Escala Crítica/Columna diaria
*Ni amnesia, ni amnistía, ni complicidad,dice Núñez
*En 1983, la primera contraloría federal; ahora un fiscal
*Tabasco necesita una reingeniería institucional: Lezama
Víctor M. Sámano Labastida
EL FIN DE SEMANA pasado, el gobernador electo de Tabasco Arturo Núñez inició una serie de visitas a los 17 municipios del estado como parte de lo que denominó giras de agradecimiento por el voto. El abanderado del Movimiento Progresista obtuvo más de 547 mil votos en la elección de julio. Ganó en 14 de los 17 municipios, aunque 10 alcaldías fueron para la coalición de izquierda y otros siete para la coalición del PRI.
Después de reunirse con el gobernador en funciones Andrés Granier, Arturo Núñez programó sus visitas a los municipios tabasqueños. De la recepción realizada en Emiliano Zapata, las noticias destacan su afirmación de que no habrá ni amnistía ni amnesia para “los saqueadores de Tabasco”.
Se entiende que habrá castigo para quienes hayan hecho uso ilegal de los recursos públicos, pero que también no permitirá que esto ocurra durante su administración.
CUENTAS: JUEZ Y PARTE
ASEGURÓ enfáticamente Núñez: “A quienes supongan desde nuestras filas, desde el equipo que vamos a integrar que ahora será nuestro turno para robarle a los tabasqueños, desde ahora les digo que se confunden, pues para eso no se luchó por más de 24 años; no es nuestro turno de saquear a Tabasco, sino la oportunidad de servirle”.
El gobernador que asumirá en enero próximo sostuvo que se aplicará la ley donde sea necesario, pero que no habrá ni persecuciones por motivos personales ni por motivos partidistas. No al ajuste de cuentas, pero sí a la rendición de cuentas.
Cabe recordar que una de las propuestas del próximo gobierno es el establecimiento de una fiscalía anti corrupción. Propuesta similar tiene el presidente electo Enrique Peña Nieto; también fue insistente el reclamo contra la corrupción de los candidatos del PAN y del PRD, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador.
El combate a la corrupción ha sido uno de los compromisos de los gobernantes por lo menos desde los años ochenta, cuando se fundaron las primeras contralorías.
La Contraloría General de la Federación. La primera en su tipo, fue establecida a nivel de Secretaría en 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid y como resultado de una campaña electoral basada en lo que denominó “renovación moral de la sociedad”, proyecto en el que tuvo especial importancia la actividad de Samuel del Villar a quien se recuerda como Procurador del Distrito Federal durante la Jefatura de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.
Aunque el cargo de Contralor parecía destinado a Del Villar, el entonces presidente Miguel de la Madrid se decidió por Francisco Rojas. Se mantuvo como Secretaría de la Contraloría de 1983 a 1984, cambiando su denominación a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de 1994 a 2003. Durante el gobierno de Vicente Fox pasó a ser Secretaría de la Función Pública.
Un debate interesante cuando inició sus actividades la Contraloría federal fue la conveniencia de nombrar como responsable a un personaje ajeno al partido gobernante, PRI para que “no fuera juez y parte”. No sucedió, pasaron varios años hasta que en 1994 un militante de oposición, Antonio Lozano Gracia, entró al gabinete tricolor pero en calidad de Procurador.
¿Llegó la hora en que el fiscal anti corrupción sea de un partido distinto al gobernante? Es posible.
EL AGUA, LO BÁSICO
EN TABASCO no se han podido erradicar “ninguna de las plagas que abundan en la selva y en su estructura social y política”, sostiene el investigador del Colegio de México, José Luis Lezama, quien enumera estos elementos nocivos: “la labor destructiva de Pemex, los efectos desastrosos de los grandes proyectos agropecuarios, la deforestación, la ganadería extensiva, las grandes obras hidráulicas y la urbanización contra natura”.
En una colaboración reciente en el diario Reforma (Tabasco: reconstruir el 'Paraíso', 22/IOX/2012), Lezama recordó aquella obra publicada en 1983, coordinada por Alejandro Toledo y en la que colaboraron Héctor Ferreira y Arturo Núñez, actual gobernador electo de Tabasco: “Cómo destruir el paraíso. El desastre ecológico del sureste”, un libro fundamental para comprender el proceso de degradación de las riquezas y la potencialidad de esta región del país.
Comenta Lezama que aquella obra de Toledo, Ferreira y Núñez es sorprendente “en su actualidad respecto al diagnóstico. Plantea aspectos cruciales para el entendimiento de la centralidad del agua, a la que llama el "recurso de recursos", por encima del petróleo, para entender y mantener la fábrica natural de la vida y la biodiversidad del territorio tabasqueño, la tremenda vinculación entre el recurso hídrico, los nutrientes, la energía, el sistema de la vida y lo crucial que resulta para la potencialidad productiva de la región el "mantenimiento del patrón natural de circulación del agua". Cuestiona la política de construcción de las grandes presas que, al menos en su propósito de controlar las inundaciones en la llanura tabasqueña, han sido un fracaso. Las presas han privilegiado la generación de energía eléctrica sobre el control de las inundaciones, lo cual es un importante factor que explica la del 2007”.
Precisamente poco después de la catástrofe tabasqueña tuve oportunidad de entrevistar a Lezama en su estudio de la Ciudad de México. Hablamos entonces de los “grandes y pequeños proyectos” generalmente impuestos desde fuera del estado y ajeno a los intereses y necesidades locales.
Ahora observa Lezama la oportunidad de emprender una “reingeniería institucional mayor” para frenar y revertir la crisis tabasqueña. Entre sus propuestas subraya la urgencia de “sacar a la autoridad ambiental del lugar subordinado en que se encuentra hoy día en Tabasco y convertirla en una Secretaría del Desarrollo Sustentable que marque los criterios ambientales, la ´ecología prudente´” porque, sostiene que “ninguna de las instituciones ambientales, sean federales o estatales, tiene la capacidad hoy día, a pesar de contar con leyes e instituciones de primer mundo, de contener la labor depredadora de los grandes agentes económicos”.
En un sentido parecido, el investigador veracruzano Rafael Vela Martínez comentó en otra ocasión la importancia de establecer una especie de contraloría social ambiental toda vez que estaba demostrado la ineficacia o los intereses ajenos a la comunidad con los que operan las instancias federales en la materia. Es oportunidad de pasar del estudio y el diagnóstico a la aplicación de las propuestas. (
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