Escala Crítica/Columna diaria
*Compromisos de campaña, programas partidistas, consultas
*Lavado de dinero: ¿pagar defensa con recursos dudosos?
*Granier se dice perseguido político, busca retrasar condena
Víctor M. Sámano Labastida
UN PLAN puede ser un simple documento protocolario, un acto para tomarse la foto, una verdadera “carta de navegación”, un compromiso con la población. La gente se ha acostumbrado tanto a que los planes se queden en un cajón del escritorio que por lo general no le da importancia a estos documentos sexenales. Enrique Peña Nieto presentó su Plan sexenal poco antes de cumplir los seis meses de haber tomado posesión; Arturo Núñez lo hará hoy, también a punto de cumplir un semestre en el cargo.
A la distancia podría decirse que el Plan Estatal de Tabasco para los años 2007-2012 terminó siendo letra muerta a la vista de los recientes acontecimientos. Aquel programa fue modificado como resultado –se dijo- de las inundaciones del 2007, que obligaron a modificar las metas. Luego vendrían las inundaciones del 2008 y 2009, la crisis económica y la emergencia sanitaria. Varios sucesos que fueron razón o pretexto para olvidar aquella oferta de gobierno.
SOCIALIZAR, LA CLAVE
SI PARTIMOS del hecho de que el gobierno de Arturo Núñez (2013-2018) es la primera administración de la alternancia y un proyecto surgido de la oposición, cabría esperar una amplia socialización de su Plan Estatal. Esto significa que no puede quedarse como un documento para consumo publicitario y guía burocrática, debe ser una guía de qué hará el gobierno junto a la sociedad. Con una efectiva participación ciudadana.
Entre los antecedentes para la integración del Plan Estatal se cuentan no sólo el programa de gobierno de la coalición Movimiento Progresista –ahora dispersa-, sino también las demandas de la población durante la campaña de proselitismo, los foros temáticos organizados en ese tiempo, así como los foros vueltos a organizar en los seis meses que transcurrieron entre las votaciones y la toma de posesión, trabajos éstos encabezados por Daniel Barceló, Fernando Valenzuela y Andrés Peralta.
Ahí también habría que sumar los nuevos compromisos adquiridos en las giras de agradecimiento del voto y los nuevos foros de consulta realizados a principios de año y coordinados por el secretario de Planeación y Finanzas, Víctor Lamoyi, y el de Planeación, Wilbert Méndez.
Quizá algunos recuerden los esquemas de los llamados “programas operativos anuales” que durante el gobierno de Enrique González Pedrero se firmaban en cada municipio y se dejaban a la vista de la población. Podría avanzarse en un sistema de verdaderas contralorías sociales.
Aquellas firmas públicas de los Poas municipales pueden verse como el antecedente de lo que luego fueron “los compromisos ante notario” de los políticos en campaña.
JUICIOS DE TABASCO
VARIOS SON los asuntos que se han expuesto ante la opinión pública por los “Juicios de Tabasco”. Le comenté aquí que se discutirían cuestiones como el “debido proceso”, el lavado dinero, delincuencia organizada, derechos humanos de los acusados y de las víctimas, los vínculos entre lo político y lo jurídico, entre muchas otras.
Recientemente el licenciado Amir Belisario Pérez Gómez hizo referencia a otro aspecto que, me parece, debe ser analizado no sólo por los juristas sino también como preocupación de la sociedad.
Escribió: “si llegado el caso, el dinero encontrado en poder de los inculpados (Granier y ex colaboradores) resulta de procedencia ilícita, se podrá considerar lavado de dinero las cantidades pagadas a sus defensores y entonces , éstos “famosos” (despachos) tendrían que reintegrar al Estado esas cantidades porque jamás podría desvirtuarse que es dinero sucio”.
Veamos el caso desde la perspectiva de un observador externo y no un especialista en derecho: se supone que los abogados deben litigar con razón. Esto es, que deben estar convencidos de la inocencia de sus defendidos o, en todo caso, buscar aminorar la sanción.
Aquí es dónde se plantea el conflicto referido por el maestro Pérez Gómez: ¿Puede un presunto responsable de lavado de dinero pagar con esos recursos un abogado?, ¿puede un abogado aceptar el pago con recursos de dudosa procedencia o debe exigir de alguna manera que sea certificado el origen lícito de sus emolumentos?
El licenciado Pérez Gómez define lavado de dinero: “Esta actividad, este proceso de cambio e integrador del dinero de procedencia ilícita a la vida económica es intencional, es dolosa y en consecuencia queda comprendida en el ámbito penal.
“Entonces –argumenta-, el dinero utilizado por los inculpados para pagar a los defensores sus honorarios, de procedencia ilícita, no debe ser permitido que por este medio se incorpore a la vida económica del país cantidades que en muchas ocasiones son cobradas en dólares”.
A buena parte de la población le causa extrañeza que inculpados presuntamente inocentes puedan destinar millonarias cantidades y contratar costosos abogados para su defensa. Mientras, por otro lado, las fiscalías públicas disponen de escasos recursos para llevar adelante los juicios.
Está, por supuesto, el otro extremo: cuando un ciudadano común invierte su escaso patrimonio en su defensa, ¿está obligado el Estado a resarcirle los daños y perjuicios si se llega a demostrar su inocencia?, ¿basta el “usted disculpe”?
CONTRA EL TIEMPO
APENAS en vísperas de la presentación del Plan Estatal en Tabasco y a unos días de la realización de las elecciones en 14 estados –en Baja California por el gobierno de la entidad-, se concretó la detención y encarcelamiento del ex gobernador Andrés Granier. No falta quien señale la coincidencia con la publicación de un reportaje en The New York Times y la carta del propio Granier exigiendo a la secretaría de Gobernación que no se prestara “al juego” de la administración de Núñez y del PRD.
Muchas son las especulaciones, diversos los argumentos de unos y otros. Los hechos son los que cuentan. Por ahora un ex secretario está en la cárcel, un ex gobernador está bajo proceso, varios ex funcionarios o están en la cárcel o lo estarán próximamente, otros siguen citados a comparecer. Hay 14 expedientes abiertos.
Ayer Granier Melo se dijo perseguido político, y también inocente. Pidió la ampliación del término legal para que se determine su situación jurídica. Confirmó así su táctica de ganar tiempo. Pero el tiempo ha corrido de prisa en este proceso. (
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