Escala Crítica/Columna diaria
*Los municipios tabasqueños sin Atlas de Riesgos
*En proyecto una subsecretaría de Enlace Legislativo
*El Estado debe indemnizar a víctimas de malos juicios
Víctor M. Sámano Labastida
LA PREVENCIÓN permite evitar sorpresas desagradables. O por lo menos disminuir los efectos de un siniestro. En Guerrero, tal como sucedió en Tabasco en el 2007, quedaron evidenciadas una serie de anomalías que agravaron los efectos de los fenómenos naturales. El martes pasado en el Congreso tabasqueño el diputado Patricio Bosch propuso un exhorto a los presidentes municipales para que fortalezcan sus sistemas de protección civil.
Hubiera sido recomendable que desde el inicio de la Legislatura los diputados tabasqueños, por lo menos los integrantes de la Comisión respectiva acudieran a cada uno de los municipios para constatar en sitio las condiciones de las direcciones de Protección Civil.
En especial de aquellas con mayor riesgo de inundaciones. Esperemos que el exhorto no llegue tarde y que los ediles atiendan al llamado. Lo contrario sería negligencia y de esto deberá tomar la Comisión que encabeza el diputado Mario Córdoba (PRD).
Bosch Hernández pidió entre otras cosas hacer un inventario de los recursos y actualizar los Atlas Municipales de Riesgos. Un reciente reporte del Banco Mundial indicó que nuestro país tiene notables atrasos en materia de mapas de riesgos.
En una colaboración anterior comentamos que ningún estado de la República cuenta con un atlas actualizado. Algunos ni siquiera lo reportan iniciado. De acuerdo a los sitios de Protección Civil en Internet sólo entidades como Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Tlaxcala, el Distrito Federal, Chiapas, Jalisco y el Estado de México, tienen algún avance.
En el caso de los municipios, se estima que de dos mil 500 Ayuntamientos del país sólo 300 cuentan con algo parecido a un mapa de riesgos.
Con respecto a Tabasco solo se conoce públicamente la presentación del Atlas de Riesgo de Centro (Villahermosa).
Durante su visita a Tabasco en julio pasado, el coordinador nacional de Protección Civil de la Segob, Luis Felipe Puente, destacó la necesidad de coordinarse con los municipios y el estado para “desarrollar un proyecto de Atlas de Riesgo” para un nuevo reordenamiento territorial en Tabasco.
¿Existe o no un Atlas para Tabasco? Recordemos que entre 2011 y 2012 se anunciaron ambiciosas inversiones para un sistema preventivo de catástrofes en la entidad. Fue más ruido.
TENDER PUENTES
DESDE antes de que tomara posesión el “gobierno de la alternancia” estaba clara su necesidad de un eficaz enlace parlamentario, un puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Históricamente esta tarea la desempeñaba el titular de la Secretaría de Gobierno. Aunque en Tabasco hay quienes acudieron a canales informales, como cuando Gustavo Rosario Torres fungió como una especie de asesor y vínculo legislativo.
Todo indica que Oscar Ferrer Ávalos, ex alcalde de Huimanguillo, se hará cargo de manera formal de estas funciones ya que en breve podría ser designado Subsecretario de Asuntos Legislativos, una oficina de nueva creación prevista en la Secretaría de Gobierno que encabeza César Raúl Ojeda Zubieta.
Actualmente la Segob tabasqueña tiene tres subsecretarías y una coordinación, cuatro órganos desconcentrados y dos organismos descentralizados.
El también empresario Ferrer Ávalos fue presidente municipal de Huimanguillo, coordinador de Acción Electoral durante la campaña de Arturo Núñez; responsable del foro temático sobre “Federalismo y desarrollo regional” en la integración del Plan Estatal de Desarrollo
En el caso federal existe una Subsecretaría de Enlace Legislativo a cargo de Felipe Solís Acero, en el organigrama de la poderosa Secretaría de Gobernación. Esta Subsecretaría cuenta con una Unidad de Enlace Legislativo, una Dirección General de Estudios Legislativos y una Dirección General de Información Legislativa.
De ocurrir la reforma prevista en Tabasco para la nueva subsecretaría, habrá que observar cuál será su estructura y funciones.
¿Habrá otros ajustes?, seguramente.
DEBE INDEMNIZAR
RESULTA moneda común que cuando una persona es detenida arbitrariamente o condenada por error judicial todo concluya con un “usted perdone”. En nada se valora el daño físico y mental, la exposición pública –ahora tan de moda- de un inocente. Un estudio de la organización Open Society (2011) advertía que el 40 por ciento de los encarcelados en México eran técnicamente inocentes, porque no habían recibido sentencia.
Un reciente análisis de la agrupación México Evalúa (agosto 2013) refiere que hay estados de la República en donde entre el 50 y 60 por ciento de los reos aún esperan el dictamen de un juez.
Recientemente el diputado tabasqueño Marco Rosendo Medina presentó una iniciativa a nombre de la bancada del PRD en el Congreso federal para establecer en la Constitución la obligatoriedad del Estado Mexicano de indemnizar a quienes sean condenados por un error judicial.
De acuerdo a la propuesta de Medina Filigrana se trata de “incorporar el concepto de error judicial, al rubro de la responsabilidad patrimonial del Estado”, que actualmente sólo se limita a la actividad administrativa y regular de la administración pública federal o local.
Hay que decir que por lo general también en el ámbito de la actividad administrativa dolosa o negligente los gobiernos son omisos para cumplir con la reparación del daño.
También argumentó que la iniciativa tiene el objetivo de brindar a los ciudadanos “mayores herramientas jurídicas que garanticen la salvaguarda de sus derechos frente al poder estatal”.
Otra polémica iniciativa presentada por el perredista fue relacionada con el ausentismo de los legisladores. Propuso que se elimine el privilegio mediante el cual los diputados pueden faltar hasta a diez sesiones en un periodo sin que sea llamado el suplente.
Medina Filigrana planteó que los legisladores sean tratados como los ciudadanos comunes y sin privilegios en este aspecto: que al igual que a los asalariados –que además eso son- sólo se les permita un máximo de tres faltas; en caso de excederlas deberían ser suplidos por inasistencia. Causó disgusto en muchos, por supuesto, pero es un reclamo justo.
AL MARGEN
SE CONFIRMÓ lo referido ayer a esta columna por fuentes cercanas al tricolor: la elección será el 17 de noviembre. Parecería que fue la respuesta del CEN tricolor a la queja de once los aspirantes que reclamaban la remoción de José Antonio Aguilar Bodegas. La convocatoria incluye algunos “candados” como la edad máxima de alguno de los integrantes de la fórmula –debe ser un hombre y una mujer-, el apoyo de la estructura territorial y la firma de tres sectores. (
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