Escala Crítica/Columna diaria
*Presunción de inocencia, debido proceso, garantías de juicio
*Enfermos sin medicinas y tratamiento, agua sin potabilizar
*Creará González Pedrero fideicomiso a jóvenes de Tabasco
Víctor M. Sámano Labastida
LOS PROCESOS de Tabasco pueden convertirse en un hecho histórico, si tienen los alcances que las observaciones públicas oficiales expresan y la cadena de sucesos sugiere. No se trata, como en otros casos, de actos de presunta corrupción ocurridos en un área específica o de un solo funcionarios, sino de una “conducta sistemática” que abarcó prácticamente a toda una estructura gubernamental. Esa es la denuncia formal y corresponde ahora a los acusadores probarla. En eso están.
Recientemente, uno de los lectores abordó a este columnista para abogar por el respeto a los derechos humanos de los acusados, en especial los que corresponden al ex gobernador Andrés Granier Melo. No sólo se tiene que respetar el “debido proceso” –argumentó-, también los principios establecidos en la Constitución federal respecto a las garantías fundamentales.
Evidentemente se trata de los derechos humanos y la presunción de inocencia para Granier Melo, aunque no sólo eso. Es un principio aplicable a cualquier persona, independientemente de su rango en la escala de poder. Así debería ser.
No son sólo aquellos derechos de los acusados. Son también los derechos humanos, legales y sociales, de las víctimas de un delito. Como bien me comentaba otro lector.
Le ofrezco un acercamiento a los dos puntos de vista.
COBIJO A LOS ACUSADOS
HAY QUIENES se quejan, y con razón, de la exhibición pública de varios de los ex funcionarios y ex funcionarias, muchas veces por el sólo hecho de ser mencionados en una averiguación previa, por ser citados como testigos o como indiciados. Inclusive cuando se le ha encontrado como presuntos responsables.
La presunción de inocencia es aplicable y debe ser observada no sólo en los juicios, también en el periodismo. Para eso existen mecanismos legales de protección del honor, la intimidad y la propia imagen. También los principios fundamentales de la ética periodística.
Además, por supuesto, de la protección a la seguridad personal de los implicados en algún hecho judicial. Es responsabilidad del Estado (gobierno) garantizarlos.
Respecto a los procesos judiciales, señala el artículo 20 de la Constitución que “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación” (reforma 2008).
De la misma forma se establece que “tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.
De la misma forma que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. (Inciso IX)
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
BIEN QUE ASÍ sea, aún cuando beneficie a quienes en su oportunidad se quejaron de que “los derechos humanos protegen a los delincuentes y dejan en desamparo a las víctimas”. Obviamente que esto incluía a los “presuntos delincuentes”, porque por una perversión del sistema basta una acusación para estigmatizar a una persona.
Sin embargo, si se lee con cuidado la prevención constitucional para proteger a los acusados señala expresamente: “procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.
Me temo que los daños causados por las acciones presuntamente ilegales –de acuerdo a las denuncias hechas por el gobierno de Arturo Núñez y procesadas por las autoridades estatales y federales-, son irreparables. Porque no es sólo la devolución de lo robado y la aparición de lo desviado (que por cierto puede estar financiando la defensa), sino los efectos que en su momento causó la negligencia y la corrupción.
Veamos:
Entre las 14 denuncias se cuenta que más de un mil 900 millones de recursos federales no fueron ejercidos en los rubros de salud, educación y protección civil. ¿Recuerda usted la crisis hospitalaria de diciembre en Tabasco?
Basta ir a la hemeroteca. Ahí se encuentran testimonios con un recuento de daños: los cinco hospitales más importantes del estado tenían sus reservas a punto de agotarse; el 80 por ciento de las cirugías programadas fueron suspendidas por falta de insumo; faltaban medicinas y alimentos para los enfermos. En el Hospital del Niño tuvieron que recurrir a donaciones para mantener a los pequeños.
En el Juan Graham ya no había alimentos, se los regalaron de la Central de Abastos. Los médicos no recibían pago y algunos tuvieron que trabajar de manera voluntaria. Se tuvo que suspender la atención a la mitad de los enfermos con cáncer. Indignante.
¿Cuáles derechos humanos?, ¿qué mecanismo para resarcir los daños?
No es todo.
En las cárceles, también en diciembre pasado, se encendieron las señales de alerta: no había alimentos para los reos. Esto colocaba al estado en una situación de emergencia.
Quizá no fuera tan visible lo que sucedía en el sector educativo, porque el daño es acumulativo. Bastaba maquilar las cifras del desempeño, la calidad, la asistencia. La compra-venta de plazas, la falta de material y recursos, tiene efectos sociales.
Otros afectados. Aquellos que recibieron agua sin potabilizar durante más de un mes. También se traficaron recursos. ¿Y en obras públicas?
Con el tiempo sabremos también otra verdad: que los cientos de miles de afectados por las inundaciones no resintieron sólo un “fenómeno natural”, sino una decisión criminal.
¿Cuáles son las garantías de las víctimas? Hay legislación y pactos al respecto. Si me lo permite, en una siguiente entrega.
BECAS UNIVERSITARIAS
CUANDO ESTUVO en Villahermosa, en mayo pasado, el ex gobernador e intelectual Enrique González Pedrero habló de su proyecto: establecer un fideicomiso para becar a jóvenes tabasqueños de bajos recursos que deseen estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el nivel licenciatura.
Según informó el diario Reforma, el propósito de González Pedrero está en vías de concretarse. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes adquirió los 16 mil 520 volúmenes de la biblioteca que durante varios años integraron el ex mandatario y también ex embajador, así como su esposa, la doctora Julieta Campos de la Torre, ya fallecida.
Con el dinero que pagó Conaculta, poco más de siete millones ya sin impuestos, se integrará el fondo inicial de ese fideicomiso. La biblioteca González Pedrero-Campos ocupará un espacio en La Ciudadela, en el Distrito Federal. Es de política y literatura, básicamente.
Un extraordinario gesto del ex gobernador tabasqueño. (
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