Escala Crítica/Columna diaria
*Se requiere un plan de reactivación mucho más ambicioso
*El 68, Ayotzinapa y los símbolos; una puerta que no cierra
*Nubes en el horizonte: reclamo social y un sistema entrampado
Víctor M. Sámano Labastida
El presidente Enrique Peña Nieto visitó Tabasco nuevamente ayer. Estuvo en Huimanguillo para inaugurar una planta industrial de procesamiento de madera. Es la tercera visita oficial en lo que va del año. La más reciente, en mayo pasado, cuando instaló el llamado Plan de Reactivación Económica para Tabasco y Campeche. La presencia del mandatario federal ocurrió cuando las condiciones tanto para su gobierno como para el estado no son las mejores. Se vive una crisis.
Es conocida la baja popularidad del presidente así como las dificultades en materia de seguridad, economía y de percepción pública. Peña Nieto se ha quejado de que no se cuenta lo bueno de su administración, que ya lleva 46 meses. Sólo le restan 26, poco más de dos años.
Dos son los asuntos más importantes para Tabasco en estos momentos: el de la seguridad pública y el del empleo. En los dos casos, existe la percepción de que en buena parte se trata de asuntos que tienen que ver con la acción estatal pero sobre todo con la acción federal. El presidente Peña Nieto no le ha cumplido a Tabasco, difundieron ayer medios influyentes en el estado. Por supuesto que la dirigencia y los representantes del PRI, así como del gobierno federal en Tabasco tienen una opinión distinta.
La corrección política del gobernador Arturo Núñez –y la institucionalidad con que se comporta- ha hecho que sus reclamos sean mesurados, pero no exentos de preocupación. En lo que me parece puede haber una coincidencia es en los graves efectos que para Tabasco han tenido tanto la reforma presupuestal del 2007 –aplicada a partir del 2008- y la reforma energética del 2014. A esto se suma el impacto de la caída de los ingresos petroleros así como la disminución en la cantidad de extracción de los hidrocarburos. Sin desconocer, por supuesto, que como entidad petrolera Tabasco paga los costos de la imposición de una economía extractiva.
Como lo hemos comentado en otras ocasiones, más allá de quien sea responsable de lo que ha pasado y lo que ocurre, Tabasco necesita otra economía, un desarrollo distinto.
EL ROSTRO DE LA IMPUNIDAD
SE ACERCA octubre y con este mes una fecha simbólica para México. En el imaginario nacional, el 2 de octubre de 1968 aparece como un símbolo de la cerrazón del Estado Mexicano ante sus jóvenes. A 48 años de la noche de Tlatelolco, todavía se discute el número de muertos y desaparecidos. Las investigaciones periodísticas documentan 300 muertos y mil desaparecidos. El Estado Mexicano reconoció 48 muertos en la Plaza de las Tres Culturas. No más. De los desaparecidos, que hable el silencio.
El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, ausente en la prueba de la parafina, ni siquiera reconoció la cifra oficial en 1976: “Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40, entre soldados, alborotadores y curiosos”. Extrañas cuentas, donde aparecen los estudiantes como “alborotadores”, y como “curiosos” los ciudadanos que manifestaron apoyo a las marchas estudiantiles. Ese lenguaje no tuvo desperdicio: delató el corazón autoritario de Díaz Ordaz. Ante la pregunta del 68 como “un hecho que ensombreció la historia de México”, respondió orondo: “Disiento totalmente del criterio muy personal de usted de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos”. Es historia conocida: el discurso del poder como acto malabarista de ocultamiento. Aunque los hechos no cuadren, la versión oficial eliminará el impacto social, la trascendencia y significados de un suceso público.
En el lado opuesto de la impunidad, con gran intuición sobre el sistema político mexicano, los límites de cualquier comisión de la Verdad sobre el 68 y Tlatelolco: “No hurgues en los archivos, que nada consta en actas”, escribió Rosario Castellanos. Esa frase recorre como un cuchillo el caso Ayotzinapa: 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Ambos acontecimientos no son equiparables en sentido histórico. Sin embargo, hay puntos en común que deben meditarse: 1) la desaparición y muerte de jóvenes indefensos y desarmados; 2) la indignación nacional por la impunidad de la acción violenta y el quiebre del estado de derecho; 3) el reclamo social por investigaciones oficiales deficientes.
ASUNTOS JURÍDICOS PENDIENTES
En el caso Ayotzinapa, los supuestos autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas fueron Sidronio Casarrubias y el “Cabo” Gil, de la banda criminal Guerreros Unidos. En la versión de la PGR, enhebrada por Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam, los estudiantes fueron confundidos con miembros de una banda rival, además de ‘confesiones voluntarias’ y el hallazgo de una osamenta ya identificada en Insbruck, Austria.
Esta versión se juega en los tribunales con una demanda de amparo por tortura que interpuso Casarrubias. Si el juez otorga el amparo por tortura tendría que desecharse la versión de la PGR.
Mientras tanto, el principal investigador de la PGR para este caso, Tomás Zerón, fue separado de esa función. Una sorpresa. Cualquier corroboración de hechos o versiones sobre Ayotzinapa debería pasar por su escritorio en la PGR. Zerón estuvo confrontado con el grupo interamericano de expertos independientes (GIEI), que en su pesquisa cuestionó la realidad de la pira incendiaria del basurero de Cocula, donde se supone ardieron los 43 cuerpos. Pero Zerón fue “separado del caso Ayotzinapa y ascendido para atender cuestiones estratégicas de seguridad nacional”. Sólo pasa en México.
Jesús Murillo Karam, detentador mediático de “la verdad histórica” sobre Ayotzinapa, no fue ascendido y sí retirado del servicio público. Su silencio se ha roto dos veces, en entrevistas a modo. Su tono es parecido al de Díaz Ordaz: “Ayotzinapa es una investigación terminada, y bien terminada: 115 detenidos no son pocos”. La impunidad persevera en la historia de México: garantiza el quiebre del Estado de Derecho y el descrédito institucional. El tiempo del poder impune se recrea en Tlatelolco y Ayotzinapa. Habrá que perseverar: no sólo en la memoria. (
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