Escala Crítica/Columna diaria
*Arresto de Gordillo, mejor; empleo y seguridad, falta
*IEPCT e IFE, los edificios de la discordia y el derroche
*Policías requeridos para que cuiden a ex funcionarios
Víctor M. Sámano Labastida
LA “OPINIÓN PÚBLICA” prefiere lo espectacular a lo trascendente. Por lo menos la mayoría de las ocasiones. Esto lo confirma una interesante evaluación hecha por el diario Reforma a los primeros cuatro meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto (PRI): tanto la población en general como los líderes de opinión tienen como suceso más destacado en los primeros 101 días el arresto de Elba Esther Gordillo.
El comparativo del citado periódico resulta asimismo una referencia a tomar en cuenta: fue Vicente Fox del PAN (2001) el presidente de los cuatro periodos más recientes quien inició su mandato con la más alta aceptación de acuerdo a una encuesta de la misma empresa, hasta un 70%; en tanto, Felipe Calderón (2007) obtuvo en sus primeros tres meses una aprobación del 58%; Ernesto Zedillo del PRI (1995) registró una aceptación en su arranque del 53% y Enrique Peña Nieto (2013) tiene una valoración inicial favorable del 50%.
Resulta evidente que las expectativas abiertas por “el gobierno de la alternancia” con Vicente Fox le daban un alto apoyo ciudadano, lo cual disminuyó en el siguiente gobierno del mismo partido, hasta hacerlo perder las elecciones y enviarlo al tercer sitio de la preferencia ciudadana seis años después.
Con respecto a las acciones de gobierno de Peña Nieto, la mejor valoración la tiene ahora el proceso en contra de Elba Esther Gordillo, seguido de la reforma en telecomunicaciones y de la reforma educativa. Otro asunto bien calificado por ciudadanos y líderes es el Pacto por México.
Publicó el matutino: el sondeo entre 718 líderes de opinión en todo el país tuvo resultados que “contrastan con la opinión de la población en general: entre los líderes, el presidente Peña obtiene un 78% de aprobación a su trabajo, 28 puntos porcentuales por arriba del nivel de aprobación otorgado” por los ciudadanos.
También hay diferencias geográficas: en el norte del país la aprobación ciudadana es mayor (57%) en tanto la menor se registra en la zona centro (41%). Podríamos especular que esto tiene que ver con las expectativas de la gente, pero también con la hegemonía de un determinado partido político o corrientes de interés.
Por sectores hay una percepción favorable de lo que hasta ahora se ha hecho en materia de salud, educación y política exterior, aunque es muy pronto para tener un registro indicativo. En cambio existe un déficit en materia de seguridad pública, combate a la corrupción y empleo.
Aunque los mexicanos, y en particular los pobladores de Tabasco, tenemos muy mala experiencia con las encuestas, por lo menos en las valoraciones del desempeño de los gobernantes hay indicadores que sirven tanto a la población como a los responsables de las políticas públicas.
LUJOS COSTOSOS
ENCONTRARON el camino o midieron la presumible debilidad de sus acusadores: el terreno jurídico. Luego de lo sucedido en el Congreso con Francisco Rullán, quien eludió cuestionamientos y se amparó contra una posible acción de las autoridades, ahora fueron los consejeros del Instituto Electoral (IEPCT) quienes acudieron al Tribunal Electoral para inconformarse con el procedimiento establecido por el Congreso local en el caso del edificio adquirido con un sobreprecio.
Según el Consejero Presidente (interino), Rosendo Gómez Piedra, es la Contraloría del IEPCT la que debe concluir el examen del expediente y emitir una resolución en la polémica compra. Sólo entonces, afirman los consejeros, se podrá definir la sanción y su aplicación. En este asunto también se encuentran involucrados el ex consejero Alfonso Castillo y el ex director Administrativo, Carlos Íñiguez, así como otros ex funcionarios.
No sólo en Tabasco, sucede, también que los consejeros del IFE a nivel nacional están involucrados en una operación irregular por la compra de otro edificio con sobreprecio.
En Tabasco el precio adicional que se pagó por un inmueble fue casi el doble de su valor comercial -32 millones en lugar de 18-, en tanto que los consejeros del IFE según la Contraloría de aquel organismo hizo prácticamente lo mismo –pagó 262 millones por un inmueble valuado en 118 millones de pesos. El pleno de los Consejeros del IFE votó en contra de los argumentos de su contralor. ¿Se dirige el IEPCT por esa ruta?
QUIÉN CUIDA A QUIÉN
SE REQUERIRÍAN en Tabasco diariamente 168 agentes de seguridad pagados con el erario para cumplir con lo aprobado por los diputados de la anterior Legislatura: proporcionar protección personal al ex gobernador, seis funcionarios vinculados al combate a la delincuencia y a sus familiares, según cálculos del consejero jurídico y ex diputado Juan José Peralta Fócil.
De acuerdo al representante gubernamental, esta cifra de 168 agentes sólo para proteger a ex funcionarios y sus familiares resulta del cálculo de un elemento por turnos de ocho horas. Si se requirieran un promedio de tres escoltas por cada beneficiado con tal sistema de seguridad el número de personal sería excesivo.
Las reformas a la Ley de Seguridad para dotar de guardia especial a los ex funcionarios y sus familiares fueron aprobadas por la anterior Legislatura a principios de 2012. Este beneficio debería cubrir al ex gobernador (inclusive a los exgobernadores con vida, llegó a afirmar la entonces diputada Marcela González), a los ex secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, al ex presidente del Tribunal de Justicia, a los ex procuradores y a otros ex funcionarios de la PGJ. Ah, y a sus cónyuges, padres e hijos.
Ocurrió lo que es frecuente al dictar nuevas leyes o reformar las existentes: no se consideraron los recursos financieros, humanos y de infraestructura para cumplir el mandato legal. Ahora el gobierno de Arturo Núñez propuso a los diputados locales adecuar las reformas –“no derogarlas”, aclaran- para que su mandato se ajuste a la disponibilidad presupuestal.
Por ahora, según Peralta Fócil las reformas aprobadas por la anterior Legislatura de mayoría priísta son inaplicables porque carecen de una norma reglamentaria y la asignación de recursos. (
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