Escala Crítica/Columna diaria
*No hubo “caza mayor” de Cue, Moreno y López Valdez
*Dos años después, recomienda la Auditoría Superior
*Granier Melo se ampara en resolución de su contraloría
Víctor M. Sámano Labastida
EN EL 2010 como resultado de las elecciones estatales en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, llegaron al gobierno de esas entidades Gabino Cué Monteagudo, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez. Cada uno representaba a coaliciones distintas al PRI, aunque la base de las alianzas electorales fueron los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. A su llegada al poder, los tres nuevos gobernadores anunciaron acciones en contra de sus predecesores por presunto desvío de recursos y corrupción.
Ninguno de los mandatarios que dejaron el poder en 2010 –todos ellos del PRI, fueron objeto de demanda alguna directa. Hubo acusaciones en medios periodísticos, denuncias públicas de funcionarios, pero las acciones legales cuando se emprendieron sólo tocaron a otros ex colaboradores de la administración. La alternancia no necesariamente fue sentencia.
DOS AÑOS DESPUÉS
LA CONTRALORA designada por Gabino Cué al asumir la gubernatura de Oaxaca, Perla Woolrich, dijo al Congreso de aquella entidad que había encontrado irregularidades en el manejo de por lo menos 4 mil 971 millones de pesos en la administración de Ulises Ruiz, en 45 dependencias estatales. Esa oficina presentó cuatro demandas “contra quienes resulten responsables”.
En aquella ocasión, mientras legisladores del PAN y PRD exigieron firmeza en contra de los responsables, los diputados del PRI acusaron a la contralora de violar la “Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales” por dar a conocer los nombre de los funcionarios involucrados en irregularidades.
En febrero de 2013 –más de dos años después del relevo en el gobierno de Oaxaca-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló más irregularidades en la gestión de Ulises Ruiz. Solicitó a las autoridades oaxaqueñas surgidas de la coalición PAN, PRD y Convergencia investigar y sancionar.
En algunos casos se halló que fueron pagadas dos veces la misma obra.
El 24 de mayo de 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que Miguel Ángel Ortega Habib, Tesorero durante el gobierno de Ulises Ruiz, trianguló a sus familiares más de 800 millones de pesos del erario entre el 2002 y 2009. Este personaje huyó.
A principios del 2013 la procuraduría estatal de aquella entidad giró una nueva orden de aprehensión en contra de Ortega Habib y de siete ex funcionarios más. La justicia va lenta.
DE CAMOTE Y TAMBORA
EN PUEBLA, Moreno Valle asumió el poder el uno de febrero de 2011. También marcó el inicio de la alternancia en un estado en el que nunca había perdido el PRI la gubernatura. Llegó bajo la bandera del PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza; antes había militado en el PRI. Prometió auditar a su antecesor Mario Marín, quien se hizo famoso con el mote del “Gober Precioso”.
A principios de este año, el aliancista Moreno Valle prácticamente cerró el capítulo de posibles demandas contra Marín; dijo no tener elementos para proceder. Justificó: “no me gusta ver hacia atrás”.
En marzo del 2012 un reporte del sitio “puebla-media.com” mostró la ostentación de la riqueza de la familia de Marín Torres. Su hijo Marín García vive en un chalet en Austria (valor aproximado: 5 millones de dólares). Se dijo que invirtió millones de dólares en propiedades en Estados Unidos y Europa.
También la familia habría adquirido propiedades en Texas y Florida.
Alfredo Arango García, ex titular de los Servicios Coordinados de Salud, está detenido por enriquecimiento ilícito. La Interpol tiene como más buscados a Javier García Ramírez, ex secretario de Desarrollo Urbano de Marín. Están prófugos Rodrigo Lazcano (ISSSTEP); Efraín Ruiz (Obra Pública); Juan Alcántara (Logística de la Secretaría de Comunicaciones).
Aunque Marín Torres endeudó a Puebla por unos 3 mil 500 millones de pesos para el gasto de su defensa legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (según puebla-media), no hubo acción de responsabilidad en su contra. También van lentos.
NADA QUÉ VER
SINALOA ENTRÓ en el “paquete” de la alternancia en el 2010. Mario López Valdez, un priísta que dejó su partido para asumir la candidatura del PAN y PRD, relevó al tricolor Jesús Aguilar Padilla en enero del 2011. No prometió demasiado en materia de combate a la corrupción de su antecesor y fue hasta septiembre de ese año –más de nueve meses después de asumir el poder- cuando la contraloría de aquella entidad anunció que habían presentado un primer paquete de cuatro denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado por delitos de uso indebido de atribuciones y/o negocios ilícitos o peculado.
No se dieron nombres de los colaboradores de Aguilar Padilla. Sólo se supo que encontraron desvío de recursos del 2010 en el Seguro Popular.
El nuevo gobierno de Sinaloa estimó que el total de recursos faltantes podía ser de mil 46 millones de pesos. López Valdez había reportado que al asumir el cargo encontró una deuda pública de 3 mil 700 millones de pesos. Tampoco parece haber prisa.
Cuando asumieron Cue, Moreno y López, el gobierno federal estaba en manos del PAN. Cuando otro aliancista, Arturo Núñez, asume el gobierno de Tabasco, la presidencia está en manos del PRI. Van poco más de cinco meses. Está detenido el ex secretario de Finanzas.
AL MARGEN
ANDRÉS GRANIER anunció que el lunes viajaría a Tabasco para esclarecer dudas. Se ubicó en Miami, Estados Unidos. El viaje se pospuso un día. Su abogado Eduardo Luengo dijo que recomendó a su defendido no acudir por carecer de garantías contra una posible orden de aprehensión.
En sus declaraciones públicas, Granier Melo sostuvo que la Contraloría estatal había dado el aval a su desempeño. Sobre todo declaró “caso cerrado” el de la presunta compra irregular de terrenos para los afectados por las inundaciones. La denuncia en su momento la hizo el entonces diputado Adán López Hernández.
Testigos importantes serán quienes auditaron y aprobaron cuentas manejos.
Luis Puente de Protección Civil de la Segob aseguró que se había ordenado una “revisión” de los recursos para Tabasco durante las inundaciones del 2007, 2008, 2009 y 2010. Es sólo revisión no auditoría, aclaró. La cuestión de términos también pueden ser principios, o más bien inicios. (
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