Escala Crítica/Columna diaria
*Una señal que debe atenderse: un estado de ánimo social alterado
*No confundir justicia comunitaria con actos de venganza o irracionales
*Indígenas en Tabasco, su desarrollo; Campeche, el otro desastre
Víctor M. Sámano Labastida
TEMA de reflexión obligada es el intento de linchamiento contra unos jóvenes encuestadores en el poblado de Ignacio Zaragoza, municipio de Centla. Dos mujeres y tres varones fueron capturados por un grupo de pobladores. La intervención de efectivos de la Marina impidió que ocurriera un crimen en la plaza pública, aunque dos de los agredidos sufrieron graves lesiones. La explicación de los protagonistas del hecho fue que los confundieron con delincuentes.
La empresa SIMO (Sistema de Inteligencia y Mercados de Opinión), con sede en la Ciudad de México, aclaró que los cinco jóvenes están contratados para realizar encuestas. En un comunicado institucional asegura que los agredidos se identificaron plenamente con la policía municipal y con los pobladores.
En octubre del 2015, en el estado de Puebla ocurrió algo similar. Hace casi un año, en el municipio de Ajalpan, Puebla, dos jóvenes fueron asesinados e incinerados por la población. Estas víctimas laboraban para la firma Marketing Research y Servicios.
Como resultado de los sucesos de Puebla, 12 pobladores de Ajalpan fueron detenidos acusados de ser los autores materiales y de azuzar a la multitud. También La policía estatal tomó el control de la seguridad de aquel municipio.
En el caso tabasqueño, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, indicó que las autoridades tiene instrucciones de esclarecer los hechos y garantizar la aplicación del Estado de Derecho.
Los nombres de los jóvenes agredidos son Rogelio Ronzón Rosas, Joshua Villareal Díaz, Eminiley Andrade Alcócer, Rosa Barradas y Francisco Arias.
Se ha insistido en la obligación tanto de autoridades como de la población en mantener el respeto a la ley, en especial porque se debe evitar actos de venganza. Durante el 2015 fue cuando más linchamientos hubo en México. En ese periodo se registraron más de 60 agresiones con esas características. Puebla, Estado de México y Distrito Federal fueron las entidades con mayor número de casos.
Anteriormente, en Tabasco ya se habían registrado linchamientos, aunque por fortuna no con la frecuencia que ocurren en otras entidades. Hay quienes han explicado o justificado los linchamientos como resultado de la indignación de la gente; se dice que es una respuesta a la impunidad y a la debilidad de las autoridades.
Sin duda que la agresividad en las reacciones a los presuntos o reales actos delictivos corresponden a un estado de ánimo social.
Está demostrado que la percepción no corresponde estrictamente a una realidad, de manera que se puede crear la idea de que existe un grave peligro sin que esto sea real. Y la reacción puede ser el miedo o la violencia extrema. Por supuesto que hay que atacar también las causas de facto.
Es muy importante evitar que este tipo de acciones se justifiquen o queden impunes, pero también resulta determinante que la población tenga la confianza suficiente en que la autoridad protegerá a las víctimas y no a los delincuentes. Sólo con autoridad y confianza, así como con información oportuna, se disminuye el riesgo de agresiones y linchamientos.
Escribió César Noragueda (Hipertextual, 12 de junio 2016) que es importante no confundir un linchamiento como “justicia popular o comunitaria”, como suele suceder en algunos casos que se alegan los usos y costumbres. Señala el autor que la justicia popular se ampara en el derecho consuetudinario, y aunque en el castigo de los comportamientos delictivos no interviene una burocracia estatal “se realiza directamente, dentro de la misma comunidad que ha asumido a determinados miembro suyos como autoridades naturales, quienes ejercen de mediadores entre las dos partes en conflicto”. Aunque no están libres de la arbitrariedad, como no lo está el sistema institucional, los jurados comunitarios se sujetan a ciertas normas. No son actos de venganza.
DESARROLLO INDÍGENA
ESTE miércoles 10 de agosto se realiza en la población de Los Pájaros, Jonuta, el Tercer Encuentro de Promotoras y Promotores Comunitarios Indígenas. El anterior fue en Oxolotán, Tacotalpa. El encargado de estas actividades es el ex dirigente estatal del PRD, Darvin González Ballina, titular de la Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
Sostiene el ex alcalde de Balancán y primer diputado del Frente Democrático Nacional que los cambios en la sociedad se dan gracias a la organización, por lo que es importante la integración que destierra el individualismo y promueve la actividad colectiva. Estas acciones van desde cosas muy sencillas como la limpieza de parques, calles y escuelas, hasta proyectos productivos.
El Primer Encuentro de promotores se realizó en el 2014 en Villahermosa, ocasión en la que estos entregaron un listado de 158 obras consideradas como prioritarias por las comunidades. Como parte de las acciones referidas a los pueblos originarios, el Congreso local anunció una serie de actividades del 23 al 25 de este mes. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas que hay en Tabasco unas mil comunidades con presencia indígena, aunque sólo se atiende a unas 141 de manera formal.
TAMBIÉN EN CAMPECHE
NO SÓLO en Tabasco. Resulta que el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que recibió la administración estatal con un “desastre” económico, además de los efectos de la crisis por la caída de los precios del petróleo. El mandatario de origen priista se refirió así a su predecesor también del PRI, Fernando Ortega Bernés, a casi un año de asumir el poder. Adelantó que hay procesos contra presuntos actos de corrupción de funcionarios del anterior gobierno.
En su primer informe indicó que logró ya diversificar una economía que estaba sustentada casi exclusivamente en los ingresos por explotación de petróleo. Campeche, al igual que Tabasco, es objetivo de un Plan de Recuperación Económica. En aquella entidad se perdieron ya 22 mil fuentes de empleo, la mayoría especializadas, en Ciudad del Carmen. Aunque presumió que el suyo es el estado “con el menor índice delictivo de todo México”.
Campeche es uno de los estados más afectados no sólo por la caída del precio de crudo, sino por la declinación de la extracción en los yacimientos de la Sonda de Campeche. Uno de los casos más notorios es el de Cantarell que llegó a aportar el 80 por ciento del crudo nacional y bajó a apenas un 8 por ciento. Los yacimientos en Tabasco se ofrecen como sustitutos, aunque en la zona marina requieren una enorme inversión no disponible todavía. (
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