Escala Crítica/Columna diaria
*Un proceso en varias rutas: estatal, federal y extranjera
*El ex secretario actuó bajo otras órdenes, dijo su abogado
*¿Hundir a otros para salvar lo posible?, historia conocida
Víctor M. Sámano Labastida
TODAVÍA NO SE DISIPA el reto del abogado Xavier Olea expresado el 5 de junio en un exceso de confianza en su poder o en un acto de burla a las instituciones: “(José) Sáiz Pineda no regresa a Tabasco. Sobre mi cadáver se presenta en la Procuraduría” estatal. El ex secretario de Finanzas de Tabasco, lo mismo que el ex gobernador Andrés Granier y otras personas que tenían que comparecer ante la PGJ ignoraron los citatorios. La defensa de los citados temía que fueran arraigados si se presentaban, según se dijo.
Concentrada la atención en el proceso local se pasó por alto que –como anoté en mis colaboraciones anteriores-, el Caso Tabasco transcurría en dos vías: la estatal y la federal.
Pero también con varias vertientes: por el desvío de recursos, por la destrucción de documentación oficial, endeudamiento ilegal, lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otras.
Agregaría, como también le mencioné en este espacio, la vertiente internacional por la presunción de que las operaciones financieras encubiertas se realizaron en el extranjero (traslado de dinero, adquisición de bienes inmuebles, inversiones subrepticias). La colaboración de la Interpol, corporación policiaca con presencia en 190 países, sería obligada. (Escala Crítica, 7/VI/2013)
UNA EXTENSA RED
COMPARTIMOS con los lectores de esta columna que en la lógica de los hechos, tanto Andrés Granier como Sáiz Pineda estarían en calidad de no localizables, por lo que las autoridades tendrían ya gestionadas órdenes de localización y presentación. Resultaba evidente que dos personajes que tuvieron la responsabilidad del manejo de miles de millones de pesos durante seis años de gobierno no acudirían voluntariamente ante las autoridades. (06/VI/2013)
Detenido José Sáiz en Reynosa, Tamaulipas, ahora vendrá un litigio sobre los protocolos normativos de la captura. Las sorpresas que previmos ocurrirían pronto ya comenzaron. Es previsible que el ex secretario de Finanzas hará revelaciones que implicarán directamente al ex gobernador y muchos personajes más.
Un proceso que para algunos transcurría lentamente, pero que para otros llevaba los tiempos normales, e incluso mucho más rápido que lo habitual (recordemos que en Chiapas pasaron cinco años para que el ex gobernador Pablo Salazar fuera detenido), se aceleró casi inmediatamente después de la visita a Tabasco de los secretarios de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y del Procurador Murillo Karam, el 20 de mayo. Coincidencia o no, pero tres días después –el 23 de mayo- la policía incautó cinco cajas de cartón con 88.5 millones de pesos en efectivo.
Se anunciaron los citatorios para Granier Melo, Sáiz Pineda y Miguel Contreras (ex subsecretario); varios nombres comenzaron salir en público, incluyendo el del asesor financiero Amílcar Sala. Mucha tela de dónde cortar.
El cuadro de lo que está en puerta se puede anticipar con lo reiterado por Osorio Chong el 28 de mayo: el gobierno de la República está al frente de las investigaciones por el desvío de recursos federales. Este faltante involucra a las pasadas administraciones en Salud, Educación y Protección Civil. Los titulares de esas dependencias fueron Luis Felipe Graham y Carlos de la Cruz, Beatriz Luque y Deyanira Camacho, y Roberto López Romero, respectivamente.
Recordemos también que en marzo pasado, fueron giradas tres órdenes de aprehensión por presunto desfalco en la pasada administración: en Protección Civil, Sistema de Agua Potable (SAPAET) y el Instituto de Educación para Adultos. ¿Hasta dónde están dispuestas las autoridades a llevar las pesquisas? Demasiados implicados.
CONTRA EL SILENCIO
DE CADA CIEN agresiones sufridas por los periodistas, en 43 de ellas los responsables son funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno; la delincuencia está detrás de 14 de de cada cien actos violentos. Tal es la información contenida en la muestra “¡No nos callarán! Las batallas por la libertad de expresión”, que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, en la plaza Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México.
A propósito del Día de la Libertad de Expresión se recordó que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. También resulta altamente riesgoso para activistas por los derechos humanos. No es casual que la Ley publicada el 25 de junio de 2012 en el diario oficial sea “para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas”, colocados en el mismo sector.
Es necesario comprometer al Estado mexicano y a todas las autoridades para que cumplan con su obligación de garantizar el acceso y difusión de la información, así como la libre expresión.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha han sido asesinados 84 periodistas mexicanos y 20 desaparecidos entre 2005 y abril de este año. La organización Reporteros sin Fronteras tiene otros datos: registra 86 asesinatos de periodistas y 18 desapariciones.
EN EL APARADOR
LA TRANSPARENCIA tiene sus riesgos pero es necesaria. El sábado pasado le comenté sobre la decisión de los consejeros del ITAIP para obligar a la Cámara de Diputados a informar sobre la nómina de sus trabajadores de base y de confianza. También respecto a la denuncia interpuesta por la Contraloría interna del Instituto Electoral en contra de varios servidores públicos, lo mismo que del cese de cinco inspectores de Transportes.
El fin de semana se difundieron las declaraciones del secretario de Finanzas, Víctor Lamoyi, en relación al subejercicio de 2 mil 700 millones de pesos en el primer trimestre de este año en los poderes Ejecutivo (gubernatura) y Legislativo, así como en órganos autónomos.
Aunque Lamoyi dijo que la no aplicación de los recursos se explica por la mala programación dejada por la administración anterior –no hay que olvidar que el presupuesto del 2013 fue elaborado y aprobado cuando Arturo Núñez aún no asumía el gobierno-, así como por el relevo en el poder, no faltaron las críticas de quienes consideran erróneo que en una situación de crisis no se dispusiera del total de los recursos aprobados.
Evidentemente que transparentar y explicar los actos u omisiones del gobierno darán elementos a sus críticos, pero es preferible esto para corregir lo que sea necesario al ocultamiento cuyas consecuencias se padecen después. (
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