Escala Crítica/Columna diaria
*Focos rojos: Michoacán, como espejo de la República
*¿Ahora sí?, un centro de emergencias y atlas de riesgo
*Amparos contra reformas, protestas contra cobros
Víctor M. Sámano Labastida
SE AFIRMA que en Michoacán hay “crisis institucional”, pero podría advertirse que la crisis institucional que vive nuestro país se refleja en Michoacán. Ahí tenemos su más grave expresión. Resultaba casi obligado que el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de aquella región, Alfredo Castillo, declarara que no basta “el uso legítimo de la fuerza”. Recordemos que tras el levantamiento del EZLN en Chiapas el gobierno federal también creó la figura de un Comisionado para la Paz.
Se entendería así que Castillo Cervantes tenga como misión dialogar en especial con los representantes de las “autodefensas comunitarias” y con los líderes de los poblados y municipios michoacanos. Los otros poderes –partidos, empresarios, grupos hegemónicos- tienen mecanismos de interlocución desde hace años.
Aunque aquella Comisión para Chiapas fue una instancia del Legislativo y no del Poder Ejecutivo como lo es la Comisión para Michoacán, establecida como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
No sería aventurado advertir que México requiere una comisión nacional para la paz y el desarrollo antes de que la crisis institucional que hoy vemos manifestarse en Michoacán aparezca con otros matices y características en las diversas regiones del país. Cuando los dirigentes de tres partidos nacionales firmaron el Pacto por México se dijo que sería necesario un pacto social, mucho más amplio que el partidista.
Claro que para eso se requería revisar los objetivos del ejercicio del poder en el país: para la concentración de la riqueza o para el combate a la desigualdad, para la consolidación de un grupo en el poder o para el ejercicio pleno del poder ciudadano.
Algunos críticos adelantaron que el cargo ahora otorgado a
Castillo Cervantes podría rebasar su experiencia. Se le ubica como “emergente” cuando fue destituido el procurador del Consumidor Humberto Benítez. Fue antes procurador del Estado de México, aunque también ha tenido diversas responsabilidades en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad.
Tendrá que hacer efectivas sus palabras: en Michoacán se requiere “generar condiciones de bienestar”, “recuperar la confianza” y contar con instituciones públicas eficientes.
No lo podrá hacer la comisión de Castillo pero su responsabilidad será vigilar que esto se cumpla. Lo hemos escuchado antes, pero no se debe esperar que una población se coloque al borde de la guerra interna para escuchar la necesidad de los cambios.
MÁS VALE PREVENIR
EL GOBIERNO federal dispuso la integración del Centro Nacional de Emergencias, al tiempo que se anunció la terminación del Atlas Nacional de Riesgos hasta el 2016. Esperemos que el citado centro no sea sólo una instancia burocrática más, al tiempo que por lo menos se tiene fecha para exigir el citado Atlas para lo cual antes deberán tenerse los Atlas estatales y municipales.
El Centro Nacional de Emergencia, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, serviría para monitorear el territorio de manera permanente. El objetivo, se dijo, es contar con información en tiempo real, para mejorar la respuesta ante posibles desastres y sobre todo fortalecer la prevención.
De acuerdo a los datos oficiales, desde principios de este siglo se han presentado en el país 49 desastres por año. La frecuencia, así como los costos, van en aumento.
Fue en 1985, después del terremoto que devastó la Ciudad de México, cuando el gobierno federal inició el establecimiento de un plan nacional de protección civil. Lamentablemente, pasados ya casi treinta años e innumerables catástrofes, hay estados que aún o tienen integrado un sistema profesional de protección a la población.
REFORMA Y RECURSO
LOS LÍDERES del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no creen que la acción sea auténtica, pero un grupo de diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la reforma fiscal...aprobada por los diputados del PRI, PVEM, Panal y una mayoría del PRD (74).
El recurso contra la reforma fiscal está firmado por 172 diputados. Los reclamantes exigen que se anulen las modificaciones al aumento del IVA en la frontera, lo mismo que el incremento al impuesto sobre la renta (ISR), así como el nuevo régimen tributario para pequeños contribuyentes.
Este último es uno de los que mayor polémica ha creado porque según la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño llevaría al cierre de miles de pequeñas empresas. Enrique Guerrero, de la Canacope en la Ciudad de México, calculó que cerca de 11 millones de personas laboran en microempresas familiares.
Respecto a las reformas, Andrés Manuel López Obrador comenta a sus allegados y expone públicamente que los dirigentes del PRD “cayeron en el juego” del Pacto por México para aprobar las reformas, misma posición que mantiene Marcelo Ebrard.
El recurso de inconstitucionalidad fue preparado por el diputado panista Carlos Angulo. Su bancada votó contra la reforma fiscal, aunque sí aprobó la reforma energética.
AL MARGEN
TODO INDICA que el Congreso local será plataforma de aspiraciones políticas así como de conflictos durante este año, porque en los meses finales se estarán definiendo candidaturas para el 2015. No resulta casual que el dirigente magisterial del SITET y diputado Rogers Arias haya decidido ponerse al frente de varios reclamos contra sus ex aliados en el gobierno: se sumará a la demanda de la eliminación de la tenencia de automóviles en el estado.
En tanto, el representante del Partido Verde, Patricio Bosch demandó al ex presidente del Congreso, Rafael Balboa por supuesta malversación de recursos, asunto que también aprovechará el PRI para un ajuste de cuentas. Mientras, el responsable de enlace legislativo del gobierno estatal Oscar Ferrer tendrá que multiplicar sus cabildeos para evitar que los desacuerdos en la bancada perredista sigan frenando iniciativas de ley.
A propósito del IEV y el reemplazamiento, un grupo de ciudadanos decidieron manifestarse hoy para exigir la anulación de esos cobros; aunque el secretario de Finanzas, Víctor Lamoyi, afirmó que el impuesto vehicular será derogado no consideró aún posible hacerlo este año.
NUESTRAS condolencias para la maestra Lourdes Cobo y la familia Gallegos Cobo por el fallecimiento de Ana Paula de quien sus amigos y conocidos guardan muy gratos recuerdos.
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