Escala Crítica/Columna diaria
*El decálogo de AMLO y la necesidad de revisar métodos obsoletos
*Estado, monopolio de la fuerza, mano dura y construcción de confianza
*Llega Raquel Buenrostro al SAT; pieza clave en las finanzas
Víctor M. Sámano Labastida
LA SEGURIDAD pública, la prevención y el combate a la delincuencia ya no son asuntos solamente locales o estrictamente federales. Las fronteras son porosas, el desplazamiento de individuos y bandas, así como el “contagio” de la criminalidad ha rebasado la clasificación y atención delictiva tradicional. Connotados juristas como Baltazar Garzón han ido más lejos al proponer la revisión del carácter transnacional de los ilícitos que impactan a la humanidad. Se habla de algunos delitos financieros y ambientales, pero también ahí cabe el tráfico de armas y de drogas.
Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesaria coordinación y colaboración entre gobiernos federal, estatales y municipales en las tareas de seguridad. Por cierto no es sólo seguridad ciudadana, sino para toda la población. Un ingrediente que sigue faltando es el de la participación social organizada, al tiempo de aprovechar las experiencias comunitarias.
CORRUPCIÓN Y COMPLICIDAD
MIENTRAS el titular federal de Seguridad, Alfonso Durazo, habló de la existencia de una “delincuencia uniformada” –como referencia a la corrupción en los cuerpos policiacos-, el presidente López Obrador enlistó un “decálogo” para garantizar la paz y la protección pública. Destacan dos preocupaciones principales y que corresponden directamente a las autoridades: no permitir la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad y marcar una clara línea divisoria con la delincuencia. Es decir, apuntó, “que no gobierne la delincuencia”.
Otro reclamo y recomendación fue que se coloque en el centro de las ocupaciones de los gobiernos estatales y municipales la demanda de seguridad pública, de forma que no se delegue y la atiendan de manera directa. De alguna manera busca que se replique su ejemplo: todas las mañanas se reúne con el gabinete de seguridad para hacer un balance y proyectar acciones.
Vuelve a la agenda la necesidad imperiosa de mejorar el desempeño de las policías estatales y municipales, atender el déficit de elementos (en calidad y en cantidad), así como sus condiciones de laborales.
Se han realizado ya diversos diagnósticos nacionales sobre el desempeño y características de las policías preventivas y los órganos de administración de justicia. Como resulta lógico, en los recuentos hay varios estados que salen mal evaluados –ya no se diga en el caso de los municipios-, y el resultado no ha sido una sana autocrítica sino la descalificación o las interpretaciones sesgadas. Hace falta despersonalizar y despartidizar un tema tan importante y delicado.
En este asunto en particular la polarización de los participantes e involucrados institucionales sólo favorece a los delincuentes. Se requiere confianza y colaboración plena.
LA MANO DE HERNÁN
DECÍAMOS ayer que en el combate y prevención de la delincuencia no bastan los abrazos; agreguemos que no necesariamente hay que recurrir a los balazos, pero sí a una labor de investigación e inteligencia más eficaz. El Estado es el depositario del uso de la fuerza legal, reservada de manera gradual como “último recurso” y legitimada por los fines. Es evidente que no puede y no debe renunciar al ejercicio de su autoridad en beneficio de la convivencia social.
Ayer, el nuevo secretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena advirtió que habrá “mano dura” contra la delincuencia, un término que sin duda motivará polémica. Por eso quizá aclaró que esto se hará dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Estimó que Tabasco tiene “un retraso de 12 años de no atender la prevención y la procuración de la justicia”, también que hace falta una mayor colaboración de la población en tareas de prevención y denuncia.
La clave, como el mismo funcionario reconoció, está en la confianza hacia los representantes de la autoridad. Existe entonces el reto en un sentido doble: trabajar al interior de las corporaciones y una intensa comunicación con la población. Aunque no es tarea sólo de una corporación ni de únicamente de un gobierno.
AL MARGEN
LE COMENTÉ en este espacio que el nombre de Rosalinda López Hernández volvió a mencionarse como fuerte candidata a la dirección del Sistema de Administración Tributaria (SAT), luego de que Margarita Ríos Farjat fue designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ex diputada y ex senadora tabasqueña no sólo goza de los afectos y la confianza del presidente López Obrador, sino que se desempeña actualmente como titular de la Administración de Auditoría Fiscal del SAT, un cargo estratégico.
Finalmente, como se anunció ayer, la designación en el SAT recayó en Raquel Buenrostro Sánchez, quien despachaba como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. Había ya colaborado con López Obrador cuando éste fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, donde tuvo bajo su responsabilidad la Dirección de Política Fiscal, con Carlos Urzúa como Secretario de Finanzas.
Destacó López Obrador que en la Oficialía Mayor de Hacienda, “hizo muy buena labor este año porque decidimos, como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad, concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la oficialía Mayor de Hacienda y esto nos permitió este año ahorrar más de 200 mil millones de pesos…” El lugar de Buenrostro Sánchez será ocupada por otra mujer: Thalía Lagunas Aragón, procedente de la coordinación Técnica de la Presidencia de la República.
