Escala Crítica/Columna diaria
*En ocho estados 36 corporaciones informales: diputados
*Amenazan a Casa Migrante La 72, temen a crimen organizado
*Anulan notarías de Andrade; quitarán fuero en Veracruz
Víctor M. Sámano Labastida
LAS COMUNIDADES rurales no sólo están expuestas a la creciente ola criminal. También padecen del abuso de quienes supuestamente deberían protegerlos y de la ausencia del Estado. Esa una de las condiciones en las que han surgido y proliferado las denominadas “guardias comunitarias”, aunque en esta generalización cabe de todo: desde sistemas históricamente desarrollados en los pueblos indígenas –como en el caso de Guerrero-, hasta grupos espontáneos de respuesta a situaciones límite o bandas criminales encubiertas.
Ayer la Cámara de Diputados federal aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución para que la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, atiendan el fenómeno de “los grupos de autodefensa civil”. Se pide que realicen “acciones urgentes y contundentes” para que estos grupos “cesen en la realización de los operativos que vienen orquestando”. La propuesta fue del grupo de Nueva Alianza (Panal) con el respaldo del PRI y PAN.
Se argumentó en el Congreso federal que existen unos 36 grupos de autodefensa en ocho estados del país. Erróneamente se equipara a la respuesta organizada y tradicional de las comunidades –le comenté aquí de la tradición prehispánica de los “topiles”- con la “debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras”. PRD y Movimiento Ciudadano manifestaron sus reservas al punto de acuerdo.
Sin duda que el fenómeno de los grupos de autodefensa y policías comunitarios tienen que analizarse en el contexto de la operación de bandas criminales, porque existe también el riesgo de la proliferación de grupos paramilitares. La inseguridad que se afirma combatir puede dar lugar a una mayor inseguridad. Se requiere más que un exhorto. Un tema que deben abordar a fondo los gobiernos.
FRONTERA DE RIESGO
PREOCUPA la grave situación denunciada por los responsables del refugio para migrantes “La 72”, ubicado en Tenosique, Tabasco. Según denuncia del sacerdote Tomás González y del activista Rubén Figueroa, grupos de delincuentes amenazaron con tomar por asalto ese albergue. Los criminales están molestos porque fueron detenidos algunos extorsionadores que cobran cien dólares como “venta de protección” a los indocumentados.
Según las autoridades mexicanas unos 140 mil centroamericanos indocumentados cruzan cada año la frontera sur y se internan a Tabasco y Chiapas en su intento por llegar a Estados Unidos. Cálculos independientes consideran que las cifras son mucho mayores, sin contar a quienes cubren las exigencias formales de migración.
De acuerdo a la publicación Reporte Índigo, en México existen unos 116 refugios de inmigrantes, muchos de ellos atendidos por vecinos no vinculados a ninguna organización.
Las regiones consideradas como “corredores de la migración” (Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas) son altamente peligrosas por la presencia del llamado crimen organizado. Ahí operan bandas traficantes de drogas, armas, personas, mercancías. En agosto de 2010 fueron descubiertas fosas comunes con 72 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, en su mayoría extranjeros indocumentados. De ahí el nombre de “La 72” del refugio de Tenosique.
Según los activistas, los migrantes no sólo son víctimas de los delincuentes sino también de policías sin escrúpulos. Tomás González, conocido como Fray Tomás, refiere que antes llegaba un promedio de dos o tres migrantes a la semana, ahora “recibimos hasta cien al día”. El religioso franciscano llegó a Tenosique hace dos años, recientemente recibió un mensaje presuntamente de una de las bandas criminales: “Díganle al padre que vamos por su cabeza”.
Desde principios de año, organizaciones no gubernamentales solicitaron a las autoridades protección para migrantes y para los activistas que laboran en el refugio tenosiquense. Según el sacerdote Tomás González la ruta de Tenosique es la más peligrosa del país. En tanto, durante una reunión reciente de alcaldes y miembros del gabinete estatal, José Armín edil de Tenosique, planteó el “problema social” que para los municipios de los ríos representa el creciente flujo de indocumentados.
El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, es coordinador de la Comisión de Desarrollo de la Frontera Sur de la Conago. En una de sus declaraciones a la prensa, el mandatario tabasqueño consideró que “urge una receta especial a la frontera sur (…) A marchas forzadas requerimos reconvertir sus condiciones actuales por otras de progreso, desarrollo y prosperidad para las dos partes (México y Guatemala)”.
FUERA LOS FUEROS
MIENTRAS se discute en el Legislativo federal si se elimina el fuero constitucional –o la inmunidad-, en Veracruz el gobernador Javier Duarte (PRI) envió al Congreso de aquel estado una iniciativa de reformas los artículos 30 y 78 de la Constitución Política veracruzana para eliminar la protección procesal a todos los servidores públicos. De aprobarse la iniciativa, sería el primer estado en el que el titular del Ejecutivo, diputados, alcaldes y magistrados, entre otros dejarían de tener fuero.
Aunque para el retiro de la inmunidad –que se ha convertido en impunidad-primero tendrá que haber una sentencia condenatoria respecto a la comisión de un delito. Actualmente, para proceder en contra de un funcionario protegido con fuero en Veracruz primero tienen que acudir a un juicio político.
En el país la inmunidad tiene diversas aplicaciones. En algunos estados sólo procede para servidores públicos surgidos de una elección, mientras que en otros se extiende hasta para consejeros o comisionados en órganos desconcentrados.
AL MARGEN
FUERON REVOCADAS finalmente las 13 notarías entregadas en el 2006 por el entonces gobernador Manuel Andrade, según decisión ratificada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Después de un largo litigio se le concedió la razón al abogado Jorge Arturo Pérez Alonso, quien impugnó la asignación, pero el caso tuvo que llegar hasta la Suprema Corte. Un debate pendiente es la revisión de la Ley del Notariado. Por lo pronto será el gobernador actual quien realice una nueva convocatoria. (
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