Escala Crítica/Columna diaria
*Construir una alternativa, difícil en los municipios
*Falta decisión y vocación para una agenda social
*Comparece Rullán, en privado; denuncias y quejas
Víctor M. Sámano Labstida
MALA señal la escasa participación el domingo pasado de los presidentes municipales en funciones surgidos de la “coalición de izquierdas” en el foro “La política social y los gobiernos progresistas”, organizado en Villahermosa por la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), que agrupa a los ediles identificados con el PRD en todo el país. Sólo acudieron cuatro de los diez alcaldes que “las izquierdas” tienen en la entidad. La AALMAC, es actualmente encabezada por Leticia Quezada.
El foro de Villahermosa es uno de los cinco encuentros que tiene previstos la AALMAC para buscar que su agenda municipal sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en elabora la Presidencia de la República. Aparte del tema de la política social, se realizarán foros sobre “Relaciones Internacionales”, en Cuernavaca, Morelos; “Educación”, en Morelia, Michoacán; “Seguridad”, en Chilpancingo, Guerrero, y “Desarrollo Económico”, en el DF. Los ediles que no pudieron viajar a Villahermosa, ¿irán a Cuernavaca?
Quizá si el gobernador Núñez hubiese inaugurado el foro todos pasarían lista de presente. Son las inercias.
SÓLO CUATRO DE DIEZ
EN EL PAÍS hay actualmente cuatro asociaciones nacionales de presidentes municipales. La Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), integradas por alcaldes priístas que es la más numerosa; la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), con ediles del PAN; la
Asociación de Municipios de México (AMMAC) y la AALMAC, que ahora fue desairada por seis de los diez alcaldes perredistas (¿o morenistas?) tabasqueños.
En el foro de Villahermosa sólo estuvieron los presidentes municipales de Centro, Humberto de los Santos; de Nacajuca, Pedro Landero López; de Centla, Ramón Hernández Sánchez y de Macuspana, Víctor González Valerio. Este último tendrá como tarea integrar al resto de los ediles, puesto que fue designado representante de la Asociación en el estado. Faltaron los ediles de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Tacotalpa. Los otros siete son del PRI.
Se recordará que en otros trienios, los presidentes municipales surgidos del PRD han intentado agruparse en un solo frente, pero casi siempre terminan formando grupos o actuando de manera aislada. Al foro de Villahermosa acudieron, eso sí, autoridades “de las izquierdas” de otras entidades del país.
En el encuentro, Leticia Calzada insistió en la necesidad de que en los programas nacionales de desarrollo se incluyan los planteamientos de la izquierda para incorporar una perspectiva de justicia social con temas como pleno derecho a la salud, seguridad, empleo, educación, bienestar y servicios públicos.
Humberto de los Santos, uno de los cuatro ediles presentes, subrayó la necesidad de “un verdadero federalismo” que le de autonomía y recursos a los municipios. No es posible el desarrollo social, argumentó el edil de Centro (Villahermosa) con programas fragmentarios y si se mantiene una injusta e inequitativa distribución del presupuesto. Actualmente sólo 4% del presupuesto nacional va directamente a los municipios, el 16% a los gobiernos estatales y el 80% se queda en la Federación.
Por supuesto que los municipios tienen que avanzar en una mejor rendición de cuentas, mayor supervisión administrativa y política.
ENREDOS DEL DESASTRE
INSISTIRÁ el PAN en que el nombre de Andrés Granier sea incluido en las demandas penales que el gobierno del estado interpuso en relación al denominado “saqueo” de recursos públicos. El diputado Francisco Castillo dijo que reunieron 10 mil firmas a favor de ese reclamo –6 mil en Villahermosa y 4 mil en los municipios-, aunque el objetivo era un millón de firmas.
Esta última cifra resulta poco menos que inalcanzable, porque sería casi la totalidad de los votantes, tomando en cuenta que los niños y adolescentes no entran en ese registro, a ello súmele que resulta difícil llegar con una campaña de este tipo a las comunidades campesinas y –algo que no se debe perder de vista- sigue existiendo un “voto duro” y “voto de conveniencia” en torno al PRI.
Según afirmaron Castillo y el dirigente estatal del PAN, Jorge Ávalos, de no haber una demanda oficial contra Granier Melo específicamente, ellos interpondrán su denuncia después del 8 de abril. Es posible que lo hagan coincidir con los cien días de gobierno.
Por su parte, el líder estatal del PRD, Roberto Romero, insistió en que hay protagonismo entre los panistas pero los invitó a que concreten el recurso formal y no se queden sólo en la queja. Durante el sexenio pasado los panistas fueron cómplices del régimen, dijo, con palabras similares a las que han usado los dirigentes de Morena.
La interrogante sigue en el debate: ¿es necesario que el nombre del ex gobernador aparezca en las denuncias para que sea investigado?, ¿se integrará como resultado de las pesquisas de la agencia ministerial? Recordemos que hay dos procesos: uno por la disposición de recursos federales y otro que concierne a los recursos estatales.
Como parte de la discusión sobre el manejo y fiscalización del presupuesto público, los diputados locales aún no encuentran el mecanismo para que el actual titular del OSF, Francisco Rullán, sea destituido pero además rinda cuentas. El funcionario comparecerá en comisiones y no el pleno, lo que motivó la molestia de la fracción panista que exige un juicio público.
DERECHOS Y PRIVILEGIOS
TEMA controvertido son las reformas a la Ley de Seguridad Pública aprobadas a principios del 2012 y que establecieron la asignación de guardias a ex gobernadores así como a ex funcionarios de seis dependencias. La protección incluye a familiares de los beneficiados. Ahora el gobierno de Arturo Núñez envió al Congreso una propuesta para revisar y modificar la obligatoriedad de otorgar servicios de seguridad. Pide sujetar esa protección a la disponibilidad de recursos, porque no se debe descuidar a la población en general.
Otra vez se plantea un problema frecuente en el establecimiento de normas: la arbitrariedad con la que los legisladores pueden aprobar un privilegio y los mecanismos para dar marcha atrás. En abril del 2012, un total de 18 diputados votaron a favor de guardias de seguridad para ex funcionarios hasta por seis años; 13 votaron en contra. Además, dijo la entonces diputada Marcela González, “la ley será retroactiva”; esto es que no sólo Andrés Granier tendría guardias sino que podían solicitarlos Manuel Andrade, Roberto Madrazo y otros exmandatarios. (
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