica se dice traerá la reforma energética, una reforma que debió someterse a consulta popular; por otro lado se advierte el riesgo de que la industria petrolera en manos privadas descuide la seguridad y ponga mayor interés en los beneficios del mercado.
LAS LUCES de alerta están encendidas desde hace tanto tiempo que esperemos no pierdan su fulgor, que el desgaste de lo cotidiano no nos acostumbre al horror. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta ya en México más de 28 mil desaparecidos; ahora la organización Human Rights Watch (HRW) sostiene que en este país la tortura ocurre de manera sistemática y es un mal crónico. La historia negra de la acción policiaca desde casi siempre tiene en México un capítulo de los métodos salvajes para obtener confesiones inculpatorias.
No resulta excesivo en esta circunstancia la reciente recomendación del fiscal Roberto Scarpinato (Palermo, Italia), para que la Organización de Naciones Unidas establezca un Tribunal Penal Internacional especial para que intervenga ante “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México”. Existen genocidios, masacres, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos y crímenes financieros, apuntó este especialista reconocido como un líder histórico en la lucha contra la mafia.
La idea de Scarpinato que provocó reacciones de presuntos defensores de la soberanía –aunque permitan la abierta irrupción de un modelo que destruye las bases de la economía mexicana-, no es descabellada ni tampoco imaginaria. Tan sólo aquí cerca, en Guatemala, funciona una Comisión Internacional Contra la Impunidad que fue creado en 2007 ante la prácticamente inexistente estructura judicial en ese país.
Originalmente pensado para hacer comparecer y enjuiciar a los responsables de los crímenes de guerra, muy pronto se convencieron que el problema de la justicia en Guatemala era de fondo. Ha llevado ante los jueces y a la cárcel a militares, empresarios, civiles y funcionarios, incluidos ex presidentes.
La HRW reconoció la importancia de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ofreciera disculpas públicas por un caso de tortura difundido en las redes virtuales, sin embargo señaló que el gobierno mexicano “debe reconocer el carácter generalizado” de los abusos y actuar en consecuencia.
Sin embargo, cuando los llamados poderes fácticos –que operan incluso desde las instituciones por encima de las leyes- son más poderosos que el poder legalmente posibles, es necesario buscar fórmulas como la propuesta por Scarpinato. Aunque cueste trabajo pensarlo.
AL MARGEN
GRAVES son los daños ambientales que ocurren en México tanto por la actuación de las llamadas bandas criminales, como por graves lagunas que hay en la ley o por corrupción de algunas autoridades. Se anunció que será integrada una gendarmería especializada en prevenir y combatir los delitos contra el medio ambiente: tala ilegal, invasiones y tráfico de especies de flora y fauna.
El convenio fue firmado por la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Seguridad. Sin duda que una policía especializada en delitos ambientales tendría mucho trabajo en Tabasco, hasta para casos como la extracción de arena y el relleno de zonas bajas, donde operan grupos organizados que se imponen inclusive a las autoridades.
Tanto en México como en el resto del mundo, los activistas en defensa del ambiente son los que más agresiones sufren. Se han documentado unas 200 agresiones graves a ambientalistas en los recientes cinco años. (
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