Escala Crítica/Columna diaria
*Retomar mecanismo eficaz antipobreza, investigadores
*De Vasco de Quiroga a González Pedrero, cuatro siglos
*Comisión legislativa que audite contratos de Pemex: MC
Víctor M. Sámano Labastida
ES TAN POSIBLE como necesario recuperar la experiencia de los Centros Integradores puestos en operación en 1985, durante el gobierno de Enrique González Pedrero en Tabasco, sostienen los investigadores Baldemar Hernández Márquez, Judith Pérez Castro y Efraín Pérez Cruz. Aunque las condiciones del 2013 no son las mismas que hace poco más de 17 años, podría plantearse un enfoque distinto –con menos recursos económicos-, pero con la misma idea de integración territorial y social, así como para la dotación de servicios.
Quizá algunos lectores no estén familiarizados con la concepción y desarrollo de los Centros Integradores en Tabasco a finales de los ochenta, pero podría decirse que no fue una idea novedosa sino la recuperación y adecuación de una experiencia aplicada por Vasco de Quiroga en la Ciudad de México y en Michoacán durante el Virreinato. Una extraordinaria labor humanitaria y de desarrollo realizada entre 1532 y 1560.
Vasco de Quiroga, conocido como Tata Vasco, fundó los llamados “pueblos-hospitales”, no en el sentido de las clínicas de atención médica, sino de zonas hospitalarias (de hospedaje) para el desarrollo de las capacidades de los indígenas.
Podría añadir este columnista, desde una experiencia particular, que los Centros Integradores también tendrían como referencia el modelo de las “ciudades-plaza” o “ciudades-mercado” de las comunidades prehispánicas y que todavía sobreviven en algunas localidades indígenas. Son poblados que por su ubicación y tradición funcionan como centros de encuentro, intercambio de productos y ubicación de servicios básicos para los habitantes de las comunidades dispersas.
ANTES DE LA COLONIA
EN LA SEGUNDA mitad de los años ochenta, Enrique González Pedrero logró concretar un proyecto iniciado desde el inicio de su gobierno: establecer 185 Centros Integradores para más de 2 mil 600 comunidades que permanecían aisladas o semi aisladas. “Tabasco era un archipiélago”, explicó el político tabasqueño, de manera que se propuso primero terminar una red de caminos y carreteras, así como puentes para superar el obstáculo de los centenares de cuerpos lagunares y ríos que caracterizan al estado.
La obra física –carreteras, escuelas, clínicas- tenía que dar paso a la acción política social, señalan Hernández Márquez, Pérez Castro y Pérez Cruz, en un estudio realizado para un reciente encuentro en la UJAT sobre el desarrollo.
La idea de los Centros Integradores, apuntan, tenía que llevar al “rescate de las potencialidades primarias y aprovechar todas las ventajas productivas que tiene Tabasco para que el trabajo en el campo recobrara su importancia frente al de otras actividades, como la del petróleo; de modo que el proceso de desarrollo no dependiera de un solo producto, sino de la integración de todo lo que puede producirse y transformarse en la entidad”.
Anotan: “Siendo los Centros Integradores un medio para rescatar a las pequeñas comunidades dispersas de la marginación y la pobreza”, estos espacios pudieron “ser la fuente generadora de una riqueza socialmente necesaria y acorde con la naturaleza, la cultura y la capacidad propias de Tabasco”.
Citan las palabras de González Pedrero: “El ideario de (Vasco de) Quiroga, resumido en las Ordenanzas para las poblaciones-hospitales de Santa Fe, abarca la comunidad de bienes; la integración de las familias; la participación de los habitantes de las ciudades en el trabajo de campo; la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones, el trabajo común”.
ABANDONO DE LA PRODUCCIÓN
AQUELLOS CENTROS Integradores en Tabasco, de finales de los años ochenta, fueron modelo que buscaron retomar en otros estados. Eran poblaciones con un inventario de equipamiento para facilitar el acceso a los servicios públicos básicos, educación hasta nivel preparatoria, atención a la salud, infraestructura para la comunicación e inclusive infraestructura para la producción y abasto comunitario.
Pero este modelo de integración no pudo ser retomado en otros estados, sino que en Tabasco fue abandonado abruptamente. Señalan los investigadores citados líneas arriba:
Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que inició en 1989 se abandonaron las políticas públicas “encaminadas a fortalecer las actividades del sector agropecuario, consistentes en créditos para la producción, asistencia técnica, obras de infraestructura para el desarrollo de las actividades primarias, se desmantelaron los organismos destinados a apoyar la comercialización de los productores rurales”. Los recursos fueron a “programas de carácter electorero para fortalecer la imagen de los políticos”. Se privilegió el control político, no la autosuficiencia económica.
En suma, se impuso el “modelo neoliberal” que colocó en el centro al mercado y no al individuo y la comunidad. Esto –señalan- provocó un mayor empobrecimiento y la vuelta al aislamiento.
Concluyen: “después de 25 años mucha de su infraestructura educativa, equipamiento urbano y vías de comunicación, todavía existe aunque se encuentra semidestruidas por falta de mantenimiento y atención de continuar con la integración territorial. Conserva todavía parte de su estructura administrativa”.
Cierto que el impulso de los Centros Integradores requirió de millonarios recursos, aunque la infraestructura básica está muy avanzada. Podría ser una referencia importante para un gobierno que se propuso abatir la pobreza y darle un distintivo de izquierda a su administración.
AL MARGEN
IMPORTANTES repercusiones tuvo la investigación que durante varios meses realizó el ex catedrático universitario Javier Herrera respecto a los contratos de Pemex con los institutos de educación superior en Tabasco. Cabe señalar que esa recopilación de información es apenas una de tantas áreas que abarca la labor de Herrera Escamilla, quien en su momento también indagó sobre el manejo de las presas, las deudas en los municipios, el remate de bienes públicos, entre muchos otros asuntos.
A raíz del reporte de que los contratos de Pemex con las universidades e institutos de educación superior rebasaron los 10 mil millones de pesos en seis años, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba propuso una Comisión Especial que investigue los términos y montos de los contratos. Esta cuestión llamó también atención en áreas sensibles del gobierno estatal. (
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