Escala Crítica/Columna diaria
*Deberá la paraestatal medirse con gigantes petroleros
*Exigen organizaciones una Ley del Agua social
*Afirma Núñez estar decidido a transformar policías
Víctor M. Sámano Labastida
AYER VENCIÓ el plazo para que Petróleos Mexicanos, ahora en trance de convertirse en “empresa productiva”, entregara su listado de campos elegidos para explorar y extraer hidrocarburos. Es una acción preferencial que le da la reforma energética. Algo así como la posibilidad que se le da a un corredor de salir primero…¿será porque sus competidores son más fuertes y hábiles? El gobierno dice que no, que es algo normal en un sector donde Pemex ha sido empresa “casi única”.
Esta selección preferente de campos a explotar precede a la entrada de la iniciativa privada bajo las nuevas leyes.
Según el texto de la Reforma Energética: ““Pemex recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desea explorar y explotar (“ronda cero”), cuyo alcance deberá determinar la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Energía”.
Entregada la solicitud de los “campos preferentes”, la Secretaría de Energía tiene hasta el 17 de septiembre como máximo para emitir su resolución.
NEGOCIO O SERVICIO
LA DECISIÓN que tome Pemex será no sólo trascendente para México sino en especial para Tabasco. Un estado, como ya lo hemos comentado, que tiene la mayor producción de yacimientos en tierra en todo el país. De lo que resuelva la Sener dependerá si la mayor presencia en Tabasco será de la inversión pública o de las compañías privadas. Sobre todo extranjeras.
A decir de Pedro Joaquín Coldwel, la paraestatal “no se achicará ni se cancelará en los hechos”. Que tendrá oportunidad de “competir” por los otros campos que sean de interés de las empresas privadas.
Aún se discute si Pemex debe ser primero “empresa productiva” –esto es quitarse todos sus pasivos-, antes de la asignación de los primeros campos. Para los diputados de la oposición aún no existe un marco regulatorio adecuado. La paraestatal, dicen, no puede salir a competir en las actuales condiciones. Sobre todo si aceptamos el dicho oficial de que está en seria desventaja (de lo contrario no se justificaría la apertura). Aún faltan las “leyes secundarias”.
Aunque se prevé que Pemex mantendrá sus derechos sobre las áreas que se encuentren en producción, así como en aquellas en las que haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración.
Las empresas extranjeras “vienen por todo”, advierte Martí Batres, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), principal opositor a la reforma. Se aplicará la lógica del máximo beneficio y a corto plazo, me dice un empresario: “mil veces mejor sacar lo máximo en menor tiempo, lo que cuesta menos extraer vale más”.
Los defensores de la inversión privada en la extracción petrolera, sobre todo la extranjera, aseguran que no se privilegiarán los criterios comerciales. ¿Será?
LECCIONES DEL AGUA
PARA cualquier grupo humano, familia, comunidad, nación, el uso principal de los recursos naturales debería ser su aplicación para asegurar la vida de las personas. Esto antes que cualquier otro objetivo.
No siempre ocurre así.
Por lo menos es lo que considera el frente de organizaciones Agua para Todos que busca recabar un número suficiente de firmas para que sea tomada en cuenta una propuesta de ley alterna a la oficial, que considere en primer lugar el consumo humano para la salud y la vida. Agua para Todos está integrada por 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil en 27 estados, según le conté en otra colaboración.
El pasado 14 de marzo, como parte de una serie de acciones coordinadas en la Ciudad de Méxio y en Tabasco, integrantes del citado frente acudieron ante el diputado Gerardo Gaudiano (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos para expresar su preocupación “por el giro privatizador” en la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas.
Según explicó el ingeniero Luis Rey Carrasco, del grupo promotor tabasqueño, la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), suprime una serie de avances en la gestión del vital líquido y abre la puerta a la pérdida de la soberanía nacional sobre este recurso.
En este sentido indicó Rey Carrasco activistas y organizaciones tabasqueñas exigen ser escuchadas para que la nueva ley tenga un sentido nacionalista y patriótico, que salvaguarde y haga efectivo el derecho humano al agua y saneamiento.
La preocupación del frente Agua para Todos era que este 22 de marzo se presentará, sin consulta ciudadana, una ley “privatizadora”.
Los promotores de una “ley ciudadana” buscan reunir 130 mil firmas. Cálculos oficiales indican que en México 22 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
En países como Uruguay y Bolivia, la lucha por el agua para todos llegó a convertirse en el tema de mayor importancia. En el primer país la movilización obligó a un referéndum nacional (en 2004 más del 60 por ciento votó por garantizar en la Constitución la propiedad social del agua); en el segundo se desató la llamada “guerra del agua” en el año 2000 que finalmente desembocó en el triunfo de Evo Morales –fundador del Movimiento al Socialismo- en los comicios del 2006.
LA POLICÍA, ¿AHORA SÍ?
EL GOBERNADOR Arturo Núñez definió su posición respecto al paro de los policías y agentes de tránsito que prácticamente cumplen la semana: “Estamos valorando las conductas ilegales que hay detrás de su comportamiento para efectos de, en su caso, proceder en términos de ley”. Lo que hay en juego, indicó, no es el futuro de un funcionario –en referencia al general Audomaro Martínez de quien los inconformes piden su destitución-, sino una política institucional, una acción de autoridad y una serie de problemas acumulados durante varios sexenios.
En este espacio nos hemos referido desde hace varios años datos de la condición policiaca, algunos de los rezagos poco a poco atendidos. Algunos aún ignorados.
Unos ocho mil uniformados que, divididos en turnos de labor, arrojan en realidad un número de 2 mil 500 policías en servicio. Para dos millones de habitantes. El 2012 se ubicaba en el lugar 11 con mayor percepción de inseguridad pública. En 2009 se calculaba que el salario promedio de un “policía raso” en la entidad era de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos mensuales. Ha mejorado, no lo suficiente. Y así.
Pero también hay corrupción, hay mafias. Podría decirse que Núñez ha tomado la decisión más difícil: una reforma a fondo de la seguridad pública. La sociedad debe exigirla también y acompañarla, será benéfica también para la propia policía. (
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