Escala Crítica/Columna diaria
*Tabasco y Campeche, entre nueve estados petrolizados
*Pagan los costos de la explotación; dudosos beneficios
*Imprevisible, impacto de la renuncia al carácter estratégico
Víctor M. Sámano Labastida
AUNQUE NECESARIA no parece posible una alianza o frente común de los estados con actividad petrolera, para tener una posición que beneficie a su población y al desarrollo general en el debate y posible aprobación de la reforma energética (PRI). En especial la relativa al petróleo y al gas. Sólo cuando se ofertó la hasta ahora fallida nueva refinería en 2008 pudimos ver un “despertar” de las entidades vinculadas a los hidrocarburos.
Los estados con actividad directa en extracción de hidrocarburos de acuerdo a registros del INEGI (2005) son: Tabasco, Veracruz, Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. Curiosamente no incluye a Campeche, la mayor reserva en explotación porque Cantarell se encuentra en la zona marítima.
Otras entidades en las que se reporta la actividad petrolera indirecta son Hidalgo, Guanajuato y Oaxaca, donde se localizan las refinerías.
DE VARIOS COLORES
UN REPORTE de marzo del 2013, del Sistema de Información Energética sólo incluye a siete estados como “productores de petróleo”. Cabe señalar que en sentido estricto no son productores, porque los hidrocarburos son un recurso natural no renovable. Las entidades incluidas son: Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí. Como se puede ver, quedan excluidos Coahuila y Nuevo León, de la Cuenca de Burgos, porque ahí la explotación es de gas natural.
Campeche y Tabasco concentran actualmente el 90 por ciento de la actividad petrolera. Su aportación es del 78.9 por ciento y 16 por ciento respectivamente, al cierre del 2012. ¿Excluirán de las cuentas de Tabasco los hidrocarburos ubicados mar adentro, frente a sus costas?
Los otros estados considerados en el reporte de la Secretaría de Energía tienen una presencia mínima: San Luis Potosí, 0.02 por ciento; Tamaulipas, 0.3; Puebla, 0.42; Veracruz, 2.7; Chiapas, 1.4 por ciento.
En ese contexto, sólo Tabasco aparecería como el estado líder debido a que –decía líneas arriba-, los yacimientos de Campeche son considerados en “aguas territoriales” por lo tanto no se reportan en sus cuentas, aunque como entidad recibe el impacto de la actividad extractiva y de distribución.
¿Por qué resulta difícil un bloque homogéneo, que responda a los intereses de su población y no a mandatos partidistas?
Veamos. De los doce estados mencionados –nueve con actividad primaria y tres en refinación-, están gobernados por el PRI los siguientes: Veracruz, Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; así como Hidalgo.
Guanajuato está bajo la tutela del PAN; Oaxaca y Puebla tienen un gobierno de coalición, con predominio en el caso oaxaqueño de Movimiento Ciudadano (ex Convergencia) y en el poblano su tendencia es más cercana al PAN y al Panal. Chiapas es otra entidad bajo administración de una coalición encabezada por el Partido Verde pero con predominio del PRI.
TABASCO, LÍDER
SÓLO TABASCO aparece no sólo como líder en extracción y explotación territorial de hidrocarburos –el primero en gas, segundo en petróleo-, sino gobernado por una coalición distinta a las demás. Su gobernador Arturo Núñez está afiliado al PRD, pero es resultado de una coalición en la que hay militantes de Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Agrupación Pino Suárez y disidentes priístas, así como ciudadanos sin partido.
El bloque PRI, PVEM, PAN y Nueva Alianza están a favor de los cambios constitucionales en materia energética. Su proyecto elimina el “carácter estratégico” (esto es reservado al Estado) de la extracción del gas y crudo, así como de la generación y distribución (venta) de electricidad.
En cambio el lopezobradorista Morena, PRD, PT y MC –con sus matices y cálculos de cada agrupamiento-, rechazan las reformas constitucionales que consideran un mecanismo de “privatización” y de renuncia al control del Estado.
Hasta el momento, sólo Núñez Jiménez gobernador de Tabasco ha planteado la necesidad de que la Federación establezca un Fondo de Hidrocarburos para compensar a los estados petroleros afectados por una modificación en la redistribución de las participaciones. Una reforma aprobada en 2007 y aplicada a partir del 2008 cambió los criterios de aportación a la extracción nacional de crudo, por criterios de carácter demográfico. Entonces perdió Tabasco y ganó nada menos que el Estado de México.
A la propuesta del Fondo de Hidrocarburos se sumaron los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Campeche, hasta ahora. Se calcula que Tabasco perdió por esa modificación entre 6 mil y 8 mil millones de pesos anualmente en la ampliación de sus recursos financieros.
No se considera en este Fondo, por supuesto, los impactos que tendría la reforma del régimen de exploración y explotación petrolera. Un efecto aún imprevisible. Para algunos, casi catastrófico.
Una de las consecuencias la estamos observando en Nacajuca, con los daños directos y colaterales que no se “arreglan” con indemnizaciones.
AL MARGEN
DESPACHA el activista indígena y egresado de la Universidad Popular de la Chontalpa, Luis Alberto Méndez May, como rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), con sede en Tacotalpa. A la renuncia de José Hernández, el nuevo directivo asumió la jefatura de una institución cuya extensión coordinaba en Centla.
Abogado de profesión Méndez May fue integrante del Consejo de Comunidades Unidas de Centla. También fue coordinador de la Universidad Indígena Latinoamericana, de Villa Vicente Guerrero, institución popular que no obtuvo el registro oficial y tampoco logró transformarse en Universidad Intercultural del Grijalva.
LA DOCTORA Gabriela Sánchez, ex asesora de la holandesa Agencia de Cooperación Internacional para el desarrollo, impartirá un curso-taller para sensibilizar y capacitar a funcionarios en la gestión y obtención de recursos financieros, intercambio de conocimientos en ciencia y tecnología, en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, explicó Dora Nelly Martínez, subsecretaria de Gobierno en el área. Este foro se realizará del 27 al 29 de noviembre.
Es organizado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.
EL PROBLEMA del transporte público requerirá de una decidida intervención reguladora del gobierno. Un servicio público que tiene una alta carga explosiva no puede quedar al arbitrio de particulares ni a la especulación financiera. (
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