Escala Crítica/Columna diaria
*Los siete factores de la criminalidad en México, según la CIDH
*No hay mecanismos para regular el uso de la fuerza: Heyns, de ONU
*Impunidad y corrupción: más de 250 conflictos sociales sin resolver
Víctor M. Sámano Labastida
SIETE son los factores identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como fuentes de la violencia en nuestro país. Un reporte presentado en marzo apunta: 1.- Corrupción y crimen organizado; 2.- Actores estatales que abusan de su autoridad o se coluden con la delincuencia; 3.- Autodefensas (grupos comunitarios que dejan de ser defensivos); 4.- Fuerzas privadas de seguridad (paramilitarismo); 5.- La desigualdad social; 6.- la impunidad de los delincuentes; 7.- Tráfico de armas.
En México hay una violencia histórica que caracteriza a los estados con mayor marginación y pobreza, al tiempo que existe una violencia circunstancial o coyuntural como la relacionada con el crimen y la delincuencia (pero también como parte de la expansión salvaje del llamado capitalismo neoliberal). Igualmente aquella relacionada con la represión de las protestas ante acciones de gobierno.
Un informe de 22 páginas firmado por el relator especial de la ONU, Christof Heyns, dado a conocer el 20 de junio –y que no incluye todavía los hechos de Nochixtlán, Oaxaca-, establece que las leyes militares mexicanas violan los estándares internacionales de derechos humanos, al tiempo que se carece de una ley general que regule el uso de la fuerza pública, sobre todo para controlar las manifestaciones o para realizar capturas. En especial de líderes sociales, agregaríamos.
Nota: en las acciones de Nochixtlán participaron elementos de la Gendarmería Nacional que forman un grupo de elite de los cuerpos de seguridad federal, capacitados en todos los protocolos para hacer más eficaz su trabajo, proteger a la población y evitar el uso excesivo de la fuerza. Todo lo que no sucedió en aquella población oaxaqueña.
DESGARRAMIENTO SOCIAL
SINTETIZA la revista Proceso (No.2066, junio 04): “El desgarrón que padece México se puede cuantificar: actualmente existen 256 conflictos sociales irresueltos en el país, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas. Basado en datos oficiales, un análisis de Proceso evidencia la honda descomposición, que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y revela fenómenos dolorosísimos para México: la administración federal legitimó el uso de la represión, buena parte de la violencia en los conflictos sociales proviene del gobierno, las “reformas” del peñanietismo detonaron 52 movimientos de repulsa y las detenciones de opositores se duplicaron”. Es la introducción a un amplio reportaje sobre estos “256 conflictos sociales” no resueltos.
Recientemente se realizó un seminario sobre “Violencia y paz: diagnósticos y propuestas para México”, en el Senado de la República. Académicos y representantes de organizaciones civiles destacaron que estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán registran un incremento de la “violencia histórica” asociada a conflictos políticos, misma que ahora se mezcla con la lucha por el control de la producción y venta de drogas. Advertimos aquí el grave riesgo del entrecruzamiento de la violencia social, la institucional y la criminal, como en el caso de Colombia.
Respecto los recientes episodios de confrontación el sacerdote Alejandro Solalinde, de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, afirmó que lo más visible es lo sucedido con el magisterio y los pobladores de Nochixtlán, pero “ya no hay violencias sueltas, hay cadenas de violencia por todo el país, en unos cuantos años hemos pasado ser connacionales a ser amenazas unos con otros”.
En el foro del Senado (22 de junio), el académico Salvador Maldonado, destacó que en Michoacán, Oaxaca y Guerrero se tienen los más altos índices de incidencia delictiva e impunidad; del total de averiguaciones previas sólo se procesan alrededor del uno por ciento. Esto es: 99 de cada cien delitos no tiene sanción alguna.
GUERRA QUE EMPOBRECE
Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, recordó que en Guerrero la militarización permanece desde la década de los 70 como estrategia de guerra de contrainsurgencia: la llamada “guerra contra las drogas” es en realidad ahora una “guerra contra los pobres de la montaña”.
En su análisis sobre la violencia de la región noreste, representantes de agrupaciones civiles coincidieron en que el problema de violencia y justicia radica en las altas tasas de impunidad y corrupción. En Tamaulipas y Coahuila se incrementaron de manera exponencial los delitos de secuestro, desaparición y asesinato.
Fernando Nieto, investigador del Colegio de México, señaló que diversos indicadores revelan una profunda desconfianza hacia las instituciones. Habló de una “economía política de la violencia”, como un círculo vicioso en donde la desconfianza genera ineficacia institucional, lo que recrudece la desigualdad, elimina la solidaridad e incrementa la violencia. También, diríamos, la violencia termina siendo un negocio para un grupo.
El seminario “Violencia y paz” sirvió para elaborar una serie de diagnósticos de violencia, la respuesta estatal y propuestas de políticas públicas para la paz, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Diez de las 32 entidades.
Hace falta completar la geografía de la violencia en el país, que tiene características particulares en cada caso.
En febrero de 2012 un grupo de investigadores presentaron “Diez propuestas para un esquema integral de construcción en México”. El documento, firmado por Carlos Garza Falla, Alejandra Cullen, Eliza Jaimes, Erick Fernández, Gabriela Warkentin y Mauricio Meschoaulam. En noviembre de ese mismo año, 37 organizaciones civiles difundieron un documento enviado al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto con “Propuestas ciudadanas para abatir la violencia, fortalecer la paz y reformar la justicia”.
En abril de 2011, el escritor Javier Sicilia y un importante grupo de activistas impulsaron el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como respuesta a la violencia de los grupos criminales y delictivos, así como de los propios cuerpos de seguridad, que habían colocado a la población entre dos fuegos.
AL MARGEN
Ayer, Andrés Manuel López Obrador encabezó una masiva concentración en la Ciudad de México. ¿Puede contribuir a la distensión y la paz? Un tema para revisar. (
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