Escala Crítica/Columna diaria
*Rullán Silva, fiscal incómodo; lo interrogan y calla
*Una fracción del PRD lo acusa; el PRI lo defiende
*También el IFE compró un edificio al doble del valor
Víctor M. Sámano Labastida
¿ACIERTO o error? El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso tabasqueño, Francisco Rullán, acudió ayer a una reunión privada con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en donde están representadas las siete fracciones. El funcionario atendió la convocatoria, pero se negó a responder. Mientras el coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Junta, Rafael Balboa aseguró que fue el primer paso para la destitución de Rullán, algunos diputados del PRI se frotan las manos porque consideran que fue una nueva falla de la mayoría perredista.
Dijo Balboa que se trató de “un hecho histórico”, porque por primera vez un fiscal acude a rendir cuentas…aunque sin hablar. Por su parte el PRI no pudo ocultar su decisión de respaldar a Rullán Silva; en un comunicado leído por Erubiel Alonso Qué, pidió que “que no se actué con revanchismo”. La dedicatoria del tricolor resulta obvia porque el fiscal ha sido acusado y señalado públicamente por el PRD, sus diputados y por el propio gobierno estatal.
Aunque Rullán Silva fue ratificado por la mayoría de los diputados para mantenerse en el cargo con otros siete años –esto sucedió en 2010 cuando el tricolor dominaba el Congreso-, ahora que el PRD tiene mayoría no ha encontrado el mecanismo para destituir a quien, en términos estrictos, es un subordinado de los legisladores.
Una explicación de las dificultades del PRD para proceder contra Rullán Silva podría estar en la propia división interna de la bancada solaztequista. Aunque formalmente son 19 los diputados de este partido, sólo seis estuvieron ayer en la lectura del pronunciamiento en contra de Rullán: Leticia Taracena, Verónica Pérez, Verónica Castillo, Javier Cabrera, Ana Bertha Vidal y Araceli Madrigal. Otro diputado del PRD presente en la sede legislativa, Alipio Ovando, manifestó su molestia por un procedimiento que –estimó- favoreció a Rullán Silva.
¿Fue un error la comparecencia en privado?, ¿aparecerá por fin la asesoría legal del PRD que finiquite un asunto que se les ha complicado políticamente? A decir del panista Francisco Castillo, con 24 votos de la mayoría se puede proceder “al despido” del funcionario. La interrogante es si el PRD puede reunir los votos de sus 19 legisladores, y los sufragios del PT, PMC y PAN.
OTRO de los asuntos pendientes del Congreso en Tabasco es el caso del edificio que compraron los consejeros del Instituto Electoral estatal (IEPCT) con recursos públicos y casi al doble de su valor. Un inmueble que costaba menos de 20 millones fue adquirido en 32 millones, a pesar de que 20 millones era de por sí un precio excesivo para la sede de un organismo cuya actividad ocurre de manera intensa cada tres años.
Terminaron su labor los anteriores diputados y no supieron qué hacer con esa irregularidad que no se podía ocultar.
Si eso es lamentable, resulta más preocupante aún que no se trata de un caso extraordinario. Algo similar ocurrió en el Instituto Federal Electoral, IFE.
Este organismo, que alguna vez fue considerado modelo de eficacia y decencia, aprobó en 2009 la compra de un edificio por un total de 262 millones de pesos. Un gasto altísimo.
La contraloría interna del IFE detectó que se había pagado un precio que no correspondía al valor en el mercado. Estimó que el daño patrimonial por esa compra irregular fue de 124 millones de pesos. Pero los consejeros electorales federales votaron en contra del dictamen de su propia contraloría.
Por lo general la población se pregunta a qué se debe que las funciones públicas, la tarea de gobierno, se tengan que realizar en instalaciones costosas y lujosas. Cuando lo que importa es la calidad del servicio.
Y, como ya se vio, a estos gastos excesivos se suma la ambición de quienes deberían estar encargados de cuidar el buen uso del recurso público.
Es más preocupante aún cuando sucede en instituciones, como las electorales, que surgieron precisamente de reclamos ciudadanos para tener un mejor sistema democrático. La democracia también es austeridad y moderación en el gasto público.
PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD
A PARTIR de hoy desaparece el denominado Consejo de Participación Ciudadana establecido en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox. Estuvo integrado por representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación, organizaciones sociales y empresarios. Según lo publicado ayer en el Diario Oficial, esta medida responde a la necesidad de “una reorientación y (…) recomposición de los órganos colegiados” en la Procuraduría General de la República para crear “aquellos que sean compatibles con la nueva estructura”.
Habrá que ver si las modificaciones a nivel federal afectan los mecanismos de participación ciudadana en los estados. En Tabasco, por ejemplo, la Procuraduría local cuenta con Comités de Colaboración Comunitaria y también un Consejo Estatal de Procuración de Justicia. También la Ley de Seguridad Pública considera la existencia de un Comité de Participación Ciudadana en la materia.
GRAVE lo sucedido en Tierra Colorada, Guerrero, donde hombres armados asesinaron a Guadalupe Quiñones, comandante del sistema de policías comunitarios. El hecho provocó la movilización de unos dos mil 500 guardias municipales “para localizar a los agresores”. En Guerrero opera un sistema de seguridad comunitaria no reconocido por el gobierno, pero sostenido en la tradición de los pueblos; tiene por lo menos unos 17 años de integrar una coordinación regional.
Con la formación de grupos de autodefensa y policías comunitarios, el riesgo de la confrontación entre grupos civiles y bandas armadas es preocupante. Estudiosos de la seguridad pública, destacan la importancia de no confundir entre la respuesta organizada de los pueblos –con el aval de las autoridades locales-, la reacción de vecinos antes un ataque (linchamientos) y la acción de comandos armados que actúan como paramilitares.
AL MARGEN
LA FRACTURA en la fracción del PRD en el Congreso no se observa ahora sólo en el caso del fiscal Rullán Silva; fue notoria cuando votaron el exhorto del PAN para demandar a Andrés Granier. Entonces no sólo votaron divididos, sino que nueve no acudieron a la asamblea.
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