Escala Crítica/Columna diaria
*Clientelismo, división, confrontación, los efectos
*Plan, severo diagnóstico; compromiso de corregir
*Coordinación y participación: Aldea por los Niños
Víctor M. Sámano Labastida
“TABASCO ha vivido un largo proceso de polarización entre sus principales fuerzas políticas, (lo) que no ha permitido que la pluralidad se exprese a través del diálogo, la negociación, la construcción de acuerdos”, se lee al inicio del “Diagnóstico” que acompaña al Plan Estatal de Desarrollo (Pled), presentado por el gobernador Arturo Núñez el 27 de junio y que ayer tuvimos oportunidad de comentar con el coordinador de Planeación, Wilver Méndez en una entrevista por Canal Siete de TVT.
El proceso de polarización, al que también se han referido diversos actores políticos y que algunos remontan a dos o tres décadas –aunque este columnista considera que tiene sus raíces en problemas de marginación más anterior-, llevó a una “confrontación permanente, cooptación de liderazgos, clientelismo y división entre los tabasqueños”, señala el documento oficial.
DINERO, MUCHO Y MALO
DE ESTE y otros temas platicamos con el responsable de Planeación, en un programa compartido con el periodista Samuel Cantón Zetina. Nos referimos ahí a cada una de las prioridades establecidas en el Pled, así como también a la necesidad de socializar el plan, de hacer que la población lo haga suyo, participe y supervise su aplicación.
Es posible que para un segmento de la llamada “clase política”, los juicios en proceso por el desvío de recursos y peculado, no abonen a la convivencia. Quizá la norma de “taparse los unos a los otros” sea el método que prefieran. Como en los viejos tiempos.
Pero también puede advertirse como un grave riesgo para la gobernabilidad y la estabilidad el exceso en la disposición patrimonial de los recursos públicos. El dinero se agota, igual que la paciencia.
En este sentido, se comentó con Méndez Magaña, aplicaría la necesidad de entender al Estado (institución) como un instrumento para garantizar el interés público, sobre todo para atender a los más desprotegidos en la estructura social –que son los que más pierden ante la ausencia de eficacia de un gobierno, o cuando los funcionarios se apropian de los recursos.
Combatir la corrupción es también atacar las condiciones que propagan y agravan la pobreza. Más si un gobierno “de izquierdas” tiene como compromiso histórico la justicia social.
En el “Diagnóstico” incluido en el Pled podemos encontrar varios de los asuntos que hemos abordado en esta columna: la nociva dependencia de la economía respecto a la explotación petrolera; el alto costo de la burocracia estatal; los últimos lugares que ocupa Tabasco en combate a la pobreza, la alta marginación, el creciente desempleo, los bajos ingresos.
Un dato que ilustra la contradicción entre lo enormes recursos y su mala aplicación lo tenemos en educación y salud, los dos rubros con mayor presupuesto. En salud, por ejemplo –refiere el Pled- Tabasco erogó 3 mil 819 pesos por habitante, siendo el cuarto estado con mayores montos, pero la esperanza de vida de sus habitantes lo coloca en la posición 21 y en la 17 en mortalidad materna.
No basta tener dinero, hay que aplicarlo bien.
POLÍTICA E INFANCIA
ALERTA Amber es un sistema de respuesta inmediata y coordinación para la búsqueda de menores de 14 años reportados como extraviados. Se aplica en 10 países y, aunque México firmó el protocolo, hasta la fecha sólo funciona en unos 17 estados de la República. En Tabasco la semana pasada se realizó un taller para la próxima aplicación de este esquema de localización.
Alejandra Arias, coordinadora de Aldea por los Niños en Tabasco reflexionó a propósito de lo que aquí publicamos:
“Diversos organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) que aglutina a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la búsqueda de niños extraviados y/o desaparecidos (…) han hecho innumerables esfuerzos para que los 32 estados del país implementen la Alerta Amber”.
Sólo respondieron cinco entidades –nos dice Alejandra- “entre las cuales se encuentra el DF; la propia REDIM ha destacado el interés de Miguel Ángel Mancera entre otros gobernadores, los cuales ya presentaron una propuesta al gobierno federal para la adquisición del equipo C 4 necesario para el monitoreo de espacios públicos o áreas de mayor riesgo en relación al extravío de infantes”.
Continúa la activista: “Todo esto se ha hecho por solicitud y en alianza con la sociedad civil organizada, instituciones y medios de comunicación, a través de un comité de trabajo previamente establecido con responsabilidades específicas para evitar que sea una estructura fantasma para sólo llamar la atención. Sin un trabajo en red para la localización y búsqueda de niños la Alerta Amber sencillamente no tiene razón de ser”.
También apunta que “en Tabasco no vemos claramente cuál es la conformación del comité de trabajo de la Alerta Amber y el deslinde de responsabilidades de acuerdo a como se establece en la propia iniciativa”.
Tras el anuncio de que ahora sí se establecería el protocolo para la seguridad de los menores en Tabasco, Alejandra Arias expresa su deseo de que no se trate sólo de “un anuncio emergente” y reclama la aplicación de “políticas públicas para la infancia abusada o víctima de explotación laboral, de acuerdo a como lo establece la Convención de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia”.
AL MARGEN
PRÁCTICAMENTE desapercibida, por lo menos para el público no especializado, transcurre la gestión de quien representa a la Secretaría de Educación Pública en la Oficina de Servicios Federales del ramo, desde que en los años setenta se inició la desconcentración de este sector en el país. Anteriormente, los delegados federales de educación eran funcionarios superpoderosos, porque casi siempre eran resultado también de un acuerdo entre el sindicato hegemónico (SNTE) y el gobierno federal.
Fue anunciada la sustitución del maestro Rubén Fonseca Caldera de la oficina federal en Tabasco. En su lugar designaron a Olivia del Carmen Azcona Priego, maestra en Pedagogía y originaria de Villahermosa. Otro de los cargos de bajo perfil es de quien despacha en la oficina local de la Secretaría de Gobernación.
FUE UNA INVESTIGACIÓN periodística no una filtración de la PGJ, aseguró el procurador Fernando Valenzuela en torno a la versión del diario Reforma de que Amílcar Sala Villanueva es uno de los principales investigados en el desfalco a Tabasco. Este personaje fue asesor de Finanzas así como responsable de varios fideicomisos. (
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