Escala Crítica/Columna diaria
*Se acumulan iniciativas de Ley en el Congreso tabasqueño
*De los derechos de los periodistas al combate al fraude
*Núñez, derechos ciudadanos; Rosalinda, anticorrupción
Víctor M. Sámano Labastida
EN LOS DÍAS RECIENTES varias son las iniciativas que se han entregado a la Cámara de Diputados de Tabasco. Con frecuencia se discute si la eficacia de un Poder Legislativo se mide por la cantidad y la calidad de las leyes, normas, reformas y hasta exhortos que emite, o por el cumplimiento también de ciertas funciones básicas. Como la representación popular y ser contrapeso del Poder Ejecutivo. En todo el país hay un total de mil 137 diputados y asambleístas, a los que se suman los 500 diputados federales y los 128 senadores.
Al inicio de la actual Legislatura tabasqueña, y en la que por primera vez tienen representación los siete partidos políticos con registro, se comprometieron a expedir 39 reformas y 6 leyes nuevas en el Primero Periodo Ordinario. También se habían comprometido a revisar la integración del Instituto Electoral. Un tema los mantuvo y mantiene entrampados: la designación del Fiscal estatal.
REFORMAS CONSTITUCIONALES
ENTRE LAS INICIATIVAS presentadas en los días recientes destacan las del Ejecutivo estatal para reformar la Constitución en materia de Derechos Humanos y de política electoral. Son derivados del Acuerdo Político por Tabasco, explicó en su momento en gobernador Arturo Núñez. También propuso cambios en el sistema penal acusatorio.
Con referencia a los derechos humanos se incorporan y actualizan las garantías fundamentales contempladas en los tratados internacionales. Son también un reflejo de los derechos incorporados en la Constitución federal y para lo cual los congresos estatales tenían un año de plazo. A reserva de revisar estos preceptos una vez que se haya aprobado en el Legislativo, digamos que representan un reto extraordinario en la impartición de justicia y para normar el ejercicio del poder público. Una herramienta básica en contra de la arbitrariedad.
En material político electoral se incluyen propuestas reclamadas por un sector de la sociedad, aunque también altamente polémicas como las candidaturas independientes, al igual que la consulta popular, el referéndum y el plebiscito. Otro aspecto incluye la iniciativa ciudadana.
Se supone que estas iniciativas pasarán sin mayor obstáculo al ser resultado del consenso de los siete partidos en el Congreso.
LA TRANSA, DOLOR DE CABEZA
LE DECÍA QUE VARIAS son las iniciativas que deben revisar los diputados. Es posible que la mayoría quede para el segundo periodo de sesiones. Así como la diputada Araceli Quevedo (Panal), propuso una Ley de Protección a Periodistas, los legisladores conocieron ayer una iniciativa de la diputada Rosalinda López (PRD) para reformar la Constitución local para reconocer como un derecho fundamental “una vida libre de corrupción”.
En respaldo de su planteamiento López Hernández señaló que se debe crear un Instituto para Prevenir y Erradicar la Corrupción en Tabasco. Le habíamos comentado en nuestra entrega anterior que el nuevo gobierno requeriría una comisión estatal anticorrupción, dado que el tema se había convertido en parte central de la agenda política.
De acuerdo a lo expresado por la también ex senadora, un Instituto contra la corrupción tendría una función preventiva, educativa y formativa. Se trata de diseñar –dijo- un modelo educativo “que recoja una forma distinta de pensamiento colectivo, sustentado en el impulso a nuevos valores sociales, cívicos, culturales, democráticos y de rechazo al fenómeno de la corrupción”. El público objetivo no serían sólo los funcionarios; estaría dirigido también a la formación en las escuelas.
La propuesta de Rosalinda López para que este organismo realice estudios que midan y evalúen “con rigor científico y metodológico” la corrupción en el estado, nos remite a la labor de organismos privados o ciudadanos como en Transparencia Mexicana y Fundar cuyos registros han colocado a Tabasco en los últimos lugares de combate al desvío de recursos y en transparencia.
El gobernador Arturo Núñez lamentó hace unos días que no era justificable que cinco entidades –la auditoría interna de las dependencias federales, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la contraloría interna del estado, la fiscalía del Congreso- halan fallado en el caso de Tabasco para detectar los desvíos y fraudes que ahora tienen un alto costo económico, político y social.
Cabe recordar que por lo menos desde principios de los años ochenta el gobierno federal instaló las llamadas contralorías y anunció un programa de “renovación moral” (Miguel de la Madrid 1982-1988) para presuntamente combatir la corrupción.
Los registros internacionales colocan a México en los últimos lugares en eficacia al combate a la corrupción en el mundo. Se ubica junto a países altamente rezagados como Filipinas, Argelia y Armenia. En la República, los reportes de Transparencia Internacional, ubicaban a Tabasco entre los seis estados con mayor percepción de casos de corrupción.
Resulta interesante observar que la corrupción en el gobierno no tiene un solo color, los mismo están autoridades del PRI, que del PAN o del PRD, o de otros partidos o sin partido.
AL MARGEN
TABASCO es una ruta obligada de los migrantes que viene de Centroamérica. Durante los años setentas y ochentas fue también junto con Campeche, Chiapas y Quintana Roo, sitio de asentamientos para miles de refugiados expulsados por la guerra interna en los países del cinturón de Nuestra América. La protección de todas aquellas personas que crucen por territorio mexicano no sólo es preocupación humanitaria, también es mandato constitucional.
Don Ferdusi Bastar Mérito, por cierto integrante del grupo fundador del diario Presente, fue nombrado recientemente presidente del Consejo Consultivo de Migración. Afirma el también Cónsul de Guatemala en Villahermosa: “esta posición me brinda nuevas y mejores oportunidades de servicio a nuestros migrantes, para impulsar el intercambio comercial, turístico y cultural, y apoyar a los residentes extranjeros en sus trámites de regularización”. (
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