Escala Crítica/Columna diaria
*Asume gobierno federal iniciativa en juicios por Tabasco
*El Químico, aislado de grupos nacionales del tricolor
*Instala Gobernación unidad de búsqueda de desaparecidos
Víctor M. Sámano Labastida
CAUTO EN UN principio, el gobierno federal no dejó lugar a dudas: la administración de Andrés Granier tendrá que responder también por el desvío de recursos federales. Dijo Miguel Osorio Chong secretario de Gobernación: fue el gobierno de Peña Nieto el que primero detectó las irregularidades con los recursos para salud en Tabasco. La medalla del eventual enjuiciamiento será para la Federación.
Puntualizó el ex gobernador de Hidalgo: “Es el gobierno federal el que está al frente (de los procesos por desvío de recursos) y una vez que llegó el gobernador (Arturo Núñez) ya ha hecho también sus manifestaciones, estamos coordinados y estamos trabajando conjuntamente para determinar si da o no lugar al proceso legal correspondiente”.
¿DE PARTE DE QUIÉN?
EL CASO GRANIER tiene vertientes jurídicas y políticas. El diario El Universal reveló (26/V/2013) que “con sigilo, operadores priístas ayudan al ex funcionario (ex secretario de Finanzas de Granier) a distribuir sus comunicados y el contacto de sus abogados, también pagados por el propio Sáiz Pineda para presentar una denuncia de tortura a su ex secretaria (Marlis Cupil), quien condujo a los investigadores de la procuraduría a la guarida donde se hallaron las cajas con las pacas con los millones de pesos”.
¿Quiénes son esos “operadores priístas” que hacen de publi-relacionistas de Granier y Sáiz? Al parecer operan por cuenta propia o de uno de los grupos que busca tener posiciones en el tricolor. O presionar a Núñez. Se dirá que la nota de El Universal no estaba firmada. Más razón aún, porque aquellos textos no firmados, adjudicados a la redacción o a seudónimos, son responsabilidad de la casa editora.
El dirigente nacional del PRI, César Camacho, aseguró (24/V/2013) que no protegería a nadie que hubiese cometido irregularidades. A propósito de Granier Melo, el mexiquense sostuvo que “sin prejuicio, el PRI ni exonera a nadie, ni lo condena”. Semanas antes (Canal 40, 7/III/2013), Camacho Quiroz reconoció que Granier “le hizo daño a la población” por lo que la PGR tenía que llevar a fondo la investigación del presunto desvío de recursos.
Osorio Chong expresó mas recientemente que el gobierno de Núñez tendría todo el respaldo que necesite en caso de que sea necesario localizar a Granier Melo. El procurador estatal Fernando Valenzuela insistió en que el ex mandatario tabasqueño deberá presentarse hoy, de lo contrario se acudirá a los mecanismos previstos legalmente. Está citado a las 11 de la mañana.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
EN RELACIÓN a este caso hay una discusión respecto a la conveniencia o inconveniencia política para el PRI de permitir que se enjuicie a un ex gobernador procedente de ese partido. Aunque en términos estrictos Granier Melo no es un militante tricolor.
Por qué no. Hay quienes afirman que como este año habrá elecciones en 14 estados, al PRI no le conviene que uno de los suyos sea presentado como corrupto y además sin protección del poder. Aunque sólo en una entidad se votará por gobernador y en la mayoría de los estados en la contienda el tricolor tiene el poder.
También afirman que sería malo para el PRI que un ex gobernador priísta denunciado por un gobernante surgido de la oposición (PRD), sea enjuiciado. Sería entregarle un triunfo a Andrés Manuel López Obrador, argumentan. Según este criterio, cualquier mandatario priísta estaría expuesto, sin considerar si hay o no razones jurídicas para proceder.
Por qué sí. Por el contrario, podría decirse también que al gobierno de Peña Nieto le conviene demostrar que no protegerá a Granier si se llega a demostrar que cometió o propició algún delito. Un caso como éste podría ser presentado como la llegada de un nuevo PRI. No se debe ignorar que Peña Nieto propuso la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.
Si atendemos sólo a las cuestiones políticas observamos que Andrés Granier es un militante débil dentro de su partido. No tiene un grupo sólido identificado nacionalmente y es catalogado como un político local. Su caso es distinto –en términos de apoyo y cabildeo- al de Humberto Moreira (que falsificó documentos de Hacienda), de Mario Marín (involucrado en un secuestro), de Fidel Herrera (señalado por delitos graves), Ulises Ruiz (con fraude y actos criminales), etcétera.
Los costos para el PRI de proteger a Granier son mayores a los beneficios de permitir que sea en tribunales donde se le juzgue.
Para que esto ocurra, por supuesto tiene que demostrarse su culpabilidad.
Granier tiene una responsabilidad política; faltará ver si le documenta y comprueba una responsabilidad penal.
HALLAR A DESAPARECIDOS
RECONOCER que en México hay desapariciones forzadas es admitir que existe un espacio en el que la autoridad del Estado ha sido rebasada. El nuevo gobierno de la República formalizó la integración de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Inicialmente contará con 12 agentes del Ministerio Público federal y un equipo especial de policías federales.
Es una limitada estructura para el tamaño del problema, dicen los críticos. “Estamos empezando”, asegura el gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el registro de 24 mil 800 casos de desaparecidos. Las cifras de Amnistía Internacional son superiores; el reporte más estremecedor es el de Marien Rivera del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) que ubica en 300 mil la cifra de personas cuyo paradero se desconoce. Sea uno o cien, la sociedad no debe permitir la indiferencia frente a las desapariciones forzadas.
Para la búsqueda de nuestros compatriotas desaparecidos se anuncia la asesoría técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Mucho hicieron hasta ahora los propios familiares que padecen la pérdida de sus seres queridos sin saber si están vivos o no. Es momento de que las autoridades se ocupen en serio de lo que es también una de las más graves afrentas a la convivencia.
AL MARGEN
EL PRIMER HIURACÁN de la temporada fue ubicado en el Océano Pacífico. Ayer al este-sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Mantenía alerta a los estados Tabasco, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Los primeros efectos se sintieron en Acapulco. En Chiapas se activó la alerta roja y comenzaron las evacuaciones preventivas. Tabasco debe estar preparado para la temporada. (
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