Escala Crítica/Columna diaria
*Debe comparecer Luque Green; más de 40 mil millones
*Necesario actualizar indemnización por daños: Argáez
*Repudio de triple crimen en Tabasco; evitar impunidad
Víctor M. Sámano Labastida
EN FEBRERO del 2012 la entonces secretaria de Educación en Tabasco, Beatriz Luque Green, renunció a su cargo para postularse como candidata del PRI a una diputación. En su lugar se quedó la profesora Deyanira Camacho. Contrariamente a lo que sucedió con varios ex funcionarios ahora denunciados de manera formal, la ex titular de Educación ya había sido señalada por presuntas irregularidades. La diputación le pudo haber dado una protección que ahora no tiene.
La profesora Luque Green es una de las personas que tiene que comparecer el viernes en calidad de relacionada con una de las denuncias locales. Hay otras del ámbito federal. También ese día tiene están citados por las autoridades de la procuraduría estatal Mario Carrillo Díaz, ex director de Administración de la misma dependencia y Roger Pérez Evoli, ex titular de la Contraloría.
Según afirmó el profesor Rodolfo Lara Lagunas, actual secretario de Educación, la administración de Luque Green tiene varias cuentas pendientes, entre ellas un saldo pendiente de alrededor de mil 850 millones de pesos del impuestos descontados a los empleados pero que no se pagaron a la Secretaría de Hacienda.
Por lo revelado públicamente, la administración encabezada por Luque Green y Deyanira Camacho también deberá responder por el desvío unos mil 900 millones de pesos de recursos federales que deberían aplicarse a ese sector, al igual que a Salud y Protección Civil.
Desde que Lara Lagunas asumió como responsable del sector educativo, también informó sobre una serie de irregularidades como el tráfico de plazas, la existencia de “aviadurías” al grado que la propia ex candidata a diputada contaba con dos plazas a las cuales no se presentó –pero sí cobró- desde su renuncia a principio del 2012 cuando se fue a campaña hasta abril del 2013.
Recordemos que es la Secretaría de Educación la dependencia estatal que año con año recibe el mayor presupuesto. En el 2012 se le asignaron 8 mil millones 468 mil pesos. La otra dependencia con un presupuesto extraordinario es la Secretaría de Salud, que en el último año del gobierno de Andrés Granier tuvo 5 mil 384 millones de pesos.
Si calculamos un promedio de 7 mil millones para Educación por año, del 2007 al 2012 dispusieron de más de 42 mil millones sólo en ese sector.
LEYES LIMITADAS
SI SE PROBARAN los delitos de que se acusa a varios ex integrantes del gobierno estatal pasado (2007-2012), tendría que ponerse en discusión no sólo el daño que ocasionaron a la víctimas constituidas por un amplio segmento de la población tabasqueña, sino también la devolución de los recursos sustraídos y el resarcimiento a los afectados. Este tema lo planteé en mis columnas del 17 y 18 de junio.
A propósito de la cuestión del daño patrimonial, a las garantías fundamentales y a los derechos humanos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Argáez, reconoció que es necesario actualizar las leyes en la materia en Tabasco.
Dos fueron las preguntas que le hice al titular de la CEDH en la entidad. Comparto con el lector las interrogantes y sus respuestas:
Pregunta.- ¿Debe existir una demanda específica (para el resarcimiento del daño) o se debe seguir de oficio?
Respuesta.- Tanto en materia penal como en Materia de Derechos Humanos, el interesado debe presentar denuncia, queja o petición a fin de que el Órgano Persecutor de Delitos, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, conozcan de su asunto.
Una vez iniciados los respectivos procedimientos, los funcionarios responsables de su tramitación, Ministerio Público y Visitador, respectivamente deben ocuparse de lo concerniente a la reparación del daño de la víctima del delito y de violaciones a sus derechos humanos, de manera oficiosa, es decir, deben proceder sin que específicamente se los solicite el interesado.
Pregunta.- ¿Es necesario que en Tabasco se legisle al respecto?
Respuesta.- Las normativas actuales contemplan de manera concluyente los derechos que le asisten a la “víctima” en general, y en particular establecen la obligación del agresor o del estado, a repararle los daños que le han sido causados; sin embargo, no existen mecanismos claros y suficientes para que esta reparación del daño se realice de forma completa, breve y sencilla.
De tal forma que puede estimarse como una necesidad, el que exista una norma que “reglamente” los derechos establecidos en la Carta Magna.
Hasta ahí los cuestionamientos a Manuel Argáez y sus respuestas.
Recuerdo que cuando sucedió la catastrófica inundación del 2007 el entonces diputado local Adán Augusto López Hernández planteó una denuncia de responsabilidad de daño patrimonial; este reclamo fue llevado por Andrés Manuel López Obrador a la PGR. Entonces se demandaba a Felipe Calderón, Andrés Granier y a los titulares de la Conagua y de la CFE, por negligencia en el manejo de las presas. En esta ocasión estaríamos hablan del daño por la falta de atención a los pacientes del sistema de salud –inclusive podría configurarse el delito de negligencia criminal-, la distribución de agua sin potabilizar y los efectos de no aplicar los recursos en protección civil, entre otras.
Las democracias desarrolladas tienen legislaciones que especifican la responsabilidad por el daño patrimonial de los servidores públicos y la responsabilidad del Estado.
AL MARGEN
INDIGNACIÓN y preocupación provocó el triple crimen en Ixtacomitán, donde las víctimas fueron dos mujeres adultas –Ruth Mariana, 39 años, y Anarely, de 27 años-, y una recién nacida –Mariana- de cuatro meses. La Procuraduría estatal solicitó el apoyo de peritos de la justicia federal. Se debe actuar con celeridad, pero también con eficacia. Garantizar el castigo a los asesinos, es fundamental para evitar que la impunidad sea un incentivo a la delincuencia.
Desde hace varios años en nuestro país se vive una inseguridad creciente, relacionada con la delincuencia organizada. Pero también con la llamada delincuencia común, cada vez más brutal en sus procedimientos. En el 2011, Tabasco entró en la categoría de los ocho estados más violentos en relación a la delincuencia común. Nuestras condolencias a la familia de los afectados y a la sociedad por la afrenta que significan este tipo de sucesos.
LO QUE CRECE y se consolida tiene fuerza duradera; aquello que sólo se infla desde un principio termina por desvanecerse. (
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