Escala Crítica/Columna diaria
*No quieren más impuestos, ni dinero privado en petróleo
*En Durango, diputados sin fuero; reducirán Congreso
*Lo que sigue del paro magisterial; sectores estratégicos
Víctor M. Sámano Labastida
DURANTE DOS DOMINGOS la agrupación Alianza Cívica realizó la consulta nacional sobre las reformas energética y fiscal del presidente Enrique Peña Nieto y del PRI. El resultado de este ejercicio fue previsible: el 80 por ciento de los participantes se pronunciaron en contra de la inversión privada en Pemex y el 87 por ciento están en desacuerdo con una posible aplicación del IVA a los alimentos y medicinas.
La tendencia de los resultados podía anticiparse; sólo habría un ajuste en los porcentajes. Por lo general, quienes acuden a responden en este tipo de consultas tienen una posición definida hacia lo que podríamos denominar “política de izquierda”.
La consulta de Alianza Cívica se aplicó en dos etapas: el 25 de agosto y el 1 de septiembre, con la instalación de 7 mil 359 mesas receptoras. Aunque esperaban que un millón y medio de ciudadanos acudieran a las mesas, sólo fue posible motivar a unos 600 mil en todo el país. “Faltó difusión”, explicaba uno de los activistas en Tabasco.
Los resultados indican que la mayoría de los consultados, aunque se oponen a los cambios constitucionales para la inversión privada en Pemex, sí consideran que los beneficios de la industria petrolera deben usarse en servicios públicos e infraestructura (91 por ciento).
También consideran que solo Pemex –y no empresas privadas- puede construir las refinerías necesarias en el país.
También opinaron sobre una iniciativa de reforma que posiblemente se presente el domingo: la fiscal.
De acuerdo a los primeros resultados de la consulta de Alianza Cívica, además de que existe un rechazo generalizado a la aplicación del IVA en medicinas y alimentos, un 85 por ciento considera que quienes tienen más ingresos paguen mayor porcentaje de impuestos, al mismo tiempo que se supriman los llamados regímenes de excepción.
Seguramente los críticos de la consulta, patrocinada por el PRD, cuestionarán las preguntas, la aplicación y la muestra de participantes. Donde mayor respuesta a este ejercicio de Alianza Cívica hubo fue en
el Distrito Federal, Puebla, Baja California, Tamaulipas, México, Querétaro y Tabasco.
INMUNIDAD E IMPUNIDAD
A PRINCIPIOS de este año los diputados federales aprobaron la eliminación del fuero a los legisladores y funcionarios públicos. Con la reforma dejarían de tener esta protección los Secretarios de Estado, Procuradores y Ministros de Justicia, así como Gobernadores y Alcaldes.
Hace unos días, por primera vez un grupo de diputados en Durango que asumieron sus cargos no tendrán fuero constitucional. Estos 30 legisladores podrán ser sujetos a proceso penal cuando estén involucrados en algún delito grave.
Se mantiene -por supuesto-, la protección a los legisladores para no ser molestados por las opiniones que expresen al desempeñar sus funciones. De hecho, originalmente el fuero tenía el objetivo de proteger a los diputados y senadores para que pudieran expresarse libremente. La inmunidad degeneró en impunidad.
Porque aún cuando un legislador o un servidor público protegido por el fuero cometiera un delito para enfrentar un proceso legal primero tiene que pasar por un juicio político. La aplicación de la ley termina sujeta a una decisión de representantes partidistas.
En Durango también se tomó otra decisión histórica: de los actuales 30 diputados, en la próxima legislatura –la que asuma dentro de tres años- sólo serán 25. Una reducción del número de diputados y una limitación del fuero.
Mientras, en Tabasco se autorizó una ampliación presupuestal a los diputados locales.
DESPUÉS DE LOS MAESTROS
PASADO EL CONFLICTO magisterial en Tabasco, por lo menos en su primera etapa, el gobierno estatal se debe preparar para un posible estallido en la Secretaría de Salud. Los dos sectores –educación y salud- son los que mayores recursos manejan, tienen presencia en toda la entidad (por lo que despiertan ambiciones políticas) y son, entre otras cosas, las áreas donde más recursos faltantes se han denunciado.
Le decía en alguna colaboración anterior que son áreas también de riesgo la seguridad pública (los policías) y los sindicatos de burócratas (estatales y municipales), en los cuales seguramente los encargados de la política local ya tendrán o deberían tener sus posibles respuestas.
Dos son los factores determinantes de posibles conflictos: los rezagos heredados y los intereses que se mueven en una circunstancia de alternancia partidista.
Por cierto que ayer, el ex director de Recursos Materiales del gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, Javier Núñez, y actual director de Administración de la Secretaría de Salud, rechazó los señalamientos supuestas compras directas de ambulancias. “Estamos privilegiando las licitaciones públicas”, afirmó el ex activista del Codehutab y ahora colaborador del doctor Ezequiel Toledo.
En la Secretaría de Salud existe, además de la dirección a cargo de Núñez López, una coordinación de administración y finanzas, en la que despacha Liborio Correa, ex dirigente de la CNC del PRI, ex diputado y ex alcalde de Jalapa.
AL MARGEN
HOY CONCLUYE el Encuentro Internacional de Televisión Pública. Realizado en Villahermosa y como parte de los festejos de los 20 años de Canal 22 (TV cultural), esta reunión de especialistas, autoridades e interesados en el tema de los medios de propiedad pública –o no de empresas privadas- fue también una muestra de la diversidad y la disparidad de la radio y la televisión.
Las que mayor precariedad padecen son las radiodifusoras y televisoras comunitarias e indígenas. En el caso de Tabasco, la estación radiodifusora “La Voz de los Chontales” fue cerrada en 1989; se han hecho diversos intentos por reabrirla. Universidades como la UJAT y Olmeca han abierto sus propias radiodifusoras. En la Universidad estatal se anunció el próximo arranque del proyecto TV-UJAT.
EVARISTO HERNÁNDEZ presentó a su compañera de fórmula para buscar la dirigencia estatal del PRI. Propone a Adriana Marín Pérez para la secretaría general. Insistió en una elección libre aunque esté limitada a la asamblea de consejeros como ya se acordó en el tricolor. Ayer hubo una intensificación de las negociaciones para tratar de disminuir la lista de aspirantes que rebasa la veintena. El plazo para la publicación de la convocatoria vence el 15 de septiembre. Se da por hecho que los priístas llegarán a los tribunales.
La noche del jueves se conoció la versión de que la convocatoria tricolor estatal saldrá el 12 de septiembre. Según versión periodística sólo habrá espacio para cuatro de los más de 20 aspirantes.
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