Escala Crítica/Columna diaria
*Impedir que delegados usen cargos para promoverse
*Unas oficinas necesarias, otras costosas e ineficientes
*Osorio Chong: “candados” para representantes federales
Víctor M. Sámano Labastida
ANUALMENTE SE GASTAN en promedio 55 mil millones de pesos en la operación de las delegaciones del gobierno federal en los estados. No sólo representan un mecanismo para “bajar” los recursos de las secretarías de Estado y otras dependencias gubernamentales; también son o pueden ser un brazo político para el partido o grupo en el poder. Cuando el PAN relevó al PRI en la Presidencia (2000), una de las primeras acciones del gobierno de Vicente Fox fue sustituir a los delegados de militancia priísta por simpatizantes panistas. Al retornar el tricolor los delegados blanquiazules se van a la banca.
La designación de “delegados” o representantes del gobierno central es tan antigua como el régimen surgido de la Revolución Mexicana. Antes fueron los “jefes políticos” o “jefes militares”, después vinieron esa especie de virreyes del Presidente o del grupo dominante. Con la democratización del sistema mexicano y la presencia de una pluralidad de fuerzas, los delegados tuvieron ciertas limitaciones y controles.
Por ejemplo, el gobierno central (la Presidencia) procuró que sus representantes en los estados no fueran originarios de la entidad a la que eran designados para evitar la autopromoción (a menos que fuera con anuencia presidencial o del CEN partidista). También para impedir que se favoreciera a un grupo determinado e impedir también que hubiese una confrontación con el gobernador del estado respectivo.
Antes de la derrota del PRI en el 2000, si el gobierno federal asignaba alguna delegación en los estados a alguien originario de la localidad u opuesto al gobernante local, las señales eran inequívocas: el PRI había tomado una decisión.
COSTUMBRES, SON LEYES
CON LA LLEGADA del PAN al poder se suponía que cambiarían los usos y que inclusive desaparecerían algunas delegaciones que suponían un gasto in necesario o duplicidad de funciones con las oficinas de los gobiernos estatales. Antes del 2000, un hecho destacado fue la eliminación de las delegaciones de las secretarías de Salud y de Educación, como resultado de una “desconcentración” administrativa.
Un estudio elaborado por la Cámara de Diputados en el 2010 calculó que las delegaciones federales distribuidas por todo el país tenían un costo total de 54 mil 994.5 millones de pesos (casi 55 mil millones de pesos). Se les destinaban muchos más recursos que a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República juntas.
Ocho eran los estados en los que para la operación de las representaciones federales se destinaban más de dos mil millones de pesos: 1.- Colima, 3 mil 834.2 millones; 2.- Oaxaca, 2 mil 817.5 millones; 3.- Chiapas, 2 mil 734.3 millones; 4.- Guanajuato 2 mil 620.0 millones; 5- Michoacán 2 mil 514.0 millones; 6.- Jalisco 2 mil 293.2 millones; 7.- San Luis Potosí, 2 mil 195.8 millones y 8.-Veracruz, 2 mil 10.9 millones.
Tabasco ocupaba en ese registro el lugar número 19, con un mil 510 millones de pesos para las oficinas del gobierno federal en la entidad.
Puede observarse que la nómina de las delegaciones no tiene relación alguna con la extensión o la población de un estado. Podría explicarse, por ejemplo, que Oaxaca y Chiapas figuren en los primeros lugares por sus características socioeconómicas de pobreza o su accidentada geografía, pero no es el caso de Colima que en superficie tiene el puesto 29 y en población el 31; o San Luis Potosí que por extensión está en el sitio 15 y por población en el 16.
Otros estados densamente poblados, extensos geográficamente o con importante desarrollo industrial, tienen menos recursos para las delegaciones federales como Nuevo León, Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua o el Estado de México. Misterios del poder.
UNA TORPEZA QUE AYUDA
EL USO DE LAS REPRESENTACIONES federales como oficinas de operación electoral del partido en el poder presidencial –en la actualidad el PRI- se puso a discusión por lo sucedido en Veracruz donde el PAN documentó la manipulación de los apoyos sociales. Ranulfo Márquez, quien se desempeñaba como delegado de la Sedesol, Salvador Manzur Díaz, secretario de Finanzas gobierno estatal, fueron descubiertos en una maniobra de compra y coacción del voto.
En grabaciones presentadas por el PN se escucha decir a Manzur Díaz las “oportunidades” que había que aprovechar del Programa Oportunidades. Explicó que lo primero que tenían que hacer era remover a los vocales de Oportunidades identificados con el PAN y sustituirlos por priístas: “mandar el mensaje de que jalan o jalan” con el tricolor.
En una de las más obvias operaciones partidistas desde el poder, el delegado del PRI en Boca del Río, Pablo Anaya, dio detalles de lo que harían: “no se puede quitar ni borra a los beneficiarios (de Oportunidades), pero quienes coordinan a los beneficiarios son las vocales y a esas sí las tenemos que quitar a todas, a todas. Ahora, ¿a quiénes vamos a proponer? A las que proponga el partido”.
No ocurre únicamente en la Sedesol, pero es una posición estratégica por el manejo de los programas sociales. Publicó José Antonio Guerra en El Financiero que la mayoría de los delegados de la Sedesol provienen de los gabinetes y comités estatales del PRI, de los congresos locales y federal. Esto sucede también en otras representaciones federales.
Después de la crisis del Pacto por México en el caso veracruzano, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong anunció (08/V/2013) que preparan algunos “candados” para asegurarse que los delegados federales responderán a perfiles democráticos y profesionales.
Entre algunas condiciones: estarán impedidos para ser candidatos a algún cargo de elección popular uno o dos años después de dejar el cargo; no haber sido legislador, alcalde o dirigente de partido.
El diputado Antonio Altamirano (PRD) propuso mayor énfasis en la experiencia en el área y nivel académico de los representantes federales; otras opiniones proponen aplicar en este segmento también los lineamientos del servicio civil (federal) de carrera. (
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