Escala Crítica/ Columna diaria
*Contra la pobreza: el que parte y comparte, se queda…
*Algunos ex gobernadores que han pisado la cárcel
*Derechos humanos, inundaciones y los damnificados
Víctor M. Sámano Labastida
LOS MEXICANOS somos pobres millonarios. Si fuera por los recursos destinados al combate a la pobreza estaríamos compitiendo con países como Noruega, Holanda y otros cuya población tiene el mejor Índice de Desarrollo Humano. De los miles de miles de millones ejercidos para “ayudar a los pobres” en los últimos 42 años, la habrían correspondido 72 mil 155 pesos mensuales a cada uno de los más de 57 millones de pobres, dice el Reporte 108 (abril 2013) del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
“Esto muestra el fracaso total del modelo económico de la política social y de combate a la pobreza”, concluyen los investigadores.
De acuerdo a un puntual seguimiento del gasto, los estudiosos refieren que durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) se destinaron 34 mil millones 345 mil pesos en programas para 31 millones 450 mil pobres contabilizados.
Con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el gasto fue de 879 millones 232 mil pesos. El número de pobres: 57 millones 123 mil personas.
Aclaran los investigadores que a partir de 1993 se eliminaron tres ceros a la unidad monetaria mexicana. Así, la cifra del gasto total es de 2 billones y no 2 mil billones de pesos.
Dicen los estudiosos del CAM: a cada pobre mexicano le corresponderían 36 millones 366 mil 541 pesos. Seríamos un país de millonarios.
POLÍTICA Y DELITO
EL JUEVES PRÓXIMO está citado el ex gobernador Andrés Granier Melo para comparecer en relación a los casi 90 millones de pesos en efectivo localizados la semana pasada. También deberán responder a la Procuraduría estatal el ex secretario de Finanzas, José Sáiz Pineda y el ex subsecretario de Egresos, Miguel Contreras García. Por lo menos Granier y Sáiz se prevé que responderán por escrito. Aunque habían dicho que estaban dispuestos para aclarar lo relacionado con la administración pasada en cuanto fueron requeridos.
Por supuesto que estos personajes tendrán en su defensa corporativos de abogados altamente calificados en habilidad y costos. Se supone que el estado –entendido también como el Estado- deberá utilizar sus mejores recursos jurídicos y de investigación.
¿Es posible que un ex mandatario sea sancionado penalmente? Hay consideraciones legales y políticas que no pueden ignorarse. Decía un clásico que el Estado “porque puede es poder y porque debe es Derecho”.
Varios son los ex gobernadores que han pisado la cárcel en los años recientes. Aunque en las leyes locales e inclusive en las federales los políticos han buscado proteger a los políticos, no pueden tener impunidad garantizada si se combina el reclamo ciudadano y la adecuada aplicación de las leyes.
El caso más notable de un ex gobernador en prisión es el de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien fue acusado no sólo de fraude y desvío de recursos, sino también de complicidad con el narcotráfico. Aunque huyó días antes de entregar el cargo en 1999, fue detenido en mayo de 2001. En 2007 fue liberado e inmediatamente detenido para ser extraditado a Estados Unidos. Acusado de lavado de dinero, purga cárcel en el país del norte y su sentencia sigue pendiente.
El ex gobernador de Chipas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue acusado de asociación delictuosa, fraude, peculado. Arrestado cinco años después de haber dejado el cargo estuvo 15 meses en prisión. Aunque fue liberado de la cárcel, la autoridad le dictó arresto domiciliario. Otro ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines, tiene una demanda pendiente por enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, abuso de autoridad, fraude y otros. Dejó al estado con una de 40 mil millones de pesos.
Reciente es el caso del ex gobernador de Baja California, Narciso Agúndez, quien estuvo siete meses en prisión acusado de peculado. Aunque obtuvo su libertad el proceso en su contra siguió.
Hace unos días un juez dictó orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Aguascalientes Luis Reynoso Femat. El delito es mucho menor: la adquisición fraudulenta de un tomógrafo por unos 14 millones de pesos. Quien hasta ahora libró la cárcel es el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado de falsificación de documentos y adquisición ilegal de deuda. Fue detenido su ex tesorero Héctor Villarreal.
Hay otros casos en los que un error de procedimiento o falta de pruebas convirtieron en fallidos los procesos. Los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, se beneficiaron de la nulidad de los testimonios en su contra.
DAÑOS Y CULPABLES
POCO DESPUÉS de las catastróficas inundaciones del 2007, el ahora senador Adán Augusto López Hernández promovió una denuncia en contra del gobierno federal (Conagua y CFE) por daño patrimonial que causó afectación a miles de pobladores. También Andrés Manuel López Obrador presentó a finales de aquel año, una denuncia penal directa en contra del entonces presidente Felipe Calderón y los ex mandatarios Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari por “ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribución de sus facultades en contra del patrimonio de las personas, encubrimiento en delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como actos u omisiones que afectan el consumo nacional”.
Aquella denuncia incluyó al entonces gobernador Andrés Granier Melo por “complicidad” en la tragedia de no haber advertido el desfogue de la presa “Peñitas” sobre la planicie tabasqueña. Posteriormente, el entonces senador Arturo Núñez encabezó la demanda de indígenas y campesinos afectados por la apertura de los canales de El Tintillo y El Censo; de ahí derivó una recomendación (61/2011) de la CNDH hacia Conagua, para que se indemnizara a los perjudicados. Este organismo descalificó la resolución.
Refiero esto porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió ayer un expediente por el que solicitará medidas cautelares al Ayuntamiento de Centro “para evitar que en el futuro inmediato se vuelvan a dar inundaciones –como las del 13 de mayo- por la mezcla de aguas pluviales y negras en la colonia Tamulté de las Barrancas”. Según el recurso ante la CEDH 800 colonos sufrieron anegaciones y fueron agredidos cuando se manifestaron en protesta por los daños. (
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