Escala Crítica/Columna diaria
*Martínez Verdugo, adiós a un personaje histórico
*La semana próxima, determinante en el caso Granier
*Del dicho al hecho: partidos, sus pactos, sus actos
Víctor M. Sámano Labastida
ARNOLDO MARTÍNEZ Verdugo, un viejo luchador social, falleció a la edad de 88 años. Fue el último líder del Partido Comunista Mexicano (PCM) organización pionera de la izquierda partidista en el país. El PC se mantuvo en la clandestinidad durante varias décadas; Martínez Verdugo militó en ese instituto desde 1946. Vivió las etapas heroicas y de sacrificio.
El PCM fue fundado en 1919, logró su registro en 1979. A Martínez Verdugo le tocó el proceso de unificación de la izquierda mexicana para dar origen al Partido Socialista Unificado de México, posteriormente al Partido Mexicano Socialista, que finalmente cedió su registro para integrar al Partido de la Revolución Democrática.
Arnoldo Martínez Verdugo, originario de Sinaloa, fue candidato a la presidencia de la República en 1982. Tres años después sufrió el secuestro por parte de una célula radical clandestina, se pagó un rescate por su liberación. Es un personaje que marcó la historia política del país porque además participó en las negociaciones de la reforma electoral que abrió las puertas a la competencia democrática.
Dijo Martínez Verdugo en uno de los últimos actos públicos en los que participó: “Ahora le toca a quienes están forjando las nuevas luchas por la transformación democrática. Nuestro proyecto político tiene que ir más allá de la política, construir un nuevo liderazgo ideológico y político a favor de la sociedad”.
COMPARECER Y COMPADECER
MUCHO RUIDO habrá en torno a los procesos, detención, hallazgos, relacionados con las denuncias penales por el faltante de unos 20 mil millones en el presupuesto estatal. El 29 de mayo será citado el ex gobernador Andrés Granier Melo para responder en torno a los más de 88 millones de pesos en efectivos encontrados por la policía estatal.
El ex secretario de Finanzas, José Sáiz Pineda, deberá comparecer el 30 de mayo y el ex subsecretario de Egresos, Manuel Contreras García, estaría citado el 31 del mismo mes. Será una semana con muchas noticias.
Las autoridades estatales tendrán que actuar con el mayor cuidado para evitar fallas en el denominado “debido proceso”. Recordemos que ahora no basta que haya un cuerpo del delito y pruebas irrefutables que incriminen a un presunto delincuente, sino un seguimiento puntual de los protocolos judiciales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no debe ignorarse el principio de que todo acusado de un delito es inocente en tanto no se demuestre lo contrario, de la misma forma que la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora. No es capricho ni opinión, es el mandato de las normas legales –inclusive de pactos internacionales- para evitar arbitrariedades, pero también para alegar derechos en contra de la impunidad. Cuidar el proceso es asegurar el castigo.
Habrá que distinguir entre las presiones y expresiones mediáticas, en la cual también gastan grandes cantidades los equipos de relaciones públicas de los acusados, y los procedimientos judiciales. Por supuesto, como le comenté en otra entrega, debe existir voluntad política del gobierno federal para colaborar en la investigación del presunto desfalco en Tabasco.
Las acciones concertadas en contra del erario público caen en el terreno de la delincuencia organizada.
VOLVER A LOS PACTOS
DESDE diciembre pasado fue firmado el llamado Pacto por México, entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD con el presidente Enrique Peña Nieto.
El senador Ernesto Cordero, ex aspirante a la presidencia, fue destituido como coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional por oponerse al citado Pacto. Antes, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, tuvo que negociar con las corrientes de su partido para que le permitieran seguir en el Pacto por México.
Aquí en Tabasco también los dirigentes de los siete partidos y el gobernador Arturo Núñez firmaron su propio acuerdo local. No ha sido fácil para los partidos y sus dirigentes ponerse de acuerdo, y sobre todo cumplir los compromisos firmados. Hay una permanente tentación de sabotearlos. La competencia no es por el servicio, sino por el poder.
Lamentablemente hay tanta desconfianza y una vieja costumbre de hacer trampas, que los partidos y los políticos parecen estar impedidos de negociar.
Si revisamos sus propuestas de campaña y sus programas de acción, todos refieren que sus partidos y los mismos políticos son instrumentos para mejorar la vida del país. La realidad resulta muy distinta.
Los pactos podrían servir para que las ofertas y las propuestas no se queden sólo en meras palabras. Muchos ejemplos recientes nos recuerdan que el primer pacto que deben hacer los partidos es al interior, entre dirigentes y entre dirigentes y militantes. También, por supuesto, deben revisarse los pactos al interior de los gobiernos…o elaborarse, si no existen.
AL MARGEN
EL DIRIGENTE municipal del PRD en Macuspana, José Félix Mendoza, encabezó una manifestación de inconformes para exigir que los regidores de aquel ayuntamiento se disminuyan los salarios y para que el alcalde Víctor González Valerio cese a sus familiares que laboran en la administración.
Un día antes, Juan Álvarez Carrillo presentó su renuncia como secretario del Ayuntamiento y denunció que el cabildo de Macuspana en su conjunto le cuesta al pueblo un millón 210 mil pesos mensuales. Los regidores –dijo- tienen salarios de 110 mil pesos al mes, los más altos del estado.
Hoy habrá una reunión del cabildo macuspanense y ahí se planteará la reducción de las percepciones. Ese municipio, ahora gobernado por el PRD, es de alto valor simbólico para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, comenzó la revisión de las cuentas públicas del 2012 de las administraciones municipales. Las últimas del trienio. Hay irregularidades –se afirma- en los reportes de Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Veremos si esta nueva legislatura utiliza los recursos legales o sólo el expediente político en la “calificación” y sanción de las anomalías. (
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