Escala Crítica/Columna diaria
*Buscan sindicato y partido aliancista salvar de purga
*Operación de lavado de dinero en Tabasco, una ruta
*Necesaria más difusión a consulta popular de PLED
Víctor M. Sámano Labastida
CUANDO se concretó la captura de Elba Esther Gordillo la atención pública y de los equipos de inteligencia del gobierno federal se dirigió a dos de los brazos operativos de “La Maestra”: lo que queda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Partido Nueva Alianza. Sobre las fuerzas sindical y política del Clan Gordillo ya existía desde hace meses un marcaje permanente, pero sigiloso. Una de las virtudes del golpe asestado el martes 26 de febrero fue la discreción de los operadores.
El SNTE había perdido más de una tercera parte de sus integrantes, por el surgimiento de sindicatos estatales. Otra sangría la vivió desde el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1979; aunque no emigraron del SNTE, se integró un bloque de secciones y delegaciones disidentes.
El SNTE fue durante varias décadas uno de los soportes del PRI, hasta la ruptura de Gordillo con Roberto Madrazo en el 2005. Desde meses antes la lideresa había venido formando su propia fuerza partidista que desembocó en el Partido Nueva Alianza. Su primera participación electoral fue en el 2006 e hizo una alianza “de facto” con Felipe Calderón (PAN).
Como mecanismo de “control de daños”, los dirigentes del Panal se han deslindado de Gordillo a quien reconocen sus apoyos y para quien piden un proceso justo. Los hijos, nietos y otros familiares de la profesora Gordillo ocupan cargos en ese partido. Mónica Arriola Gordillo es secretaria general.
Con gran habilidad, la profesora Gordillo y sus operadores lograron en muy poco tiempo colocar a Nueva Alianza en posiciones de poder en 15 estados, donde hicieron coaliciones con los partidos y candidatos ganadores.
En Tabasco, donde fue en alianza con el PRI, aunque el tricolor perdió las elecciones el Panal logró tener por fin un diputado. Ahora ese partido tiene que evitar que el remolino lo arrastre.
UN CEREBRO DELICTIVO
CON LA CAPTURA y enjuiciamiento de la profesora Elba Esther Gordillo por apropiación privada de recursos públicos, así como por el discurso de Enrique Peña Nieto, fue casi obligado dirigir la atención a otros casos notorios no sólo de los viejos líderes de los sindicatos corporativos -petroleros, mineros, ferrocarrileros, etcétera-, sino también de ex gobernadores como Humberto Moreira y Andrés Granier, o Emilio González quien hoy deja el cargo. Entre muchos otros.
Durante una entrevista radiofónica del gobernador tabasqueño Arturo Núñez con Leonardo Curzio ayer los temas obligados fueron el caso de Gordillo y el de Granier Melo.
El gobernador tabasqueño explicó parte del modo de operación para el fraude denunciado en el estado: “Fueron a dar a una cuenta llamada concentradora, en el sentido de que ahí se hacen transferencias de recursos federales, pero también locales, y de ahí retirados a base de un gran número de cheques que nunca pasaron ninguno de ellos de tres millones de pesos y que la gran mayoría fueron en efectivo y al portador”. Es lo que se conoce como lavado de dinero.
Dijo Núñez que no fue una conducta exclusiva durante el año 2012, sino “reiterada a lo largo del sexenio”. Por las denuncias públicas que conocemos existió un patrón de conducta en casi todas las secretarías y dependencias, lo que lleva a la hipótesis de que no estamos ante casos aislados: tuvieron su base en un “cerebro financiero”. Voceros oficiales ha soltado un nombre: Amílcar Sala, un ministro sin cartera.
Lo grave, como se ha indicado, es que ninguna de las instancias que deberían prevenir el fraude –Auditoría Superior, Contraloría estatal, Órgano Superior de Fiscalización, Cámara de Diputados- evitó tal desfalco.
No resulta casual que ahora la nueva mayoría en la Cámara de Diputados local vaya por la destitución de Francisco Rullán Silva, titular del OSF.
El 17 de noviembre de 2010, un total de 27 diputados –la mayoría del PRI y sus aliados, y cinco “disidentes” del PRD- votaron a favor de reelegir a Rullán por siete años más en el citado órgano de vigilancia, con lo que el funcionario tenía asegurado el cargo hasta el 2017. Viene despachando en esas funciones desde el 2001. Parece que llegó el final.
MÁXIMA DIFUSIÓN
COMENZARON desde el pasado martes 26 los foros de consulta ciudadana para el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno que encabeza Arturo Núñez. Estas reuniones obligadas por la Constitución y por las Leyes locales deben ser ampliamente difundidas para asegurar lograr la máxima participación, aunque las campañas políticas y los foros temáticos hayan servido como mecanismo de captación de necesidades y propuestas.
Se realizaron ya los foros de “Desarrollo político y democracia participativa”, en Cárdenas el 26 de febrero; el de “Desarrollo económico para la competitividad y el empleo”, el 28 en Emiliano Zapata, mismo día que en Comalcalco se efectuó el de “Salud con calidad y sentido humano y desarrollo integral de la familia”. Así continuarán hasta el 14 de marzo.
Este uno de marzo será la reunión sobre “Seguridad pública y procuración de justicia”, en Huimanguillo, así como el de “Rescate del campo tabasqueño”, en Balancán.
Los ciudadanos aún podrían participar en los de “Finanzas públicas”, el 5 de marzo en Jalpa de Méndez y el de “Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas” en Nacajuca. Se sabe que las ponencias deben ser entregadas dos días antes de la realización del encuentro.
Quedarían pendientes sólo los de protección civil, derechos humanos y género, cultura y deporte, turismo, comunicaciones y transportes, obras públicas, recursos naturales y protección ambiental, proyectos estratégicos, ciencia y tecnología.
AL MARGEN
CUESTIÓN de tiempo. Otra de las minas a punto de estallar que dejo la administración anterior es la del sistema de transporte urbano Transbús. Ayer acudió un grupo de concesionarios a la SCT para solicitar la intervención de José Antonio de la Vega en el pago de 8 millones de pesos por dividendos. También esperan el pago de subsidios. Existe también presunción de fraudes y engaño con lo que fue oficialmente “uno de los sistemas mejor calificados de transporte urbano”. (
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