Escala Crítica/Columna diaria
*Probado el delito, no sólo devolución sino indemnización
*Responsabilidad de daño patrimonial; debate pendiente
*Por qué Morena no va a las elecciones de julio próximo
Víctor M. Sámano Labastida
LA NEGLIGENCIA, incapacidad, descuido o premeditación delictiva de los funcionarios públicos ocasionan daños que deberían ser motivo de resarcimiento, restablecimiento o indemnización hacia las víctimas. Como en cualquier acto ilegal. El tema resurge por los llamados “Juicios de Tabasco” en los que se investiga la presunta responsabilidad y culpabilidad de ex funcionarios del gobierno de Andrés Granier. Lejos -como le decía ayer-, de la tentación del linchamiento o de la justificación costumbrista, este caso obliga a revisar los derechos de unos y otros.
Le referí en este espacio los derechos y garantías constitucionales que tiene no sólo Granier Melo, sino también sus coacusados como José Sáiz, Esperanza Mayo, Rosa Mélida López, Leoncio Lorenzo Gómez, estos cuatro últimos ya detenidos.
También quienes son citados como testigos o indiciados los ex secretarios de Salud (Luis Felipe Graham y Carlos de la Cruz), de Educación (Beatriz Luque y Deyanira Camacho), de la Contraloría (Roger Pérez Évoli), de Seguridad Pública (Sergio López Uribe) y de la Procuraduría (Gregorio Romero Tequextle), por sólo citar algunas.
Los “Juicios de Tabasco” van en camino de constituirse en un hecho histórico no sólo por la extensa red de involucrados (y los intereses que ello conlleva, aún afectos y desafectos), como porque coloca en la mesa de discusión la eficacia preventiva, sancionadora y resarcitoria de las leyes.
¿EL DELTO, NO PAGA?
EN AL AÑO 2002 se realizó la reforma constitucional (artículo 113) para establecer la responsabilidad del estado por los daños que se cause una actividad administrativa irregular, los perjuicios en bienes y derechos de los particulares. En diciembre del 2004 se publicó la Ley reglamentaria para el caso de los empleados federales.
Aunque se obligaba a las entidades federativas a aprobar sus propias leyes para reglamentar la responsabilidad de daño patrimonial de los empleados estatales –incluidos, por supuesto, los funcionarios del primer círculo del poder-, así como de los municipios, sólo diez Congresos legislaron al respecto. No todos cumplieron, pero el espíritu de la Constitución subsiste.
La norma prevé que las indemnizaciones que deban pagarse por los daños ocasionados podrán ser exigidas a los servidores públicos que hayan incurrido en esos perjuicios. Como anotaba en otra colaboración, no basta con devolver lo malhabido sino asumir los costos del daño ocasionado por la negación, insuficiencia o ausencia de la obra o servicio resultado del desvío o peculado.
Hay quienes sostienen que para hacer efectiva tal responsabilidad de daño patrimonial se podría recurrir a las comisiones de derechos humanos o a las cortes internacionales.
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
ESTE TEMA se cruza con otro atendido por constitucionalistas, juristas y activistas de derechos humanos: la garantía de las víctimas. Porque evidentemente cuando se comete un delito no sólo existe el sujeto activo sino aquel en quien recae el daño. Una reforma Constitucional de 1993 estableció las garantías de las víctimas.
En enero de este año se publicó la Ley General de Víctimas que, ante la exigencia de los ciudadanos organizados, fue reformada a principios de mayo. Este mandato busca resarcir daños y establece atención especializada a las víctimas de la delincuencia organizada.
Evidentemente que aquí surgen nuevos temas de análisis: qué podemos entender como víctima y qué como delincuencia organizada. Este último un asunto de mucha complejidad: ¿puede haber delincuencia organizada desde las instituciones?
La Ley General de Víctimas establece un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con recursos asignados en el Presupuesto de la Federación, pero también con lo provenientes de la venta de bienes decomisados en procesos penales o de fianzas, multas, sanciones y donaciones, entre otros.
El ex magistrado José Colón Moran, a quien no se podría calificar de radial, escribió que el Estado tiene como obligación dar seguridad, pero también proteger a quien sufre la pérdida o menoscabo de un bien y procurar su restablecimiento o indemnización.
Tiene que velarse por los intereses de la sociedad –evitando que se vulneren las reglas de convivencia-, pero al mismo tiempo atender a la víctima (reitero: no sólo el derecho del acusado o probado culpable).
Dice Colón Morán: la víctima no es sólo el agraviado sino otras personas afectadas “ya que con motivo de la perpetración del delito, si bien se causa daño al sujeto pasivo, es posible también que se causen lesiones de cualquier índole a otras personas, de ahí que la ley debe protegerlas porque son víctimas también de los delitos”. (Jurídicas/UNAM)
De probarse que hubo delitos –con premeditación, alevosía y ventaja- en el nivel y daño del que refiero los acusadores en los “Juicios de Tabasco”, ¿corresponde la reparación del daño?, ¿por quién y de quiénes?
MORENA NO VA
A PESAR de que los dirigentes nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habían anunciado que buscarían participar en las 14 elecciones del 7 de julio de este año, resultaba evidente que sólo podrían hacerlo mediante un acuerdo con alguno de los partidos registrados, quizá proponiendo candidatos. Pero estaban impedidos de acudir como partido. Los acuerdos con el PT y Movimiento Ciudadano, ya no se diga con el PRD, no fueron posibles.
Su presidente nacional Martí Batres aclaró que no estarán presenten en las elecciones de este año y confirmó que no encontraron razones suficientes para aliarse con alguno de los partidos existentes. “Hay mucha confusión”, dijo y no es para menos porque en algunos estados el Movimiento Ciudadano y el PT se acercaron al PRI, en otros el PRD va junto al PAN.
Morena decidió –dijo Batres- esperarse para participar en las elecciones del 2015 cuando ya tenga registro oficial. Irá entonces con candidatos propios.
De acuerdo a los datos de Morena, esta organización tiene ya afiliados 350 mil simpatizantes a nivel nacional, más del mínimo que exigen las autoridades electorales. Diana Calzada, una de las participantes en la reciente reunión nacional de Morena destacó que Morena-Tabasco logró el primer lugar en afiliación.
Otras entidades con amplia presencia de Morena son el Distrito Federal, Chiapas y estado de México. Esta organización tiene previsto llegar a su asamblea nacional el 15 de diciembre de este año. (
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