Escala Crítica/Columna diaria
*Seis gobiernos los suprimieron, 23 lo modificaron
*Ingresos por tenencia “amarrados” a apoyos federales
*El derecho a saber, la reforma laboral, la burocracia
Víctor M. Sámano Labastida
EL IMPUESTO de la tenencia vehicular federal fue eliminado a partir de este año. Antes, el gobierno central lo había trasladado a los estados: era federal pero lo recaudado se quedaba en las entidades, de manera que se convirtió en la práctica en una recaudación estatal. Los diputados del PRI propusieron en Tabasco que este gravamen sólo se aplique a los vehículos con valor superior a los 300 mil pesos; desde el establecimiento del IEV en 2011 la exención benefició a los propietarios de los automotores de hasta cien mil pesos.
Apenas al inicio de esta semana, el gobernador electo Arturo Núñez dijo en entrevista que estaba valorando la eliminación del gravamen, lo que fue interpretado como un replanteamiento de su oferta de campaña. Habrá que recordar que los tres aspirantes a la gubernatura -–PRI, PRD. PAN—aseguraron que quitarían este impuesto estatal. Como federal ya no existe.
UNOS SÍ, OTROS NO
HASTA LA FECHA, sólo dos gobiernos mantienen íntegro el cobro de la tenencia, Baja California Sur (gobernado por el PAN) y Nayarit (gobernado por el PRI). Sólo se suprimió completamente en Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sonora y Chiapas. También se hizo en Chihuahua pero se sustituyó por pagos únicos de 300 pesos a los propietarios de automóviles, y otros cobros diferentes para camiones, remolques y motocicletas.
No existe una política uniforme porque lo mismo es suprimido un impuesto por un gobierno del PRI, PAN o PRD, que es aplicado por otro del mismo partido.
Tabasco se encuentra entre los 23 estados en los que el impuesto federal fue sustituido por un gravamen local, pero que establecen “subsidios” y otras modalidades para no dejar de percibir ingresos por esta vía. Cabe recordar que siendo una recaudación estatal, la Federación compensa cada peso que se obtiene.
Diversas son las medidas establecidas por los gobiernos para cobrar ahora lo que fue un impuesto federal. ¿EL resultado? Que los propietarios de vehículos son tratados de manera diferenciada, según el lugar de la República en la que declaren su domicilio. Un buen tema para quienes se dicen constitucionalistas en la interpretación de la existencia de ciudadanos de primera y segunda en materia de impuestos estatales. Hay, claro, otras normas que –como se dice coloquialmente- hacen iguales a los mexicanos, “pero unos más iguales que otros”.
Un caso curioso es el de Durango donde quienes adquieren autos nuevos sólo deben pagar un peso de tenencia, si pagan en los primeros quince días de su compra. Poco falta para que los gravámenes o exenciones se establezcan en función del color de la unidad.
Ya en serio, antes de las modificaciones al impuesto vehicular en Tabasco, la captación representaba ingresos directos por unos 350 millones de pesos; con la reforma la captación bajó a unos 250 millones de pesos anuales. La captación indirecta por la suma de las aportaciones federales eleva los ingresos en montos que pueden superar los mil millones de pesos. Es algo que los conocedores denominan Índice de la Recaudación Federal Participable.
Para decirlo en pocas palabras: es posible que el nuevo gobierno logre encontrar una fórmula para eliminar o sustituir la tenencia vehicular, pero tendrá que aplicar también mecanismos que le permitan contar con recursos suficientes para cumplir muchas otras expectativas. ¿Cómo hacerlo si aún no conoce cómo encontrará la Hacienda pública?
Aplicar impuestos es lo más impopular que puede hacer un gobierno, quitarlos es garantía de aplauso. Pero de la misma forma un gobierno que garantiza los servicios es bien visto, aquel que niega o no puede dar los servicios debe enfrentar el reclamo público.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
MAÑANA se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, básicamente referido a la obligación que tienen los gobiernos y las entidades que reciben recursos públicos a informar a la población. En México existe una Ley Federal y 32 normas estatales de acceso a la información.
Según los activistas José Manuel Arias, Hugo Ireta, Javier Herrera,
María Elena Abreu y Laura Camelo, en Tabasco no se garantiza el ejercicio pleno de este derecho por lo que proponen que se reforme la Ley estatal de transparencia para que se “ciudadanice” la selección de los próximos consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información mediante una convocatoria pública. De esta manera, sostienen, se podrá garantizar que los integrantes del organismo respondan al interés de la comunidad y no de grupos de poder.
AL MARGEN
ME COMENTA don Jorge Bates respecto a la colaboración en la que referí la composición de los gabinetes estatales que en Tabasco habría que considerar a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo como una Secretaría de Estado, porque es el rango que le otorga la Ley Orgánica respectiva aunque en el organigrama da la impresión de “una especie de ayudantía” del gobierno estatal.
En efecto, la Consejería Jurídica tiene como función atender los asuntos jurídicos de todas las dependencias, organismos desconcentrados y descentralizados. También, por solicitud expresa, puede dar servicio a los ayuntamientos. Serían, entonces, 14 secretarías las que conforman el gabinete actual en Tabasco a ese nivel. En el país hay estados con 17 y 18 de estos cargos, y otros con diez.
COMO EN CASI todo el país, en Villahermosa miles de trabajadores marcharon en rechazo a la iniciativa del presidente Felipe Calderón para reformar la Ley del Trabajo. El contingente estuvo integrado por sindicalizados del sector educativo STAIUJAT, SITET y Conalep, así como por miembros del Partido del Trabajo y le Movimiento YoSoy132 Tabasco.
Los manifestantes llegaron hasta la sede del Congreso local, donde entregaron un pliego con sus reclamos. Ayer jueves, en omisiones fue aprobado “en lo general” el paquete de las polémicas reformas: 21 del PRI, PAN y PVEM a favor, ocho del PRD, PT y PMC en contra y la abstención de Panal. A partir de hoy se discutirán los asuntos reservados y a más tardar el lunes deberá ser votado en el pleno, donde el PRI tiene mayoría y seguramente contará con el respaldo del PAN.
El tema laboral llegará a la Suprema Corte y también seguirá en las calles, manifestaciones. Debates. (
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