Escala Crítica/Columna diaria
*Larga cadena: falta de denuncias, desconfianza, impunidad
*Pemex, inversiones, reforma, especulación política
*Ser niño e indígena, doble desventaja; abuso de autoridad
Víctor M. Sámano Labastida
¿POR DÓNDE comenzar? En Tabasco, de cada cien delitos sólo 20 llegan a conocimiento de la autoridad y uno de cada cien concluye en sentencia condenatoria. Esta gran impunidad se vincula a la falta de denuncias; el 85 por ciento de las víctimas confían poco o nada en el Ministerio Público. Esta entidad del sureste ocupaba en el 2012 el lugar 31 en el país –penúltimo- en materia de justicia penal. La inseguridad es un tema en la agenda desde por lo menos hace cinco años.
Los datos que refiero al principio están consignados en un diagnóstico oficial: Plan Estatal de Desarrollo (Eje Uno.- Estado de Derecho, Construcción de la Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia). Cuando ocurren tragedias como la de Miahautlán, Cunducán, recordamos que mucho de lo que ahora escuchamos o leemos ya se había dicho.
Los datos contenidos en el “Diagnóstico” provienen de diversas fuentes oficiales y de estudios especializados. Muchas de las referencias las conoce el lector de esta columna.
Aquí le comentamos el estudio de México Evalúa (2011), que colocaba a Tabasco en una gráfica ascendente de la violencia en los delitos; los balances del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), sobre los primeros lugares de Tabasco en secuestros (2010, 2011); el incremento de los robos a transeúntes que ubicaban a la entidad también en los primeros sitios (Cidac, Centro de Investigación para el Desarrollo).
Después de las catastróficas inundaciones del 2007, la hipótesis expuesta fue que se incrementarían la inseguridad y los robos comunes; lo mismo se previó con respecto a la llamada delincuencia organizada cuando Felipe Calderón decidió la denominada “guerra al narcotráfico”: una expansión de las bandas.
Citamos aquí la investigación que dio origen al libro “Gomorra” de Roberto Saviano, que aunque explicaba el fenómeno en Italia de la Camorra (una organización mafiosa con sede en Nápoles), ofrecía entre muchas de sus conclusiones dos certezas: que la delincuencia penetraba donde había debilidad de las instituciones gubernamentales y una ruptura de los lazos comunitarios. ¿Nos dice algo de Tabasco?
Dice el diagnóstico del PLED tabasqueño (2012): esta entidad se ubicaba como el estado del sureste con mayor percepción de inseguridad y lugar once en el país; los municipios con mayor índice delictivo son Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana y Nacajuca. Reconoce la falta de elementos para enfrentar a la delincuencia: uno de los más bajos porcentajes de policía por población en el país (le contamos aquí los bajísimos salarios y la deficiente preparación).
Leemos: “la capital del estado, así como la zona conurbada Villahermosa-Nacajuca, concentran el 18 por ciento de la población estatal, presentando un acelerado crecimiento delictivo (…) El tráfico ilegal de personas que se dirigen hacia el vecino país del norte ha repercutido en Tabasco, incrementando los efectos de la inseguridad…”
No es, por supuesto, un asunto sólo de policías, jueces, cárceles, armamento. Sin en algún momento podía agudizarse el desafío de la delincuencia es en el momento de la alternancia gubernamental, pero también es cuando se podrían poner las bases para su combate serio y profesional.
SIEMPRE EL PETRÓLEO
SERÁ HASTA agosto la asamblea del Consejo Nacional del PRD. Inicialmente prevista para septiembre, será hasta los días 9 y 10 del siguiente mes; al parecer, las diferencias entre las corrientes solaztequistas obligaron al aplazamiento. Trascendió que el sábado próximo podrían estar en una reunión de dirigentes perredistas los gobernadores surgidos de la coalición de izquierdas –entre ellos Arturo Núñez, de Tabasco.
El partido encabezado por Jesús Zambrano pretende realizar en agosto una consulta nacional sobre el petróleo y el IVA. Para ello necesita coordinarse con los mandatarios quienes también apoyan un referendo sobre las reformas energética, fiscal y hacendaria.
Antes, el 8 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizarán una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México.
A PROPÓSITO del petróleo, aunque el 56 por ciento de los encuestados por el CESOP considera que la reforma energética es “algo” o “muy” necesaria, el 54 por ciento está en desacuerdo con la participación del capital privado en Pemex y un porcentaje similar considera que recibir inversión extranjera va en contra de la soberanía nacional. También el 88 por ciento percibe “algo” o “mucha” corrupción en la paraestatal.
El CESOP es el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP). Su director Rafael Aréstegui Ruiz se defendió contra las críticas del presidente de la mesa directiva de la Cámara, Francisco Arroyo (PRI), a quien le pareció que los resultados favorecían a los opositores a la reforma en Pemex. Los diputados del PRD y PT defendieron los resultados.
Otos resultados del sondeo indican que el 80 por ciento considera que el sindicato de Pemex beneficia más a los líderes que a los trabajadores y el 52 por ciento tiene una “mala” opinión de la organización gremial.
AL MARGEN
LA NOTICIA circuló rápidamente y ocupó espacios en los informativos nacionales: un trabajador del Ayuntamiento de Centro (Villahermosa) humilló, maltrató y arrebató su mercancía a un pequeño vendedor ambulante en la Zona Luz de la capital tabasqueña. Un hecho que lamentablemente es común –“confiscan la mercancía a los menores y sólo se las devuelve a cambio del pago de 150 pesos, sin recibo alguno”, publicó El Universal.
Sin embargo el suceso fue grabado en un video. Se difundió ampliamente. Vinieron las reacciones. La Comisión Estatal de Derecho Humanos anunció que investigará de oficio este abuso de autoridad y el alcalde de Centro, Humberto de los Santos, informó que el empleado Juan Diego López fue sancionado en prevención de su cese definitivo. Será necesaria una “reeducación” en el trato con los ciudadanos y en especial con quienes son vulnerables a la discriminación. ¿Si empezamos por no llamar “chiapitas”, “chintos” o con términos similares a quienes tienen apariencia indígena? (
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