www.ventanasur.com

*Frente a la violencia, más que otra violencia buscar la eficacia legal

*Más de 13 millones de armas sin permiso; ingreso ilegal 730 mil por año

*Suben de tono los reclamos contra el PRI nacional; no escucha, dicen

 

Víctor M. Sámano Labastida 

 

POSICIONES contradictorias aparecen en el debate sobre cómo atender la inseguridad. Desde propuestas extremas como la del PVEM que utilizó como lema de campaña electoral la “pena de muerte a secuestradores”, pasando por la insistencia actual del PAN para que se amplíe el derecho a la legítima defensa con la muerte a quien asalte un domicilio. Otra vez, los tiempos electorales.

Mientras, por otro lado, el nuevo sistema de justicia penal prevé la libertad a quien sea detenido por portación ilegal de armas, medida impugnada por los gobernadores y procuradores. Otro motivo de desacuerdo es la prevista liberación de reos que sean considerados no peligrosos. Hay unos a favor otros en contra de la medida. Es una interpretación  confusa, alerta José Ramón Cossío, ministro de la Corte.

 

UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA

 

MIENTRAS eso sucede, la cifra de homicidios en el país llega a niveles históricos y las cárceles no son suficientes para retener a un número cada vez mayor de delincuentes y presuntos. Sobre las prisiones, mucho menos pensar en sistemas efectivos de readaptación y reinserción social. 

Debemos admitir que nuestra sociedad no es capaz siquiera de asegurar la inserción social –en condiciones de vida digna- de un segmentos de la población clasificada en “alta marginación” – calculada en más de 25  millones de personas- y que no toma en cuenta a la población urbana que vive en otra falta de oportunidades que los hace vulnerables a la delincuencia. La pobreza, lo sabemos, es una forma de violencia social y económica.

Si usted observa con detenimiento nuestro entorno, posiblemente llegue a la conclusión que damos vuelta a la noria; estamos en un círculo vicioso. Es un ambiente en el que pueden surgir respuestas contraproducentes, que logren el aplauso público pero que terminen en grave daño para la sociedad.

Recientemente, el senador José Luis Preciado del PAN, propuso legalizar la portación de armas para legítima defensa, aunque su moción fue rechazada por su propio partido.

Resulta contradictorio frente a los esfuerzos por el canje de armas que se realiza en todo México. Se estima que cada año ingresan de manera ilegal a nuestro país unas 730,000 armas y que 13 millones no cuentan con el permiso correspondiente. Anualmente se recuperan mediante el canje poco más de 11 mil armas cada año, por lo que el arsenal sin control sigue en aumento.

En mayo pasado, en Nuevo León, el Congreso aprobó el derecho de matar en legítima defensa; aunque el diputado Marcos Mendoza Vázquez creador de la iniciativa alegó que no es una licencia para homicidas. Mendoza llegó al Legislativo por el PAN pero se declaró independiente. Esa iniciativa ha sido retomada en Tabasco por la diputada panista Solange Soler.

 

EVITAR LA LEY DE LA SELVA

 

ALGO FALLA cuando, por ejemplo, se flexibiliza la ley para procesar a los ladrones de combustible –los llamados huachicoleros-, al mismo tiempo que este problema se convierte en un gran detonante de violencia. Es también un delito vinculado a factores de carácter social, como lo hemos visto en poblaciones enteras ubicadas por donde pasan los ductos. 

Estamos, como se observa, ante hechos complejos. Como parte de la respuesta a la incapacidad, negligencia o insuficiencia del Estado, en algunas comunidades han retomado los esquemas de policías comunitarias, muchas de ellas con raíces históricas y otras de reciente creación. Otra variante han sido los grupos de autodefensa. Siempre existe el riesgo que sean controlados por la delincuencia organizada.

Podría decirse que una variante de la autodefensa o policía vecinal sería el sistema de cuadrantes que actualmente se aplica en algunas colonias de la capital tabasqueña. Este esquema podría evitar que en algunas comunidades recurran al nebuloso recurso de los “usos y costumbres” que llegan a encubrir abusos cuando no están arraigados en un código ético de la población.

AL MARGEN

PRIMERO fueron César Augusto Santiago y Ulises Ruiz, a los que se sumaron Patricio Martínez, Ivonne Ortega y Manlio Fabio Beltrones. Ahora es el ex gobernador de Campeche, Antonio González Curi, quien criticó la cerrazón de la dirigencia que encabeza Enrique Ochoa Reza en el PRI. Y las exigencias incrementarán conforme se acerque la asamblea nacional de agosto  próximo.

Hemos comentado que hay en ese partido la lucha de numerosas corrientes pero agrupadas por lo menos dos bloques. Uno es incondicional al presidente Enrique Peña Nieto, a quien representa Ochoa Reza. Otro bloque se identifica con los llamados “priistas históricos”, mientras que la mano de Carlos Salinas se afirma que opera en las sombras. 

En un largo –e interesante- desplegado difundido ayer, González Curi acusó a su dirigencia nacional de no escuchar y de mantener abandonadas a las dirigencias estatales donde el PRI no es gobierno. 

Dice González Curi: “En el año 2000 teníamos  21 gobernadores del PRI, en 2017 tenemos 14. Destaca el papel del PRI en la Ciudad de México. Su estado es crítico; con el 9% de la votación y conducido por un dirigente sin identificación, ni trayectoria priista”. Los reclamos suben de tono. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )