Escala Crítica/Columna diaria
*Presentado el Pled tabasqueño, turno de los ciudadanos
*Una oposición exigente, debe ser gobierno movilizado
*Siguen los Juicios de Tabasco; ajustar lo recuperable
Víctor M. Sámano Labastida
¿SIRVEN para algo los planes de desarrollo? Si esta pregunta se le hiciera a la población común la respuesta seguramente sería negativa. No sólo estos documentos, sino en general todo programa de gobierno se enfrenta a la incredulidad o a la indiferencia. Ayer fue presentado el Plan Estatal para el sexenio 2012-2018; en el acto oficial el gobernador Arturo Núñez aseguró que tendrá “una centralidad estratégica” y no será algo que quede relegado “en los archivos institucionales”.
Devolverle la credibilidad a las propuestas y compromisos de gobierno a mediano y largo plazos no es tarea fácil. Menos aún cuando se reconoce que la población de Tabasco viene “arrastrando el gran lastre de la corrupción y la irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno”.
Dijo Núñez: “Hemos asistido en los últimos años a un doble y gravísimo quebranto: el de las finanzas públicas del Estado y el de la moral de quienes teniendo las más altas funciones, optaron por el saqueo de los recursos del pueblo”.
MÁS QUE BUENAS INTENCIONES
VARIOS SON los aspectos que podrían referirse de un Plan que también tiene su referencia en un Plan Nacional, el presentado por Enrique Peña Nieto en mayo pasado. Como se leerá en los reportes: nueve ejes rectores, 115 objetivos, 199 estrategias y 613 líneas de acción en 11 programas sectoriales, 19 especiales y 3 regionales. Que, además, se ampliarán en función de lo que se avance, de las necesidades captadas posteriormente y de la disponibilidad de recursos.
En esa ocasión, si me permite, me detendré en el tema de la participación social: cómo hacer, desde la sociedad, desde el individuo común, que un Plan de gobierno sea más que un conjunto de buenas intenciones y sesudos diagnósticos.
De acuerdo a la Ley de Planeación estos planes deben ser diseñados con la participación ciudadana. Esta participación, con sus limitantes y objetivos diversos ocurre en las discusiones (cuando las hay) al interior de los partidos políticos para elaborar la propuesta de gobierno, en las plazas y foros durante las campañas electorales, en las consultas formales convocadas por el propio gobierno.
Pero no se puede ni debe limitar a estos mecanismos para definir lo que debe hacerse, tiene que pasar a la parte más compleja de cómo y con quien hacerlo.
Arturo Núñez, quien también es un teórico de la política, ha insistido en la “construcción de una identidad ciudadana”, en la “construcción de la ciudadanía”.
A propósito del Plan Nacional de Desarrollo, el maestro Miguel Concha, conocido activista por los derechos humanos, planteó algo aplicable también al plan que nos ocupa.
Señaló que era necesario que las organizaciones de la sociedad civil no sólo contribuyeran “en la elaboración de los diagnósticos; de proponer enfoques de derechos humanos, equidad de género y diversidad, entre otros, y de ofrecer alternativas”, sino también “incorporar procesos de monitoreo y evaluación, de ejercicios de contraloría social efectivos y reconocidos, así como mecanismos para el seguimiento y, eventualmente, difundir el cumplimiento o no” de lo que se compromete en el Plan. (La Jornada, 16/III/2013)
DE LA PLAZA AL PODER
EL NUEVO gobierno en Tabasco, ya se ha dicho pero habrá que insistir, procede de una alianza encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que durante unos 24 años se caracterizó por mantener una postura crítica respecto a la acción de las autoridades estatales. Cuando tuvo los gobiernos municipales no mantuvo esa actitud crítica organizada y dejó ir la oportunidad de construir desde las localidades una especie de contralorías sociales.
Si nos remitimos a la historia reciente, pueden hallarse testimonios de cómo uno de los elementos de la ruptura de Andrés Manuel López Obrador con el régimen dominante a principios de los ochentas fue precisamente su intención de que en su partido –en aquel tiempo el PRI- se constituyeran comités ciudadanos de acompañamiento y vigilancia del gobierno.
También podemos encontrar que en Tabasco existe una escasa cultura de la participación organizada como control y colaboración. Hay una cultura de menosprecio y descalificación a las organizaciones sociales, al activismo civil.
Quizá uno de los grandes retos de este gobierno es promover –o por lo menos no obstaculizar- la organización de la sociedad. Por supuesto que se debe evitar reproducir los vicios de agrupaciones subsidiadas sólo para el aplauso o de membretes dedicados a pedir. La alternancia y la construcción de una alternativa se tendrán que reflejar en la participación responsable e informada de la que habló el gobernador Núñez en su discurso de presentación del Pled.
También, claro, la energía crítica de la oposición ahora en el gobierno debe participar en la construcción de esa alternativa. Debe evitar reproducir los errores de la desmovilización –o el reclamo de corto plazo- experimentados cuando fueron gobierno municipal.
GRANIER, GRAHAM
UN SECTOR de la población tabasqueña se habrá extrañado que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, haya sido acusado de un presunto lavado de dinero por 35 millones de pesos. Una cantidad que si bien es mucha para el común de las personas, resulta menor frente a los montos de cientos de millones de pesos que se dice fueron desviados.
Sin embargo, fue apenas uno de los procesos.
Ayer el ex mandatario tabasqueño tuvo que comparecer por la presunta defraudación fiscal relacionada con unos 77 millones de pesos.
Las dos cantidades superan, por el momento, los cien millones de pesos.
Aunque aún así todavía no aclaran el destino de cientos, quizá miles de millones de pesos a los que se refieren las denuncias públicas.
Sin embargo, hay acumuladas unas 14 denuncias.
Una de ellas, la que involucra a la secretaría de Salud, llevó ayer a comparecer a Luis Felipe Graham, ex candidato a la alcaldía de Centro quien señaló a la secretaría de Finanzas como la responsable de administrar los recursos. Lo mismo sucedió en la comparecencia del ex secretario de seguridad pública, Sergio López Uribe.
Conforme avancen los procesos se irán ajustando las cantidades de lo que fue desviado a cuentas particulares. Podemos observar que lo que recupere el estado será mínimo en comparación con el daño.
Lo más importante: el estado requiere de normas y procedimientos más eficaces para que no se repitan estas historias. (
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