Escala Crítica/Columna diaria
*Ocultamiento, por seguridad o para no rendir cuentas
*Juicios de Tabasco: no sólo cárcel, recuperar lo robado
*Compuerta El Macayo, por fin anuncian su inauguración
Víctor M. Sámano Labastida
EN LA CONSTITUCIÓN mexicana se establece el principio de “máxima publicidad” en el ejercicio del poder público. Sólo puede estar reservado al conocimiento de la población aquello que expresamente se indique en las leyes y se justifique por un beneficio mayor. Los ministros de la Suprema Corte que abogaron por la “máxima publicidad” fueron derrotados y ganó la mayoría de quienes consideraron que los diputados tienen derecho a oponerse que sus declaraciones patrimoniales sean públicas.
Un ciudadano pidió conocer la declaración de bienes de los diputados de la pasada legislatura. Ante la negativa de entregarle la información, el ciudadano acudió a la Suprema Corte. Aunque el ministro José Ramón Cossío consideró que era inconstitucional el artículo 40 (párrafo tercero) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que deja a criterio de los funcionarios si su declaración patrimonial puede hacerse pública.
La decisión se conocerá oficialmente el jueves.
Como usted sabe, todas aquellas personas que reciben un cargo público de confianza están obligadas a presentar su declaración patrimonial. Esta medida, si mal no recuerdo, fue establecida formalmente a principios de los años ochenta a nivel federal y luego se aplicó a nivel estatal y municipal.
La intención original era utilizarla como instrumento de combate a la corrupción: saber con cuánto dinero entraban a un cargo público y con cuánto salían.
Se trataba de evitar lo que se denominó enriquecimiento inexplicable.
Desde los años ochentas también se crearon las contralorías y se aplicó un programa oficial de combate a la corrupción. El problema es que en muchos casos las contralorías se convirtieron en mecanismos para proteger a los funcionarios y no para proteger los bienes públicos.
Ahora el argumento para mantener oculto o en secreto las declaraciones patrimoniales, es el riesgo a la seguridad de los declarantes por la creciente delincuencia.
Si las contralorías cumplieran su función, quizá no habría necesidad de hacer públicos los bienes de los funcionarios y legisladores. Es posible que estemos ante la necesidad de buscar una verdadera contraloría ciudadana; que actúe con discreción pero con eficacia para evitar que los bienes y el dinero públicos vayan a dar a manos privadas.
Casos como los que se juzgan actualmente en Tabasco dan actualidad al tema de con cuánto comienzan un cargo y con cuánto se van. Cierto que así como hay enriquecimiento inexplicable –por no decir ilícito-, hay también empobrecimiento explicable…e injusto.
DE LO PERDIDO…
NO SÓLO sancionar la sustracción de recursos públicos de Tabasco, sino recuperar bienes y dinero. Es el reclamo de un importante sector de la población y en esta línea afirma trabajar el gobierno actual. Dijo el gobernador Arturo Núñez en una reciente entrevista con Radio Fórmula Tabasco:
“…no todo depende de que veamos en la cárcel a quienes se hicieron de recursos de manera ilegal (…), también trabajaremos en esa línea de recuperar lo más que se pueda de los recursos que fueron sustraídos”.
Se han mencionado distintos montos del dinero desaparecido o faltante. Por ejemplo, mil 900 millones de pesos que la Federación aportó para los programas de salud, educación y protección civil.
Pero también de diverso créditos, falta de pago a proveedores, obras y acciones no realizadas, que llegan a elevar la cifra hasta más de 20 mil millones de pesos.
Resulta lógico, me parece, que no se recuperarán los 20 mil millones de pesos. Ni siquiera una cantidad cercana a esa cifra, pero sí aquello que se pueda comprobar que corresponde a los recursos públicos en manos de particulares. Aunque aún está por verse si van a la bolsa de la Federación o de Tabasco.
Las denuncias contra los ex funcionarios tabasqueños y sus asociados plantean también la necesidad de legislar o de aplicar las leyes sobre el pago de los daños ocasionados por obras o acciones no realizadas, como ayer le mencioné en esta columna.
No ignoremos también que el endeudamiento excesivo sobre todo durante los dos últimos años del gobierno de Andrés Granier –favorecido por la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley de Deuda Pública- comprometió buena parte de los recursos de Tabasco hasta por 20 años. No es tan simple como decir borrón y cuenta nueva.
Por cierto que a principios de mes, el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda, sostuvo que con el dinero que Andrés Granier Melo y su tesorero José Sáiz Pineda sustrajeron de las arcas del gobierno, “están construyendo, con los mejores abogados del país, una defensa que no va a resistir a la realidad y van a pagar las consecuencias”.
¿Pagar con recursos en litigio?, esto sin duda plantea otra arista del caso; como seguramente han apreciado los pacientes lectores, todo esto debe servir de enseñanza para la administración adecuada de los recursos públicos y para la sanción de las irregularidades.
AL MARGEN
LA CONTRALORA Patricia Jiménez Oropeza se abstuvo de acudir a los juzgados para ampliar su declaración en contra de Leoncio Lorenzo Gómez, ex director de Contabilidad, de la Secretaría Finanzas encabezada por José Sáiz Pineda y quien presuntamente sufrió el “robo” de importante documentación durante la administración de Andrés Granier Melo. La comparecencia de la contralora fue solicitada por la defensa de Lorenzo Gómez, encarcelado desde el pasado 21 de marzo.
Jiménez Oropeza fue quien denunció la desaparición de los documentos de la cuenta pública del sexenio de Granier Melo. Lorenzo Gómez, quien en agosto del 2012 dijo que le habían robado un vehículo con 120 cajas de archivos, está preso por falsear declaraciones. La contralora no fue objeto de sanción alguna porque no estaba obligada a comparecer.
ES POSIBLE que si se escarba un poco broten las irregularidades en la aplicación de los recursos y en la construcción de la Compuerta de El Macayo, anunciada desde el 2001, iniciada en el 2003 y que finalmente será entregada el viernes cuando la inauguren el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores Arturo Núñez de Tabasco y Manuel Velasco de Chiapas.
Esa estructura, que se ubica en Reforma, Chiapas, pero cuya operación impacta a Tabasco, tuvo que ser reiniciada entre el 2008 y 2009 luego de que –a decir del entonces director de la Conagua, José Luis Luege- “estaba mal hecha”. Habrá que estar atentos a su funcionamiento. (
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