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*Refuerzan las Bases de Operaciones Mixtas: Macuspana y Cárdenas

*Recuperar la eficacia y autoridad de las fuerzas contra el delito

*La república rasgada: indefensión municipal, la ley del plomo, el origen

Víctor M. Sámano Labastida

 

AYER fueron supervisadas dos Bases de Operaciones Mixtas en Tabasco, las famosas BOM. Estos puestos de control fueron ampliamente conocidos a principios de los años noventa, cuando su principal función fue el cuidado de instalaciones petroleras estratégicas. Posteriormente, su despliegue aunque menos público, fue contra las bandas organizadas del tráfico de dogas y de indocumentados. Ahora se modernizan para atender el incremento de delitos comunes y prevenir la expansión de otras conductas criminales.

Le hemos comentado en este espacio cómo la confianza en la acción de la autoridad –en su legalidad y eficacia- son determinantes para aminorar el delito y mejorar la percepción de seguridad. En este sentido, el gobernador Arturo Núñez fue informado que en dos bases sedes de la BOM, instaladas en las carreteras federales que conectan a Villahermosa con los municipios de Cárdenas y Macuspana, operarán con 35 efectivos cada una, apoyados por siete unidades terrestres, tecnología de punta pata vigilancia y radiocomunicación.

Las BOM cuentan con personal del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal, Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP). Combinadas con acciones en las zonas habitadas de la entidad, especialmente en Villahermosa con alta percepción de inseguridad, deberán fincar la confianza y credibilidad de la población. Lo tangible para lo intangible, esperemos. El tiempo apremia.

UN CAPITAL DILAPIDADO

A PROPÓSITO de confianza, el politólogo italiano Ludolfo Paramio definió a ésta como “un capital social que debe cuidarse en todo momento”. Ese capital social se gana con gobiernos eficaces. A nivel nacional –nos lo dicen el propio INEGI y el INE-, en México transitamos por los negros caminos de la desconfianza. No es casual: venimos de una corrupción galopante, reiteración de políticas públicas erróneas, indiferencia ante los principales problemas, oídos sordos a propuestas ciudadanas. Un capital social dilapidado. 

Advirtió Paramio lo obvio, no tanto para los gobernantes: “¿Qué genera la desconfianza social? Incertidumbre y confusión entre los actores públicos que deben tomar decisiones por una colectividad. Con desconfianza todos pierden, porque el funcionamiento de las instituciones sociales se debilita, se oxida y fragmenta”. En esas estamos y todos perdemos, aunque no todos perdemos lo mismo.

Un caso preocupante en el contexto nacional para alimentar la desconfianza es la indefensión municipal, producto de un cambio institucional que derivó en políticas equivocadas. 

EN NÚMEROS DE MUERTE

LOS DATOS sobre municipios son escalofriantes: 76 alcaldes, ediles y jefes de despacho asesinados en 10 años (2006-2016). Este dato corre a cuenta de la Asociación Nacional de Alcaldes que exigió un nuevo protocolo de seguridad a la federación. Visto el contexto de indefensión, no sorprende la muerte de 3 alcaldes en 10 días recientemente. La república rasgada, a nivel municipal, necesita documentarse y diagnosticarse.

El problema no son sólo muertes de alcaldes. Un informe de la organización internacional de derechos humanos World Watch (2016), revela que entre 2005 y 2015 en México han sido asesinados o desaparecidos 756 jefes de policía y comandantes municipales. La cifra es 10 veces mayor que la de alcaldes. Esto, por supuesto, multiplica la indefensión de la autoridad municipal. World Watch reporta, por ejemplo, que ciudades norteñas como Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tijuana, Culiacán, Los Mochis, Durango y Ciudad Juárez, por varios años no han tenido visibles un comandante o jefe de policía, precisamente por el riesgo de muerte. 

Si en México hay 2 mil 458 municipios, entonces prácticamente uno de cada tres municipios ha sido descabezado en sentido policial. Un proceso de degradación de la autoridad más cercana al ciudadano, lo que produce una indefensión al cuadrado porque las autoridades también aparecen indefensas  ante las bandas criminales que hacen de la ley del plomo la única aplicable.

¿Cómo se llegó en 10 años a esta situación? Resumimos la respuesta que da el periodista Carlos Puig (Milenio, agosto 3, “Fox, Calderón, el Congreso y la tragedia de los alcaldes”).

EN EL OJO DEL HURACÁN

CUENTA Puig que antes de 2006 (cuando se comienzan a disparar los datos de muertes de alcaldes y jefes de policía), las autoridades municipales no estaban en la “agenda de acción” de las bandas criminales. ¿La razón? Ni municipios ni gobierno estatales tenían facultades legales para perseguir delitos de narcomenudeo, que eran de orden federal. ¿Cómo cambió la ecuación?: “En el fin del sexenio de Vicente Fox y principios del de Calderón (…) se modificaron la Constitución, Código Penal, Ley General de Salud y se les dio a los municipios y estados la facultad y la ‘responsabilidad concurrente’ con la Federación de perseguir el narcomenudeo”. La ejecución de esa política de seguridad fue pésima: los municipios, sin recursos suficientes, sin capacitación policial, sin equipo adecuado y sin coordinación real con niveles federales, resultaron el eslabón más débil de la cadena. Los alcaldes, en territorios claves para el crimen organizado, o son extorsionados por los grupos criminales o son eliminados. Es la ley de “plata o plomo”.                            

Puig cita un texto de 2005 del investigador Ernesto López Portillo, que fue profético de la indefensión municipal para enfrentar al narco cuando tuvo que perseguirlo por mandato constitucional. Es la crónica –dijo ELP- de una “debilidad institucional de los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia de los estados” y advertía que “la mayoría de las policías y las procuradurías locales no están preparadas para resistir las presiones que llegarán una vez que la reforma entre en vigor. (…) Estamos en medio de una escalada que al parecer ha provocado unos mil muertos en lo que va de 2005. Ya veremos el destino que nos depara esta reforma”. Esos mil muertos incluyeron a civiles, la mayoría siempre. Al 2016 han sido 30 mil, más los que dramáticamente se acumulen. Un destino de república rasgada, con las muertes violentas y desapariciones forzadas de las autoridades municipales. Así crece la desconfianza social y hay que revertir este proceso.  ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )