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*En el IEPCT, nueve funcionarios consumen el 65% del presupuesto anual

*Mesura en la auto asignación de salarios, pidió en INE; no hicieron caso

*Los directivos de un órgano autónomo cobran más que todo el gabinete

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

NO SÓLO se trata de evitar fraude con los votos sino evitar fraudes con los recursos públicos. Esa debería ser una de las responsabilidades que deben cumplir sobre todo quienes se suponen tienen el mandato de representar a los ciudadanos. Sería el caso de los consejeros electorales tanto del Instituto Nacional Electoral (INE), como de quienes integran los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Pero no ocurre. Por lo menos en el caso de Tabasco no sólo se “extravía” dinero según informó Presente, sino también hay un exceso escandaloso en la asignación de salarios y percepciones de manera que sólo 9 funcionarios consumen el 65% del presupuesto del Instituto Electoral.

Según el investigador y especialista en asuntos de transparencia y acceso a la información, Javier Herrera Escamilla, de los 31 millones de pesos que para este año tiene asignado el IEPCT en gastos de operación, casi la mitad (45%) se lo llevarían los siete consejeros, pero si a ello se suman los ingresos del Secretario Ejecutivo y el Contralor de ese organismo el total en el pago de salarios y prestaciones llegaría a 17 millones 896 mil pesos en el año (65% del presupuesto). Sin contar el pago a directores, subdirectores y demás personal.

 

LLAMADOS DE MURAYAMA

COMO usted recordará, prácticamente desde que iniciaron funciones los nuevos consejeros electorales designados por el INE generaron una serie de reclamos e inconformidades en relación al manejo presupuestal. En diciembre del 2014 el consejero del INE, Ciro Murayama, hizo un llamado a los funcionarios de los Oples en todo el país para actuar con mesura.  

Dijo Murayama: “Los consejeros electorales al igual que el conjunto de los servidores públicos no debemos ser quienes determinemos nuestros propios salarios, siempre debe de ser un tercero, porque si no es un conflicto de interés”. Y una oportunidad para el abuso.

El mismo consejero del INE, presidente de la Comisión de Fiscalización, apuntó: “La misión principal de los nuevos consejeros es construir la credibilidad de los institutos que encabezan y la ruta de empezar por la subida salarial no apunta en esa dirección”. Era diciembre del 2014, los nuevos consejeros en los 32 estados surgidos de una reforma parecía que sólo estaban esperando que iniciara el nuevo año para autoasignarse el más alto salario posible. Se dirá que tampoco hubo mesura en quienes despachan en el INE, pero los excesos se reprodujeron.

Sucedió en Guanajuato, en Chiapas, en Tamaulipas, en Tabasco. En este último caso, después de un intento por incrementarse los salarios de 56 mil pesos mensuales a 94 mil parecía que a principios del 2015 habían recapacitado. Datos recientes indican que no sólo ignoraron la mesura a la que convocó Murayama –y a la que obligaría un mínimo de conciencia ciudadana- sino que rebasaron hasta los límites legales.

Como los llamados órganos autónomos tienen la facultad para auto administrarse, esta prerrogativa es interpretada como el derecho a la arbitrariedad. Por lo menos así lo indica la información recabada por Herrera Escamilla, dada a conocer el viernes pasado y cuyos documentos que sustentan los juicios obran en poder de este columnista.

Los órganos autónomos serían el citado IEPCT, ITAIP (Instituto de Acceso a la Información), TET (Tribunal Electoral de Tabasco), CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos) y TCA (Tribunal de los Contencioso Administrativo)

DE UN ESCÁNDALO A OTRO

LOS ACTUALES consejeros tabasqueños Maday Merino Damián (presidenta), Idamara de la Candelaria Crespo, Claudia Jiménez López, David Cuba Herrera, Jorge Enrique Gómez Hernández, Miguel Ángel Fonz Rodríguez y José Oscar Guzmán García, así como el secretario Ejecutivo y el Contralor del IEPCT cobran en conjunto mucho más que todos los funcionarios del primer nivel en el gobierno de Tabasco, incluido el titular del Ejecutivo.

Después del escándalo de los consejeros salientes, y que llevó a la cárcel a dos de ellos, la atención de la opinión pública estuvo centrada en quienes provenían de un proceso de “profesionalización”, supervisado por el INE. 

Pero aún antes de las elecciones de junio de 2015 –una de las cuales fue anulada y se suspendieron momentáneamente las campañas-, los abogados Pedro García Falcón, Sergio Antonio Reyes y Javier Martínez Ramos presentaron en marzo de ese año una demanda contra los nuevos consejeros por “coalición contra el erario y el servicio público” debido a que se asignaron salarios no sólo exorbitantes sino superiores a los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por supuesto que los consejeros negaron estar violando la ley

Sin embargo Herrera Escamilla solicitó documentos para saber exactamente en qué términos estaba el debate de los ingresos de los consejeros y de los integrantes de los otros órganos autónomos. Algo que tenían que hacer, por ejemplo, los diputados en lugar de sólo hacer exhortos desde tribuna.

Argumenta el exprofesor universitario y ahora experto en transparencia: “Los consejeros del Instituto Electoral están involucrados en el escándalo año con año. En el caso de los actuales, desde que ingresan los últimos tres meses del año 2014. Pero en todo 2015 se vieron también cuestionados por cómo  saquean presumiblemente el erario público, aparte del trabajo tan deficiente que se tuvo en el proceso electoral de junio pasado”. 

Esto es lo que llevó al especialista a solicitar a todos los órganos autónomos y a la propia Secretaría de Administración los documentos de percepciones y retenciones. Había que saber “qué cobran, cuánto ganan y cuánto se les deduce de impuestos”.

A la discusión, Herrera Escamilla le puso nombres y cifras. Nada más para que tengamos una idea, el cruce de información le llevó a afirmar que durante el 2015 cada uno de los siete consejeros obtuvo en promedio mensualmente 161 mil 366 pesos, sumando los aguinaldos. ¿Cómo llegó a esa cifra? Seguiremos con el tema.

AL MARGEN

FUE CORRESPONSAL de TV Azteca Veracruz y del diario Noreste en Poza Rica, el periodista Manuel Torres dedicado en fechas recientes a su portal de noticias por internet “Noticias MT”, fue asesinado en plena vía pública en aquella localidad veracruzana. Según la organización Artículo 19 del 2009 al 2015 la muerte de 55 comunicadores en México está vinculado a hechos criminales. En Veracruz han sido asesinados 18 periodistas en los últimos seis años. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )