Escala Crítica/Columna diaria
*Posible echar atrás reformas; PRI pide respeto a “las mayorías”
*El DIF y los grupos vulnerables; potenciar sus capacidades
*Combate al crimen. Una alternativa al “efecto cucaracha”
Víctor M. Sámano Labastida
CON TÉRMINOS distintos, pero tanto los dirigentes de Morena como del PRD han hablado de una “consulta revocatoria”, en caso de que la mayoría de los legisladores del PRI y PAN aprueben las reformas a la Constitución en materia energética. Cuauhtémoc Cárdenas, ha sido más específico: habló de reunir firmas de un millón 630 mil ciudadanos para proceder a una consulta nacional revocatoria.
Andrés Manuel López Obrador pretende actuar antes. Impedir que se vote la reforma energética impulsada por el PRI y reforzada por el PAN, sin descartar que si se aprueba también se vaya por una acción que la anule.
La estrategia del Movimiento de Regeneración Nacional es iniciar una “resistencia civil pacífica”, como parte de la cual esa organización también recoge firmas para exigir una consulta nacional previa a la discusión y votación de la reforma. Antes había pedido públicamente al presidente Enrique Peña Nieto convocar a esa consulta.
PREGUNTAR AL PUEBLO
EN TÉRMINOS numéricos, el gobierno federal está en condiciones de obtener ya la votación mayoritaria para su propuesta: requiere del apoyo de 86 senadores y tiene asegurados 100 votos. Pero lo frena el costo político de no poder convencer a más aliados.
¿Es posible una acción revocatoria?
Los asesores integrantes del comité convocante están seguros que sí. Este comité lo integran el propio Cárdenas Solórzano, Clara Jusidman, Dante Delgado, Carlos Payán, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Velasco, Mario Delgado y Miguel Barbosa, Alejandro Encinas, Alberto Anaya y Manuel Camacho Solís.
El procedimiento a seguir es recabar más de un millón 600 mil firmas para llevarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Serán los magistrados los que determinen si el motivo de la consulta es constitucional.
Las firmas también se llevarían al Congreso para que convoque a una consulta, que deberá realizarse en la misma fecha que las elecciones de 2015.
Según Cuauhtémoc Cárdenas, “el artículo 35 de la Constitución nos dice que una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras federales, de diputados o senadores, o el 2 por ciento de la lista de electores, que es de alrededor de un millón 630 mil (ciudadanos), puede solicitar que se convoque a una consulta popular, y en este caso estamos pensando en promover esta consulta popular que pudiera revocar la reforma, si llegara a consumarse”.
El artículo 35 de la Constitución establece en efecto que es derecho de los ciudadanos mexicanos “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, aunque establece algunos asuntos que no podrán ser objeto de consulta –restricción de los derechos humanos, temas de materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional y fuerzas armadas-. La Suprema Corte la que determinaría si los cambios en los artículos 27 y 28 constitucional son motivo de “trascendencia nacional”.
César Camacho, dirigente del PRI, y Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del tricolor aseguran que la reforma energética se aprobará antes del 15 de diciembre. ¿Puede optar el gobierno federal por modificar sólo las leyes secundarias o insistirá en los cambios constitucionales? Queda poco tiempo para saberlo.
EFECTO INSECTICIDA
ASÍ COMO el combate a las bandas delictivas en un territorio produce –dicen algunos- “el efecto cucaracha” o desplazamiento de los criminales de un sitio a otro, también la batalla contra el narcotráfico puede ocasionar la migración de delitos. Esto es, el incremento de los delitos del fuero común como resultado de la desarticulación de los cárteles.
Por lo menos esta teoría es defendida por el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong. También lo dice el procurador Jesús Murillo Karam: “Eso es de manera natural, es muy sencillo. Si se le quita el financiamiento al crimen organizado, que son los delitos de alto impacto, la desocupación genera que se metan en otro tipo de delitos: los del fuero común”. Lo explicó así después de una reunión con senadores en agosto pasado.
El fin de semana reciente se conoció un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que después de una ligera baja en septiembre, los casos de homicidios dolosos, extorsiones y secuestros se volvieron a incrementar. De acuerdo al resumen general, en lo que va del gobierno de Peña Nieto se tiene el registro hasta el 30 de octubre de más de 17 mil averiguaciones previas por asesinatos dolosos; los casos de extorsión llegaron a poco más de 7 mil; los secuestros –reportados- serían un mil 546 casos. También incrementaron las denuncias por violación sexual.
Pero hay quienes, como el especialista Alejandro Hope (director de Seguridad del IMCO), sostienen que “es posible tener un efecto insecticida en vez de un efecto cucaracha”. Esto ocurriría si la intervención de la autoridad para combatir un delito se diseminara a zonas contiguas o delitos distintos. (Animal Político, 03/XI/2011).
ASISTENCIA Y ASISTENCIALISMO
EL SÁBADO rindió su primer informe de labores Martha Lilia López Aguilera al frente –los primeros meses del año- del Patronato, y a partir del 13 de agosto pasado, del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco. Sostuvo que la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, “que le regresó al DIF Tabasco, su condición de organismo descentralizado, y que le otorga mayores responsabilidades”, también “fortalece sus capacidades y amplía sus objetivos”. Toda ampliación de autoridad se a la vez ensanchamiento de responsabilidades.
Anunció la profesora López Aguilera -entre otras acciones-, el establecimiento de una Agencia para la atención a víctimas vulnerables, a la vez que dijo que el organismo que encabeza es pionero en un Sistema Integral de Atención Ciudadana, “que agiliza la gestión, administra y da seguimiento a las solicitudes, lo que permite reducir los tiempos de espera y ofrecer la gestión apropiada e inmediata a las familias tabasqueñas”.
Como una distinción del gobierno de la alternancia, la profesora López Aguilera, esposa del gobernador Arturo Núñez, destacó que se construye una nueva política de asistencia social diferenciada del asistencialismo. Esto es, evitar el círculo vicioso de la dependencia respecto a la “ayuda” externa para afianzar la dignidad y potenciar las habilidades de quienes están alguna condición de vulnerabilidad. Un tema sobre el que es necesario abundar. (
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